Controversia
La ANI demandó al concesionario del Muelle 13 en Buenaventura. Esta es la controversia
La acción fue interpuesta ante el Tribunal Administrativo del Valle. Busca tumbar una resolución que se habría expedido sin el cumplimiento de requisitos legales esenciales.
Desde inicios de año el Gobierno viene lanzando alertas relacionadas con el componente ambiental del Muelle 13 en Buenaventura, en el que la concesión Grupo Portuario terminó el contrato y la decisión fue entregarlo a las cooperativas de pescadores.
Desde entonces, las tensiones han reinado y ahora la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) presentó una demanda de controversias contractuales ante el Tribunal Administrativo del Valle.
La pretensión de la acción es que se declare la nulidad de una resolución que aprobó una modificación sustancial al Contrato de Concesión N.° 0002 de 2005.
Según la ANI, se realizaron los respectivos análisis jurídicos a dicha resolución y se halló que “fue expedida sin cumplimiento de requisitos legales esenciales en materia portuaria, ambiental y administrativa".
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Todo, porque “no se cumplió con la condición jurídica previa impuesta por la propia Vicepresidencia Jurídica de la entidad, relacionada con la reversión efectiva del Muelle 13, infraestructura portuaria cuya disponibilidad resultaba esencial para la modificación solicitada, entre otras razones”.
Por el muelle 13 se mueven 1,5 millones de toneladas de carga al año. En enero de 1994, el Ministerio de Transporte emitió una resolución a través de la cual se otorgaba a la Armada el derecho a la ocupación, uso y goce de la infraestructura. Esto, en el entendido de que un muelle es un bien de uso público que es susceptible de ser entregado en concesión. A su vez, la Armada entregó en arrendamiento a la Sociedad Grupo Portuario, hoy Ventura Group, el muelle, por un período de 15 años, que se vencían el 6 de enero de 2024.
Mientras el grupo empresarial buscaba prorrogar el contrato, hasta por 20 años más, el Gobierno nacional, a través del presidente Gustavo Petro dijo no.
Otra de las controversias desatadas alrededor del muelle ha sido la de quién tendría que haber otorgado la licencia ambiental, si la autoridad local o la Anla (entidad nacional).
Desde ese momento ya el Tribunal del Valle estaba manejando el caso, y dijo entonces que era la Anla la que tenía la potestad.
Ahora, para ir de nuevo a la puerta del Tribunal, la ANI sostiene que “evidenció la ausencia de pronunciamientos favorables y definitivos por parte de varias autoridades con competencia ambiental, lo cual generaba riesgos significativos para el entorno del Puerto de Buenaventura”.
Según la ANI, el Gobierno estaría actuando dentro de “su compromiso con la defensa del patrimonio público, la legalidad de la contratación estatal y la protección de los recursos portuarios y ambientales de la Nación”.
