Este sería el billonario ajuste que tendría que hacer el Gobierno en sus cuentas para “cuadrar caja”

A finales del año pasado, tras la decisión del Congreso de hundir la ley de financiamiento con la que el Gobierno buscaba “cuadrar caja” para ajustar el Presupuesto General de la Nación de este año y que, por primera vez en la historia, salió por decreto, los expertos están haciendo cuentas para entender la incertidumbre fiscal en la que está metido el país.

La situación fiscal es uno de los mayores desafíos que enfrenta la economía colombiana. Fue uno de los argumentos de la Junta Directiva del Banco de la República, en su más reciente reunión, para reducir apenas 25 puntos básicos la tasa de referencia, cuando el mercado esperaba al menos 50 puntos y el Gobierno, 75 puntos.

Corficolombiana hizo un análisis, a finales del año pasado, dado un complejo panorama. Los problemas de desfinanciación del presupuesto de la Nación observados en 2024 seguirán estando presentes en 2025, generando incertidumbre en el proceso de recuperación de la economía colombiana y ejerciendo presión sobre las tasas de interés en el mercado de deuda, la prima de riesgo y la tasa de cambio.

De acuerdo con esta entidad, en 2024, la caída en el recaudo tributario obligó al Gobierno a ajustar varias veces su presupuesto para cumplir la Regla Fiscal. “Hasta ahora, el recorte al Presupuesto General de la Nación (PGN) es de $ 35,7 billones. Sin embargo, se estima que se requiere un ajuste adicional de $ 21 billones, que podría lograrse mediante subejecución, lo que elevaría el total del ajuste a $ 56,7 billones”, advierte el estudio.

¿Cómo llega a esta cifra? En su escenario base, estima que los ingresos del Gobierno Nacional Central en 2025 serán de $ 277,2 billones, inferiores en $ 39,3 billones (2,2 % del PIB) a los que se esperan en el PGN. El análisis de Corficolombiana contempla que la elasticidad entre el recaudo tributario y el PIB nominal retorna en 2025 a sus niveles de largo plazo. De esta forma, los ingresos tributarios distintos a los que se esperaban de la ley de financiamiento y la gestión de la Dian serían de $ 268 billones. Respecto a la expectativa de mayor recaudo por gestión de la Dian, prevé que sea de aproximadamente $ 9,2 billones, equivalentes al 0,5 % del PIB, una cifra, dice el estudio, más realista con lo observado en años recientes.

Bajo este contexto, con un PGN 2025 por un monto de $523, billones, “prevemos que, para cumplir el déficit de 4,9 % del PIB que permite la Regla Fiscal en 2025, sería necesario realizar un recorte del gasto del Gobierno Nacional Central de $ 35,4 billones (2,0 % del PIB). De lo contrario, el déficit del Gobierno nacional ascendería a 6,8 % del PIB y no se cumpliría la Regla Fiscal. Esta incertidumbre debería resolverse a comienzos de 2025, cuando el Ministerio de Hacienda presente el Plan Financiero y el decreto de recorte de gasto del PGN. Por lo pronto, nuestro escenario base para 2025 supone un cumplimiento de la Regla Fiscal, pero con retos importantes a solucionar en materia de ingresos y gastos”, asegura el informe.

Corficolombiana afirma que el archivo del proyecto de ley de financiamiento ha hecho más evidente el problema de desfinanciación del PGN de 2025. De hecho, asevera que, antes de que esto sucediera, anticipaba que en 2025 la incertidumbre fiscal sería alta, en la medida que el PGN contempla un fuerte aumento del gasto con fuentes de financiación inciertas.

Recuerda que el Congreso no aprobó el monto del PGN propuesto por el Gobierno para el próximo año, por $ 523 billones, llevando a una situación inédita en la que se presentó por decreto. Entre las fuentes de financiación del PGN, el Ministerio de Hacienda incluyó: $ 11,8 billones de ingresos y mayor espacio de endeudamiento si se aprobaba la ley de financiamiento; $ 24,6 billones adicionales por eficiencia en la administración de la Dian, es decir, $ 14,6 billones adicionales a los que se incluyeron por este factor en el Marco Fiscal de Mediano Plazo, y $4,5 billones por mayores recursos de capital.

En materia de gasto, el análisis del proyecto de PGN de parte de Corficolombiana identificó un espacio importante de austeridad que permitiría recortar entre $ 10,9 y $ 11,6 billones en gastos de funcionamiento. “En todo caso, se requerirían recortes adicionales de aproximadamente $ 20 billones, que seguramente recaerán en el componente de inversión en el PGN, limitando nuevamente la capacidad de la política fiscal para reactivar la economía”, advierte el informe.

Pero es claro que los riesgos sobre las finanzas públicas en 2025 también pasan por otros aspectos, como, por ejemplo, los efectos a mediano plazo de la aprobación del proyecto que pretende modificar las transferencias al Sistema General de Participaciones (SGP), la entrada en vigencia de la ley que reformó el sistema pensional, la crisis en el mercado energético y el avance de las reformas al sistema de salud y al mercado laboral.

Agrega el informe que la situación de las finanzas públicas seguirá generando incertidumbre no solo en 2025, sino en el mediano plazo, afectando el desempeño del mercado de deuda y la tasa de cambio. La reforma a las transferencias al SGP añadió más presión a la situación fiscal y ahora la atención se centrará en la discusión del proyecto de ley de competencias sobre las responsabilidades fiscales que tendrían los entes territoriales. Esta iniciativa, que fue aprobada la primera semana de diciembre, incrementaría las transferencias al SGP hasta un 6,6 % del PIB en 2035, generando aún riesgos para el mediano plazo sobre las finanzas públicas.

En materia pensional, a mediados de este año iniciará la aplicación de la Ley 2381 de 2024, que establece un Sistema de Protección Integral para la Vejez, en el cual Colpensiones tiene una mayor responsabilidad operativa y presupuestal, y a mediano plazo requerirá mayores recursos del PGN. De ellos, según estimaciones del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF), las transferencias del Gobierno nacional a Colpensiones pasarían en 2025 del 1,3 % del PIB sin la reforma hasta un 3,8 % del PIB en 2061 con el umbral de 2,3 salarios mínimos aprobados en la reforma.

La situación inquieta porque el mercado de deuda pública, las primas de riesgo y la tasa de cambio vienen registrando una alta volatilidad en las últimas semanas, debido en gran medida al deterioro del panorama fiscal a corto y mediano plazo. Las alarmas están encendidas.