Gobierno radica proyecto de Ley para que sea más fácil tramitar litigios con la Dian

Con el fin de autorizar un arbitraje en las disputas tributarias, aduaneras o cambiarias entre los contribuyentes y la Dian, el Gobierno nacional radicó en el Congreso de la República el proyecto de ley de arbitramento de litigios.

El objetivo es agilizar y mejorar la eficiencia en la resolución de estas disputas, en comparación con los procedimientos judiciales convencionales. Esto porque se estima una congestión de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa en Colombia del 64 % de los casos, lo que evidencia la pertinencia de esta iniciativa, al permitir el arbitraje como mecanismo alternativo que disminuye la saturación del sistema judicial.

El arbitraje es un método de resolución de disputas en el cual las partes involucradas acuerdan someter su conflicto a un tercero imparcial llamado árbitro. Este árbitro tiene la autoridad para escuchar los argumentos de ambas partes, revisar la evidencia presentada y tomar una decisión vinculante que resuelva la disputa. El proceso de arbitraje es una alternativa al litigio en los tribunales.

El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, destacó que la base de datos de litigios del Estado revela que existen 7.112 procesos activos de la Dian por un monto de 27,3 billones de pesos, con corte a mayo de 2023. Con los mecanismos previstos en el nuevo proyecto de ley, se busca movilizar un mayor recaudo para financiar niveles de gasto social consistentes con la implementación del Plan de Desarrollo.

“La iniciativa crea una nueva alternativa de resolución de las disputas entre los contribuyentes y la administración, lo cual reduce el tiempo en el que incurren ambas partes en su resolución”, precisó.

Es así como gracias a las disposiciones de este proyecto de ley, se espera que buena parte de estos procesos se resuelvan en un término menor de 12 meses, considerando los procesos arbitrales que se realizan en otras áreas del derecho.

Tras el plan B

Aunque este proyecto de Ley no está directamente relacionado con las medidas que planea tomar el Ejecutivo para compensar el hueco de 6,5 billones de pesos que le dejará el fallo de la Corte Constitucional al impedir la no deducibilidad de las regalías que pagan las empresas del sector minero-energético, sí es una medida que pretende mejorar la eficiencia de recaudo de la Dian, pues podría recibir más rápidamente los recursos derivados de los litigios que se definan a su favor.

El ministro Bonilla también se refirió al anuncio que hizo el presidente Gustavo Petro durante el congreso del gremio de la infraestructura, con respecto a que para pagar el hueco de los 6 billones de pesos será necesario recortar fuertemente el gasto y una de las primeras medidas será la de congelar los salarios altos en el sector público. Por salarios altos se entiende aquellos que superan los 10 millones de pesos mensuales. Según el jefe de la cartera de Hacienda, más que no subir dichos salarios, estos tendrían un incremento inferior al promedio.

Vale la pena recordar que, por Ley, los únicos salarios que suben anualmente en el país son los del mínimo y el mínimo integral; para el resto, es potestad del empleador subir o dejar la remuneración tal como está.

Finalmente, el ministro Bonilla explicó que el proyecto sobre los litigios con la Dian busca brindar herramientas a los contribuyentes para que determinen si voluntariamente quieren acceder al arbitraje como mecanismo alternativo de resolución de conflictos. Lo anterior no elimina ni modifica la posibilidad de que puedan continuar utilizando el sistema tradicional de administración de justicia.