Finanzas públicas
Regla fiscal: los graves riesgos de implementar una cláusula de escape y las consecuencias que ya se sienten
Los anuncios sobre la posible suspensión de esa norma han incrementado el riesgo país. Bonos de deuda, los más afectados.

Desde el jueves 5 de junio los mercados financieros están en vilo y pendientes de la explicación que dará el Gobierno Nacional sobre sus planes para suspender la regla fiscal, una norma que desde 2011 ha buscado poner límites al endeudamiento y al gasto, con el objetivo de tener unas finanzas públicas sostenibles.
El argumento del Gobierno es que la caída en los ingresos tributarios, así como los mayores compromisos de gasto y una menor dinámica económica, hacen imposible poder cumplir las exigencias de la regla fiscal, la cual establece un déficit fiscal de 5,1 % del PIB para este año y los pronósticos indican que podría alcanzar el 7 %. Por ende, es necesario suspender la regla por un tiempo.
Esto inmediatamente disparó el riesgo país, lo que implica que hay una mayor incertidumbre con respecto a la capacidad de pago de Colombia. Ese riesgo se mide a través del CDS a cinco años, una especie de seguro que pagan los inversionistas en caso de que un país incumpla con sus obligaciones financieras.
Según un informe del Banco de Bogotá, el CDS de Colombia ha tomado una nueva tendencia alcista en contravía del comportamiento exhibido en la región. “En la última semana, el CDS del país mostró un ascenso de 6 puntos básicos (p.b.) hasta 234 p.b., mientras que, en Brasil, México, Chile, Perú, Panamá se evidenció un retroceso de -2 p.b. en promedio. Lo mismo ocurrió en las últimas dos semanas: Colombia ascendió 8 p.b. y la región cayó 5 p.b.”, sostienen los expertos del banco.
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El plan del Ministerio de Hacienda para incumplir la regla fiscal se basa en el uso de una cláusula de escape, la cual está contenida en la misma ley que le dio vida a la regla. Dicha cláusula es una disposición excepcional que permite suspender temporalmente estas restricciones en circunstancias extraordinarias que afecten significativamente la economía nacional, como una emergencia social, sanitaria o una desaceleración severa.
Justamente, los expertos consideran que no hay circunstancias extraordinarias para invocar la cláusula, como sí ocurrieron durante la pandemia de covid, cuando esa medida fue activada para permitir un mayor gasto público.
De hecho, se teme que una suspensión de la regla fiscal probablemente resulte en una rebaja de la calificación crediticia del país por parte de Moody’s Ratings o que lleve al Banco de la República a ser más cauteloso en su ciclo de baja de las tasas de interés.
Señales para los mercados
Víctor Ramírez, socio de Auditoría de BDO, considera que la activación de la cláusula de escape puede representar una herramienta legítima y necesaria para brindar flexibilidad fiscal en momentos de presión económica. Bien utilizada, incluso podría permitir evitar recortes abruptos que profundicen una desaceleración y contribuir a proteger la inversión pública y el gasto social.

“Sin embargo, esta decisión también envía señales que los mercados y analistas observan con atención. Su aplicación, incluso si está jurídicamente respaldada, puede ser interpretada como un debilitamiento del compromiso con la disciplina fiscal, afectando la confianza de los inversionistas y elevando el riesgo país”, considera el experto y agrega que el verdadero impacto de la medida dependerá no solo de su implementación técnica, sino también de la claridad con la que se comunique, la solidez del plan de retorno a la regla fiscal y el compromiso real del Estado con la sostenibilidad de las finanzas públicas a mediano y largo plazo.
Para activar la cláusula se requiere aprobación del Consejo Superior de Política Fiscal (Confis), el cual estaba citado para el lunes 9 de junio y luego habría una rueda de prensa, pero esta fue aplazada para el martes 10 de junio. Adicionalmente, se requiere un concepto técnico del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf).