Esta es la millonada que le costaría a Colombia la transición energética que realicen otros países

Tras varios ires y venires, el presidente Gustavo Petro finalmente decidió asistir al Foro Económico Mundial, que se realiza en Davos, Suiza, donde probablemente repetirá el discurso que ha dado en varias de sus intervenciones internacionales, en las que se refiere a la urgencia de detener el cambio climático, lo que incluye una transición energética inatajable y apremiante.

De hecho, su ambición de reemplazar la economía extractivista por otras opciones como el turismo, ha estado en su agenda desde el día uno de su Gobierno y, por eso, varios expertos han analizado el impacto de su propuesta de transición energética, que se haría más rápido que en muchas otras economías.

Uno de esos análisis corrió por cuenta del Centro Regional de Finanzas Sostenibles de la Universidad de los Andes, el cual coincide en que el país debe reducir paulatinamente su dependencia petrolera, carbonera y gasífera mediante el desarrollo y la implementación de planes de contingencia que permitan minimizar la volatilidad y los costos asociados a la reducción global y a largo plazo del comercio de combustibles fósiles.

“Colombia busca alcanzar la “neutralidad de emisiones” para el año 2050, pero la volatilidad económica asociada con la disminución del comercio global de combustibles fósiles (sobre lo cual Colombia tiene un control limitado) podría comenzar en la próxima década. Si los formuladores de políticas colombianos no responden de manera proactiva a estos riesgos, el país podría enfrentar una pérdida de producción económica de más de 88.000 millones de dólares en términos de valor actual neto (o el 27% del PIB de 2019) entre 2022 y 2050″, asegura Clemente del Valle, director del Centro, el cual funciona como tanque de pensamiento (think tank) en temas de sostenibilidad.

En concepto de Del Valle, desconocer este riesgo impuesto para Colombia por la transición del resto del mundo podría resultar desestabilizador para la economía nacional, con impactos potenciales que incluyen la disminución de las ganancias corporativas, desempleo, un debilitamiento de la balanza comercial, caída de los ingresos fiscales y el aumento de la deuda pública. Y más aún, “no prepararse a tiempo para suavizar el impacto de esta transición expone a los grupos más vulnerables de la economía (trabajadores, cadena de proveedores de microempresarios y población en general de las regiones más expuestas) a unos grandes costos y pérdidas en las décadas por venir. Es imperativo involucrar a todos los grupos de interés a trabajar organizadamente en las acciones de política pública y de gestión empresarial y laboral que minimicen este riesgo para el país”, precisó.

Para analizar estos temas, el Centro Regional de Finanzas Sostenibles trabajó en conjunto con la consultora Willis Towers Watson y la Agencia Francesa de Desarrollo en el documento Entendiendo el impacto de una transición baja en carbono en Colombia (2023), en el que señala que una transición acelerada de la estructura económica de Colombia (que incluya el desarrollo de sectores con potencial de exportación, como el cobre) hacia una base de menores emisiones de carbono podría ayudar a compensar parte de la disminución en los “sectores tradicionales (petróleo, carbón y gas)”, aunque los beneficios económicos de ese cambio podrían no acumularse en los mismos plazos, ni en las mismas ubicaciones, ni con las mismas magnitudes de lo que hoy recibe el país por la economía extractiva.

El estudio señala, además, que los costos de las transiciones hacia una economía baja en emisiones de carbono, tanto a nivel global como en Colombia, podrían recaer en lugares y grupos económicos con una resiliencia económica limitada (como los trabajadores mineros y los gobiernos locales). En esos casos, el Gobierno debería brindarles apoyo económico y de otra índole, lo que podría financiar con una combinación de nuevas fuentes de financiamiento domésticas (fiscales) e internacionales.

“Para garantizar que la transición de Colombia sea ordenada y se logre a los costos más bajos posibles, los hacedores de políticas, reguladores e inversionistas deben incorporar el análisis de riesgos de transición climática en los procesos de toma de decisiones”, recomienda el estudio.