Compras públicas sostenibles: el Estado como motor de transformación

En los últimos años, Colombia ha hecho un esfuerzo por incorporar el concepto de sostenibilidad en sus políticas y lineamientos de compras públicas. Desde el CONPES 4011 de 2020 y en el marco de la Agenda 2030, el país ha reconocido que el gasto estatal —que equivale aproximadamente al 15 % del PIB— no solo debe responder a criterios de eficiencia económica, sino también a objetivos ambientales y sociales.

Sin embargo, el debate sobre sostenibilidad suele centrarse en la regulación ambiental o en la responsabilidad casi que exclusiva del sector privado, desconociendo que existe un actor con un poder transformador aún mayor: el Estado, que como el más grande comprador, cada año adquiere bienes y servicios por cifras que superan los 70 billones de pesos. De esto se deduce que las compras públicas sostenibles son una de las herramientas más potentes para acelerar la transición hacia una economía baja en carbono, circular e inclusiva.

En este contexto, apostar por la sostenibilidad en la contratación estatal no es solo una cuestión ética, sino una política pública transformadora. Sin embargo, entre las normas y la práctica aún existe un gran abismo. Todavía es común que en los procesos competitivos como las licitaciones públicas, selecciones abreviadas y mínimas cuantías se privilegien y ponderen exclusivamente criterios como el menor precio, dejando de lado la calidad ambiental, el ciclo de vida de los productos o el impacto social de los bienes y servicios adquiridos. Lo que deviene en que la lógica del “ahorro inmediato” termine saliendo más costosa a mediano y largo plazo: al adquirir productos que solo contaminan, tecnologías obsoletas y proyectos que, lejos de reducir la huella ambiental, la incrementan.

Por eso hoy el reto es cultural y estructural. Cultural, porque en muchas entidades persiste la idea de que lo sostenible es costoso, no se ve como una gran apuesta y una inversión para futuras generaciones. Estructural, porque la normatividad todavía no obliga de manera contundente e imperiosa a incluir criterios sostenibles, sino que los presenta como políticas y lineamientos opcionales o deseables. La consecuencia es una implementación fragmentada: algunas entidades líderes —como Colombia Compra Eficiente, ciertos ministerios y alcaldías— han dado pasos firmes, mientras que la mayoría aún permanece en la inercia, pues en la práctica, el precio más bajo sigue siendo el criterio dominante, lo que limita el alcance real de la sostenibilidad en la contratación pública.

Alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la Estrategia Nacional de Economía Circular, entidades como Colombia Compra Eficiente han desarrollado pliegos tipo con criterios ambientales y sociales, y varios municipios ya han incorporado exigencias como el uso de empaques biodegradables, eficiencia energética en equipos de oficina o criterios de equidad de género en la provisión de servicios. Pero el desafío sigue siendo la implementación a gran escala para lo que se requieren como mínimo tres acciones concretas:

1. Capacitación técnica. Los equipos de contratación en entidades públicas necesitan formación para diseñar pliegos con criterios de sostenibilidad claros, verificables y proporcionados. No basta con mencionar “enfoque sostenible”; es indispensable saber cómo medirlo y calificarlo.
2. Estandarización sectorial. Sectores como infraestructura, salud, educación y transporte deberían contar con manuales de criterios mínimos de sostenibilidad aplicables a sus compras. Ello garantizaría coherencia entre entidades y facilitaría la participación y competencia por parte de los proveedores, para no incurrir en una implementación desigual, pues no todas las entidades públicas tienen la misma capacidad técnica, presupuestal o cultural para internalizar y aplicar este tipo de criterios.
3. Incentivos al mercado local. Las compras públicas sostenibles pueden convertirse en una plataforma para dinamizar emprendimientos verdes y PYMES innovadoras. Incluir criterios de compra de productos locales, reciclados o con certificaciones ambientales es una forma de conectar la contratación estatal con la política de reindustrialización sostenible.

Es así como el Estado al ser el comprador más grande del país y, por tanto, un actor con la capacidad de transformar mercados, incentivar prácticas responsables y liderar la transición hacia un modelo de desarrollo más sostenible e inclusivo, tiene la responsabilidad de convertir cada contrato estatal en una herramienta para transformar la economía hacia modelos más verdes e inclusivos. Esto implica dejar de percibir las compras públicas sostenibles como un “extra”, sino como un instrumento estratégico de política pública, orientando sus adquisiciones hacia soluciones responsables, con lo que se lograrían enviar señales claras al mercado como: premiar la innovación, reducir impactos negativos y contribuir al cumplimiento de compromisos internacionales como el Acuerdo de París.

Por eso, el reto ahora es profundizar esa implementación de las compras públicas sostenibles, hacerla obligatoria, medible y cuantificable. Solo así podremos maximizar su impacto social y ambiental, y demostrar que la contratación pública puede ser un motor real de transformación positiva.

Por Gabriela Lizarazo, Gerente de Abastecimiento Estratégico en Positiva Compañía de Seguros S.A.