Ejecución del Plan Desarrollo no llega ni al 50 % luego de tres años del gobierno Petro: estudio de la Universidad de San Buenaventura

A tres años de iniciado el mandato del presidente Gustavo Petro, el Plan Nacional de Desarrollo (PND) presenta un avance del 46,3 %, de acuerdo con un informe de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de San Buenaventura, sede Bogotá. La cifra es preocupante, considerando que ya ha transcurrido más del 60 % del periodo de gobierno.

“A este ritmo, Colombia llegaría a 2026 con apenas el 68 % del plan ejecutado. Eso quiere decir que uno de cada tres compromisos del Gobierno se quedaría en veremos”, advierte Julio Enrique Duarte, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la USB, y autor del informe.

Sectores como Seguridad Humana (64,7 %) y Convergencia Regional (60,9 %) muestran avances considerables, mientras que Ordenamiento Territorial (40,5 %) y programas rurales como el Fondo de Tierras (0,71 %) y el riego intra-predial (4,1 %) evidencian un atraso crítico.

El manejo presupuestal es otro punto débil. Hasta mayo de 2025, solo se había comprometido el 41,2 % del presupuesto anual y la ejecución real estaba por debajo del 30 %. En Trabajo, Agricultura e Inclusión Social, los niveles de avance no superaban el 20 %. Además, persisten marcadas desigualdades regionales: mientras Antioquia y Bogotá superan el promedio nacional, departamentos como La Guajira y Chocó apenas alcanzan el 30 %.

Se resaltan algunos avances, pero sin gran impacto

En educación superior pública, por ejemplo, se han creado 123.400 nuevos cupos, lo que representa el 24 % de la meta. En energía renovable, ya se han instalado 2.031 megavatios, un 66,1 % del total esperado.

También se ha implementado un modelo de salud preventiva en el 52 % del país y hay proyectos de movilidad eléctrica avanzando en Bogotá, Medellín y Cali, con buen ritmo de contratación.

Pero en paralelo, el déficit fiscal para 2025 bordea el 7,1 % del PIB y la deuda pública llega al 61,3 %, lo que ha derivado en rebajas de calificación crediticia por parte de S&P y Moody’s. Actualmente, más del 137 % de lo que se invierte en obras o programas sociales se destina al pago de deuda.

Aunque hay logros en reducción de pobreza y empleo, las mejoras son parciales. La pobreza monetaria cayó al 31,8 % en 2024 y el desempleo bajó al 8,6 % en junio de 2025, pero el 59 % de los nuevos empleos son informales y persisten brechas significativas para jóvenes, mujeres y regiones apartadas.

El informe también advierte sobre la concentración de beneficios tributarios: el gasto tributario representa entre el 8,5 % y el 8,7 % del PIB, pero el 90 % de esos beneficios los reciben grandes empresas, dejando a las mipymes con una participación mínima.

En comparación con países vecinos, Colombia sigue rezagada en manejo fiscal y acceso al crédito, afectado por una tasa de interés de referencia del 9,25 % y una inflación cercana al 4,8 %. Esto dificulta el financiamiento para pequeños productores y emprendedores.

El análisis concluye que, de no acelerar el ritmo de ejecución, la subejecución podría superar los $ 110 billones, afectando no solo la economía, sino también la confianza ciudadana e internacional en la capacidad del Estado para cumplir sus promesas.

“Este bajo nivel de ejecución también daña la imagen del país frente a los organismos internacionales y los inversionistas. La pregunta que queda es: ¿el Estado puede cumplir lo que promete?”, afirma Duarte.