Las duras advertencias de la Contraloría al proyecto de reforma pensional del Gobierno Petro

La Contraloría General de la República encendió las alarmas sobre el proyecto de Ley de Reforma Pensional que tramita el Gobierno del presidente Gustavo Petro, tras un informe en el que analiza la realidad del sistema actual y los efectos que la iniciativa podría generar si se aprueba en el Congreso de la República, donde avanza en su segundo debate en la Plenaria del Senado.

El documento titulado Reforma Pensional en Colombia: antecedentes y elementos para su discusión, el cual consta de 272 páginas, es claro en afirmar que el país sí requiere que se haga una reforma al sistema, teniendo en cuenta los bajos niveles de cobertura, las inequidades que no se han superado y la insostenibilidad financiera.

Sin embargo, advierte que “la reforma propuesta no responde completamente a las problemáticas del sistema”, y deja ver que se necesita una articulación con las demás reformas sociales, para identificar y comprender la sostenibilidad financiera de las mismas, sus impactos fiscales y sus efectos de manera integral en la economía del país.

“En el país existen evidentes debilidades en la capacidad de generación de empleo formal y en la disminución de la informalidad al ritmo que requiere la economía colombiana, problemáticas sobre las cuales la reforma laboral radicada por el Gobierno no contempla con claridad propuestas para corregir estos temas. Esto sin duda, limitará el aumento de la cobertura en protección social, por lo que surge la urgencia de integrar la discusión de las reformas sociales”, señala el informe.

Una de las preocupaciones que pone sobre la mesa la entidad de control es la restricción que establece el ingreso de cotización solo sobre los salarios y rentas de capital, lo cual, según lo evidencian los estudios, es una de las causas por las que el país tiene bajas tasas de afiliados activos y de densidad en los aportes.

“El proyecto de ley no contempla siquiera la posibilidad de que el Gobierno defina otras fuentes alternas de cotización”, manifiesta el informe, el tiempo que resalta que a nivel de cobertura una de las grandes limitaciones es la no inclusión de los regímenes especiales y exceptuados, que cuentan con una importante asignación presupuestal.

Según el estudio, esta asignación comprende el equivalente al 39,3 % del total de los recursos del Presupuesto General de la Nación destinados a pensiones, lo que quiere decir que 40 pesos, de cada 100 pesos que se destinan, van a cubrir estos regímenes, abarcando el 17 % de los pensionados.

“La principal apuesta para ampliar la cobertura en la reforma es la creación de un pilar solidario, el cual está disociado de la realidad del mercado laboral y es un subsidio de carácter asistencialista que estaría administrado por el Ministerio del Trabajo, dejando de lado que el Gobierno cuenta con entidades experimentadas y consolidadas para el manejo de dicho subsidio”, resalta el informe.

Equidad y sostenibilidad del sistema

El documento también señala, en cuanto al tema de equidad, que la propuesta, tal como está diseñada, con un umbral de tres salarios mínimos legales mensuales vigentes “disminuiría los subsidios estatales a los altos salarios”. Sin embargo, al llevar a todos los afiliados del RAIS que ganen hasta tres salarios al Régimen de Prima Media, se siguen erogando recursos importantes por parte del Estado.

“La reforma pensional, al igual que la laboral, no cuenta con políticas específicas para mejorar la afiliación y cotización de la ciudadanía en las regiones, pues tal como se expuso en el acápite de equidad, en 23 de los 32 departamentos de Colombia los porcentajes de pensionados de su población son inferiores al 10 %”, revela el informe.

Frente a los temas de género, hace mención directa sobre la propuesta de reducir 50 semanas por cada hijo hasta llegar a las 1.150 semanas, lo cual podría profundizar en el imaginario donde la mayor carga de cuidado debe recaer sobre ella, pero debería incluir a aquellos hombres que, aunque son minoría, también ejercen tareas de cuidado.

En el tema de la sostenibilidad financiera, el informe llamó la atención por el costo proyectado de la reforma, el cual muestra “un acelerado crecimiento”, al pasar de un Valor Presente Neto (VPN) en 2070 del 73,57 % del PIB a 126 % en 2100.

“A lo largo de las primeras cuatro décadas de la reforma el efecto fiscal de los pilares semicontributivo y contributivo es nulo frente al escenario sin reforma, fecha a partir de la cual comenzarían a observarse los efectos de la misma”, señala el informe.

Frente a la dinámica por los afiliados y los pensionados en los escenarios de ingresos y gastos de las proyecciones realizadas, y analizando su evolución en el periodo 2025-2052, la Contraloría advierte que el total de afiliados comienza a decrecer desde 2036 y los afiliados activos desde 2037, lo cual contrasta con el enorme esfuerzo fiscal que se realiza.

“Del concepto técnico del Ministerio de Hacienda y Crédito Público donde se avala fiscalmente la reforma pensional, se considera importante valorar los distintos escenarios para tener un mejor acercamiento a los posibles resultados que se pudieran encontrar en mejores y peores circunstancias”, manifiesta el estudio, al tiempo que hace un llamado particular.

Solicita una revisión al diseño organizacional y capacidad operativa, administrativa y tecnológica de Colpensiones en temas como las solicitudes relacionadas con historias laborales y el reconocimiento de pensiones, lo que se ha evidenciado en los ejercicios de auditoría realizados previamente por la CGR, teniendo en cuenta que la entidad puede asumir nuevas funciones.

“Por otra parte, se debe examinar la posibilidad de unificar la entidad a cargo del pilar solidario y de otros subsidios otorgados por el Estado en aras de lograr eficiencia administrativa y uso de capacidades desarrolladas, entre otras”, indica el informe del ente de control.

Otro aspecto a prestarle atención tiene que ver con “los costos fiscales y tiempos necesarios para la extinción de los derechos pensionales que se otorgan bajo los regímenes de transición, para que en la propuesta de reforma pensional se balanceen adecuadamente las condiciones a estipular en la norma, sin vulnerar derechos y sin ampliar exageradamente los rangos de protección”.

El informe indica que establecer un umbral más alto o más bajo determinará la cantidad de recursos invertidos sobre los cuales el afiliado asumirá su propio riesgo en la acumulación de ahorros. Esto se reflejará en su capacidad para financiar las pensiones con recursos propios y en la determinación de la cantidad que recibirá como pensión mensual.

“En este sentido, para la Contraloría General de la República, definir el umbral implica en qué condiciones el Estado asume la financiación del sistema de las pensiones, condición en la cual es necesario tener en cuenta el efecto de estas medidas sobre los afiliados”, señala.

Otras inquietudes giran alrededor de temas como la financiación del seguro y la continuidad de las rentas vitalicias como mecanismo de desacumulación. “Estos aspectos deben detallarse en la propuesta ya que podrían significar hacia el futuro una transferencia de recursos públicos y, por ende, un mayor costo fiscal, además tiene incidencia sobre la proporción de recursos destinados al pago de las pensiones”, se lee.

En conclusión, la Contraloría resalta que “la propuesta de reforma pensional no mejora la cobertura del componente contributivo del sistema general de pensiones, según las proyecciones del Ministerio de Hacienda, aunque la amplía principalmente a través del pilar solidario, pero este último se desmarca del esquema pensional propiamente dicho”.

Así mismo, advierte que “puede originar nuevas inequidades e incentivos perversos como, por ejemplo, en el valor de los subsidios del pilar solidario y el de la renta vitalicia del pilar semicontributivo”.

Finalmente, llamó la atención por la controversia que existe en cuanto a la medición de los efectos fiscales y la sostenibilidad a largo plazo de la reforma, en especial, en el pilar contributivo. “Es relevante que el Gobierno brinde claridad sobre si se cumple a cabalidad con los lineamientos establecidos en el Marco Fiscal en aras de una mayor transparencia que facilite consensos en la actual discusión de la reforma”.