Tutelas por crisis en el sistema de salud romperían récord en 2025: suben 25% en el primer trimestre

La crisis de la salud es innegable, y lo peor es que no da señales de mejoría. La Contraloría General de la Nación aseguró que las EPS intervenidas por el Gobierno están peor que antes; sigue el cierre de servicios en clínicas y hospitales —el más reciente es el servicio de urgencias de la Fundación Hospital San Carlos (FHSC) en Bogotá—, al tiempo que la falta de recursos ha generado mayores retrasos en pagos a las IPS y al personal de salud.

Adicionalmente, viene subiendo el gasto de bolsillo de los pacientes y cada vez más voces hablan del riesgo de un “apagón” en la atención médica en todo el país.

Esta situación ha llevado a que cada vez más colombianos deban recurrir a las tutelas para obtener servicio médico. Cifras de la Defensoría del Pueblo indican que, en 2016, se instauraron 164.336 acciones judiciales de este tipo para proteger el derecho fundamental a la salud. Ese número siguió subiendo hasta 2019, cuando alcanzó las 207.365 tutelas, pero con la pandemia el uso de ese mecanismo legal tuvo una fuerte caída y registró apenas 81.892 en 2020.

Desde entonces las tutelas por temas de salud no han parado de subir. El mayor incremento lo tuvieron en 2022 (68,9 %) y al cierre del año pasado ya iban en 265.173.

Cálculos de la firma Sectorial indican que, de seguir esa tendencia alcista, es probable que este año las tutelas por temas de salud superen las 330 mil, marcando un récord. Entre enero y marzo de 2025 fueron 73.393, 25,3 % más que un año atrás.

Alejandro Escobar, gerente de Sectorial, señala que el diagnóstico del sector es claro y que es urgente buscar soluciones. “Los sistemas de salud que buscan la universalidad de la cobertura no son sostenibles financieramente, eso lo han sabido todos los gobiernos, la diferencia es que los anteriores han tenido voluntad de trabajar la situación y el actual no le ha prestado atención”, asegura.

Además de todos los problemas que han derivado en tutelas para garantizar la atención, el sector viene acumulando un billonario déficit producto de la diferencia entre los recursos asignados y los costos reales de atención, sumado a las deudas acumuladas entre EPS e IPS. Estimaciones de la Vicepresidencia de Salud de la Andi indican que de 2021 a 2024 el déficit acumulado llega a 20 billones de pesos.

Las consecuencias las sienten todos los actores del sistema: los prestadores están sobreviviendo con el día a día, las EPS no están garantizando los tratamientos integrales, los pacientes sufren y el gasto de las familias en salud es lo que más está creciendo. Aquí entra una frase clave de Diana Cárdenas, exdirectora de la Adres: “Todos tenemos derecho a la salud sin empobrecernos”.

Lo que viene

Escobar —cuya firma hace análisis, monitoreo, evaluación e investigación de sectores económicos— considera que lo que viene ahora, tras el diagnóstico, es la búsqueda de soluciones. Comparte las de la Vicepresidencia de Salud de la Andi, según las cuales, se puede usar el próximo Plan Nacional de Desarrollo de 2026-2030 para fijar las bases de la recuperación.

“Que en los primeros cien días se puedan implementar mecanismos de pago por disponibilidad para detener el cierre de servicios, redireccionar fondos que no se están yendo a salud, estabilizar las EPS intervenidas y estructurar un fondo para la operación corriente”, propone Escobar.

Así mismo, considera que una vez se logre estabilizar el sistema, será necesario reformular su funcionamiento mediante acciones como regionalización, reprivatización, ajustar el componente de inspección-vigilancia-control, indicadores de habilitación basados en riesgos, disminuir el pago por evento, incentivar nuevas formas de contratación a lo largo de la cadena de valor y pagos por resultados. Agrega que en el Plan de Desarrollo se puede establecer la salud como motor para el crecimiento económico sostenible.