Vigilancia
Por considerarlos graves, SuperIndustria lleva a la Fiscalía caso de abogados excontratistas
Le dicen a los usuarios que tienen injerencia en los procesos en curso.
Un caso que toca la ética de los abogados ocupa ahora a la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), que llevó a la Fiscalía general el hecho, por considerarlo grave.
La entidad de vigilancia dice que le fueron puestos en conocimiento algunos casos de profesionales del derecho, excontratistas de la entidad de vigilancia, que estarían ofreciendo a los ciudadanos y a las empresas sus servicios jurídicos de manera irregular, ya que se amparan en el paso que tuvieron por la Superintendencia.
De acuerdo con lo investigado por la SuperIndustria, le ofrecen a los posibles clientes no solo su experiencia sino que les dicen que tienen injerencia en los procesos que están en curso.
Ante la situación, la SIC salió a alertar y, además, confirmó que llevó el caso a la Fiscalía, pues considera que ese tipo de comportamientos de exfuncionarios “constituyen una grave afectación al principio de integridad”.
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Al decir de la Superintendencia, el accionar de los abogados podría llegar a ser una infracción al régimen de incompatibilidades que está previsto en Ley 1123 de 2007 (Ley de abogados), que “prohíbe a los abogados intervenir como apoderados de manera directa o por interpuesta persona, por un término mínimo de un año o durante todo el tiempo que dure un proceso en el que hayan intervenido”, dice el pronunciamiento de la SIC.
Además de llevar el caso a la Fiscalía, la SuperIndustria también acudió a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial de Abogados, para exponer allí las conductas identificadas en los profesionales del derecho que trabajaron en la entidad de vigilancia.
La petición de la SIC es que adelanten las investigaciones correspondientes y se determinen las responsabilidades a que haya lugar, dice la entidad.
Además, argumentan que “no tolerarán ninguna actuación que pretenda instrumentalizar la gestión institucional para beneficios particulares, en detrimento de la confianza pública y del Estado Social de Derecho”.
El llamado
El llamado que hace la SIC a los profesionales del derecho es que “ejerzan su función con probidad, respeto por la ética y compromiso con la legalidad”, dice el pronunciamiento.
Para la SuperIndustria, el ejercicio de la abogacía no puede convertirse en un vehículo para la distorsión de los procedimientos públicos, ni para la captura indebida de recursos o expectativas ciudadanas.
Entre tanto, a los colombianos, la Superintendencia recuerda que “el acceso a los procedimientos administrativos sancionatorios, así como a las demás actuaciones administrativas adelantadas por esta entidad, es gratuito”.
