Cada asesinato político erosiona la fe en que el debate democrático sobrevive sin derramar sangre

El asesinato del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, en plena campaña preelectoral, no es solo una tragedia personal y familiar, sino una herida abierta en el corazón de la democracia. Es, además, la confirmación dolorosa de que la violencia política no es un capítulo superado, sino un ciclo que Colombia no ha logrado cerrar.

A lo largo de nuestra historia hemos vivido múltiples episodios que confirman esta tragedia. La década de los 80 fue particularmente devastadora: fueron asesinados Rodrigo Lara Bonilla (1984), ministro de Justicia; Guillermo Cano (1986), director de El Espectador; Jaime Pardo Leal (1987), candidato presidencial de la Unión Patriótica; Luis Carlos Galán (1989), líder del Nuevo Liberalismo; Bernardo Jaramillo Ossa (1990) y Carlos Pizarro Leongómez (1990), ambos candidatos presidenciales.

Cada uno de estos nombres representa no solo una vida truncada, sino un punto de inflexión en la historia política nacional. Y si bien estos magnicidios han estremecido a toda una nación, la violencia también se ha ensañado contra líderes sociales, defensores de derechos humanos, candidatos y mandatarios regionales. Estas muertes, que no siempre ocupan los titulares nacionales y mucho menos los internacionales, expresan la misma herida: un país que sigue eliminando a quienes piensan distinto, a quienes defienden causas incómodas o se atreven a disputar el poder desde lo local. Es una violencia menos mediática, pero igualmente profunda, que corroe los cimientos mismos de nuestra democracia.

La pregunta persiste: ¿Por qué la violencia política no cesa en Colombia? No basta con señalar causas como la desigualdad, porque si ese fuera el único factor, muchos otros países con brechas profundas sufrirían violencias políticas similares. El problema, a mi juicio, está en las características de nuestro sistema político.

Como explicó Alexander Wilde, a diferencia de la mayoría de países de América Latina, con contadas excepciones, la política colombiana se construyó sobre pactos de élites –como el Frente Nacional– que evitaron el arbitraje militar, pero consolidaron un sistema excluyente, dominado por dos partidos que se repartían el poder. Esto configuró un sistema político fuertemente marcado por los partidos, por su persistente polarización y por una lógica binaria que ha sobrevivido, incluso, a la multiplicación de colectividades tras la Constitución del 91.

Como señala Francisco Gutiérrez Sanín, esta lógica mutó a un multipartidismo fragmentado, incapaz de arbitrar conflictos y vulnerable a la captura por intereses particulares o ilegales. Hoy, aunque contamos con más partidos en el papel, el debate político sigue enmarcado en etiquetas rígidas de ‘izquierda’ o ‘derecha’, impregnado de una polarización extrema, en la que el adversario es visto como una amenaza existencial y no como un competidor legítimo.

Este modelo político ha alimentado dos dinámicas peligrosas: por un lado, periodos de violencia extrema cuando la polarización se desborda; por el otro, pactos entre élites para contener las crisis sin transformar las causas de fondo, lo que mantiene latente el riesgo de que la violencia regrese. El escenario actual, atravesado por la interrelación de la política con el crimen organizado, las economías ilegales, la corrupción extrema y la desinformación masiva, multiplica el riesgo.

Cada asesinato político no solo apaga una voz, también erosiona la fe ciudadana en que el debate democrático sobrevive sin derramar sangre. Y sin esa fe, la democracia se vuelve un ritual vacío.

Aquí es donde la memoria histórica es fundamental. No se trata de quedarnos atrapados en el pasado ni de usar la historia como un arma política. Es, más bien, recordar para comprender y transmitir. Hoy decimos ‘¡No más!’ con rabia y dolor, pero mañana la vorágine de la vida nos arrastra hacia otros temas: un reality, un partido de fútbol, la celebración de turno. No está mal seguir viviendo; lo grave es olvidar.

La tarea es no dejar de contarles a nuestros hijos, sobrinos y nietos lo que nos pasó. Explicarles por qué en este país se matan candidatos, líderes sociales y periodistas; por qué se secuestra, se tortura, se realizan masacres, por qué el miedo se instaló como un actor político; y por qué debemos aceptar que existan pensamientos distintos, que el debate con argumentos y respeto es el camino, que la vida se vive con esfuerzo, que los principios y valores son lo más importante y que por encima de cualquier cosa, debe primar la vida. Sólo eso nos podrá llevar a construir una sociedad basada en el ‘no olvido’ para ‘no seguir repitiendo’.

La democracia no se sostiene solo con votos, se construye sobre el respeto absoluto a la vida, incluyendo a quienes piensan lo contrario.

Colombia necesita recordar para no repetir. Porque olvidar es dejar la puerta abierta a que la violencia vuelva a escribir nuestro futuro.

Rocío Pachón es experta en construcción de paz, seguridad y relaciones internacionales