La dura coincidencia laboral: la aprobación de la reforma y la reducción de la jornada. ¿Quiénes son los más afectados?

En menos de un par de semanas, dos hechos sacudieron el mercado laboral en el país. Por una parte, fue sancionada la polémica reforma laboral, después de las tensiones generadas por la posibilidad de convocar una consulta popular que le diera vía libre a esta iniciativa del Gobierno.

Y, por otra, este 15 de julio entra a regir una nueva reducción de la jornada laboral. Cabe recordar que esta iniciativa se adelanta en el país tras la aprobación de la Ley 2101 de 2021, que establece la reducción progresiva y gradual de la jornada laboral semanal de 48 a 42 horas, desde 2023 hasta 2026, sin disminuir el salario ni afectar los derechos adquiridos por los trabajadores. Esta ley, dentro de sus principios básicos, busca mejorar el equilibrio entre la vida laboral y personal, aumentar el bienestar de los empleados y promover entornos de trabajo más saludables y productivos.

Precisamente, el 15 de julio de 2025 es una de las fechas relevantes de ese proceso gradual de reducción de la jornada laboral, que en este caso se reduce de 46 a 44 horas semanales.

En el caso de la reforma laboral, las principales críticas provienen de las micro, pequeñas y medianas empresas.

En su momento, Rosmery Quintero, directora de Acopi Seccional Atlántico, señaló que la reforma no tenía un enfoque diferencial claro que reconociera las capacidades limitadas de las mipymes frente a las grandes empresas. “Reiteramos que los cambios estructurales en la legislación laboral deben tener en cuenta el principio de progresividad y establecer regímenes especiales o fases de implementación diferenciadas, como lo reconoce la misma Constitución Política”.

De hecho, distintos analistas han considerado que la mayor preocupación frente a los impactos en materia laboral, por cuenta de la reforma, será en las mipymes. Aunque las grandes empresas, han explicado expertos y presidentes de grandes compañías, tendrán que asumir mayores costos laborales, para las micro, pequeñas y medianas empresas será mucho más retador.

Las compañías grandes tienen varios mecanismos de ajuste a su disposición, desde subir precios, reducir la mano de obra y reemplazarla por tecnología, y moverse más eficientemente con turnos y espacios laborales, las pequeñas empresas no tienen esa flexibilidad de ajustarse y compensar, y tampoco de absorber ese mayor costo. Tiene menos mecanismos de ajuste y les va a costar mucho más.

Grandes cadenas comerciales, por ejemplo, tendrán que ajustarse a la reforma dado que trabajan en gran parte cuando la mayoría de la población descansa: en las noches, los sábados y los domingos, espacio en el que la gente tiene el tiempo para ir a comprar. Por ello, el impacto de las reformas es mucho mayor, razón por la que esas cadenas de retail trabajan en elementos clave como productividad, inversión en tecnología y ajuste de la organización de los turnos de trabajo.

Por otro lado, una de las preocupaciones adicionales en la reforma laboral es la relacionada con los aprendices del Sena, cuya vinculación se convierte en un contrato laboral pleno, casi que duplicando los costos de contratación.

Anif se pronunció sobre este aspecto específico y señaló que la reforma convierte el contrato de aprendizaje en un contrato laboral pleno, elevando los costos de contratación en más del 105 % al incluir todas las prestaciones laborales tradicionales. Con la reforma, se establece el 75 % del salario mínimo en la etapa lectiva y el reconocimiento del 100 % de un salario mínimo durante la etapa productiva en la empresa.

Mientras el país apenas digería la reforma laboral y los impactos que tendrá hacia el futuro, las áreas de recursos humanos de las empresas ya estaban cuadrando sus estrategias para cumplir con lo ordenado por la Ley 2101 de 2021, que establece la reducción de la jornada laboral a partir de este 15 de julio.

El experto Vicente Umaña Carrizosa, socio de la firma Posse Herrera Ruiz, recuerda que, a partir del 15 de julio de 2025, la jornada laboral se reduce a 44 horas semanales conforme con lo dispuesto por la Ley 2101 de 2021. Esta medida es el resultado de un proceso gradual que terminará en una jornada de 42 horas en el año 2026.

Destacó que la reducción de la jornada máxima laboral no implica una disminución proporcional del salario, en la medida en que la ley establece que el empleador debe mantener las condiciones previas al empleado. Por otra parte, se mantiene la obligación de pagar el trabajo suplementario y los recargos por trabajo nocturno, dominical o festivo de acuerdo con la reciente reforma laboral (Ley 2466 de 2025).

Precisamente, este cambio se da en paralelo con la expedición de la Ley 2466 de 2025 de reforma laboral, que introduce nuevas cargas para los empleadores y falta de flexibilidad para la administración de las relaciones laborales.

“Si sumamos menos horas de trabajo y mayores recargos, el impacto económico, especialmente en la pequeña y mediana empresa, principal generadora de empleo en Colombia, es absolutamente perjudicial. Los empleadores tendrán menos disponibilidad de sus empleados, pero las necesidades los obligarán a pagar más recargos, especialmente, horas extras. De lo contrario, las empresas pagarán más por menor tiempo de trabajo con las consecuencias evidentes en la productividad. ¿Cuál será el efecto? Desempleo e informalidad creciente. Tal y como lo dijo en su momento la ministra Gloria Inés Ramírez, esta reforma no busca generar empleo. Lo que nos dijo, por supuesto, es que sí va a generar desempleo e informalidad”, señaló Umaña.

Para él, la desafortunada coincidencia de la reforma impulsada por el Gobierno Petro junto con la reducción de la jornada “dará réditos políticos al presidente en la medida en que, por ejemplo, en la reforma incluyen aspectos que ya estaban regulados, pero con una campaña muy fuerte de propaganda los asumen como logros de la actual administración”.

Pero Umaña insiste en que la realidad, no obstante, es otra. “Hay una sensible preocupación en los empleadores y empresarios en Colombia con las nuevas cargas en materia económica y también con nuevas obligaciones como contratar aprendices como empleados, actualización de reglamentos internos de trabajo, procesos disciplinarios más complejos y las restricciones a la contratación a término fijo, reformas que dará un giro a la planeación de la administración del talento humano perjudicando al final a los que el Gobierno dice proteger. Con la reforma no se ‘reivindican derechos’ como lo pretende hacer ver Petro. En la realidad se reescriben algunos y se otorgan supuestos beneficios que al final afectarán, por ejemplo, a los aprendices. Será mejor monetizar que contratar”, agregó el experto.

Y concluyó: “Esperemos que los efectos no sean tan duros para el sector productivo colombiano y que la afectación en los índices de productividad no impacte el casi nulo crecimiento económico que ya estamos sufriendo”.