Un avance hacia la protección de la niñez en Colombia: prohibición del matrimonio infantil

La reciente aprobación en Colombia de la ley que prohíbe el matrimonio para menores de catorce años marca un hito en la protección de los derechos de la niñez. Este avance responde a la necesidad de erradicar prácticas culturales que perpetúan la vulnerabilidad y limitan las oportunidades de desarrollo de niñas y adolescentes, especialmente en zonas rurales donde estas uniones suelen ser impuestas.

El Congreso entendió la necesidad de que nuestra sociedad evolucione y se libere de prácticas que, aunque históricas, hoy representan barreras para el desarrollo humano y social. Escuchar y responder a las necesidades de la ciudadanía convierte al legislativo en un motor de cambio que impulsa a la sociedad hacia una mayor justicia y equidad. Este tipo de transformaciones fortalecen la democracia, al demostrar un compromiso real del Estado con la protección de los más vulnerables.

El matrimonio infantil ha sostenido históricamente estructuras de desigualdad, condenando a muchas niñas a abandonar sus estudios, enfrentar dependencia económica y, en muchos casos, vivir situaciones de abuso. A nivel global, los países que han eliminado el matrimonio infantil muestran avances en educación, reducción de pobreza y mayor participación femenina en la fuerza laboral.

Además de su impacto social, esta prohibición tiene implicaciones económicas significativas para el país. Cuando una persona ve truncado su proyecto de vida desde temprana edad, no solo pierde oportunidades de desarrollo personal y profesional, sino que también disminuye su capacidad de aportar activamente a la economía y a la construcción colectiva de la sociedad. Las niñas y adolescentes que abandonan sus estudios para casarse y asumir responsabilidades adultas suelen enfrentar limitaciones en el mercado laboral, lo que implica una reducción en sus ingresos a lo largo de su vida.

Esto no solo afecta su bienestar y el de sus familias, sino que representa una pérdida de potencial productivo para el país. Sociedades que permiten estos patrones culturales que limitan el crecimiento individual están, a largo plazo, desaprovechando un recurso humano esencial para el crecimiento económico, incrementando la dependencia y reduciendo el retorno en educación e inversión social. La prohibición del matrimonio infantil en Colombia, entonces, no solo defiende los derechos de la niñez, sino que apuesta por una economía más sólida, donde cada persona tenga la oportunidad de contribuir plenamente al desarrollo del país, lo que fomenta una sociedad más justa y próspera.

Este logro legislativo, acompañado de educación y sensibilización, es un paso histórico para avanzar como sociedad y modificar nuestros erráticos patrones culturales. La prohibición del matrimonio infantil es más que una norma; es una apuesta por un futuro donde cada niño pueda construir su camino con autonomía y dignidad.

*Por: María Jimena Escandón, socia de Escandón Abogados y socia fundadora de Orza Relacionamiento Estratégico