Donald Trump invocó una ley de emergencia ante la “invasión depredadora” del Tren de Aragua y el Cartel de los Soles a EE. UU.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, invocó la Ley de Enemigos Extranjeros (50 USC 21 y siguientes), para proteger al pueblo estadounidense de la amenaza que representa el Tren de Aragua (TdA), designado por el secretario de Estado como una organización terrorista extranjera.

Trump también los acusó de “librar guerras irregulares y acciones hostiles” en conjunto con el Cártel de los Soles, una red narcoterrorista vinculada al régimen de Nicolás Maduro. Según la proclamación, TdA está implicado en crímenes como asesinatos, secuestros, extorsión y tráfico de drogas, armas y personas, además de utilizar la migración masiva ilegal como herramienta para socavar la seguridad del país.

El documento resalta la relación del grupo con el régimen venezolano y su influencia en el aparato militar y policial del país. También menciona el papel de Tareck El Aissami, quien, como gobernador de Aragua y luego como vicepresidente de Venezuela, facilitó el crecimiento de TdA. Actualmente, El Aissami es un fugitivo de la justicia estadounidense por narcotráfico.

Adicionalmente, el presidente de Estados Unidos advirtió en el comunicado que la falta de control en Venezuela ha permitido el auge de organizaciones criminales transnacionales, convirtiendo al país en un estado criminal híbrido.

Dentro del informe suministrado de Interpol Washington (diciembre de 2024), el mandatario confirmó que el Tren de Aragua representa una amenaza significativa para Estados Unidos, al infiltrarse en los flujos migratorios y usar el narcotráfico como arma contra los ciudadanos estadounidenses.

Esta ley le concede al presidente de Estados Unidos la autoridad de arrestar, encarcelar o deportar a ciudadanos de naciones consideradas hostiles en tiempos de conflicto, siempre que se determinara que representaban un riesgo para la seguridad del país.

En este contexto, la proclamación establece la captura, detención y expulsión inmediata de los miembros de TdA que se encuentren en territorio estadounidense y no cuenten con la ciudadanía ni con residencia permanente legal. Además, ordena a la Fiscal General a formalizar esta política en un plazo máximo de 60 días y coordinar su implementación con agencias estatales y locales.

Del mismo modo, de acuerdo con el documento publicado, esta ley también le otorga a las autoridades la capacidad de confiscar bienes vinculados con las operaciones hostiles de TdA y de detener a cualquier integrante del grupo que intente ingresar o ya se encuentre dentro de EE. UU.

La orden presidencial abarca todo el territorio bajo jurisdicción estadounidense y dispone que las medidas sean aplicadas de inmediato por los organismos responsables, asegurando así la ejecución efectiva de las disposiciones establecidas.