Infraestructura
‘Decretitis’ del gobierno ahora toca las vigencias futuras. Exministros de Transporte y Hacienda alertan
El proyecto de decreto fue publicado por el DNP. Se refiere a redistribución de vigencias futuras ya aprobadas en proyectos de infraestructura.
En los últimos días, se ha visto una cierta ola de borradores de decretos para introducir normas en diversos sectores, y ahora hay que mencionar el que toca a la infraestructura, rama de la economía que ha estado frenada, prácticamente impulsada solo por el Metro de Bogotá.
El nuevo borrador toca el álgido tema de las vigencias futuras, que no son otra cosa que financiaciones que comprometen a gobiernos posteriores al que establece esos compromisos con recursos públicos.
Las vigencias futuras son una herramienta clave para el desarrollo de obras de gran calado, que requieren altas inversiones. Los que ponen los recursos lo hacen con la expectativa de recuperarlos en los tiempos pactados en los contratos.
Ahora, surge un borrador de decreto que busca redistribuir vigencias futuras, lo que motivó una carta abierta al gobierno, presentada por seis exministros, tanto de Transporte como de Hacienda.
Ángela María Orozco, José Antonio Ocampo, Germán Cardona, Juan Carlos Echeverry, Juan Manuel Restrepo y Juan Camilo Restrepo son los firmantes de la carta, en la que advierten que el borrador de decreto, publicado por el Departamento Nacional de Planeación, “pretende redistribuir las vigencias futuras ya aprobadas de los proyectos de infraestructura de transporte, bajo el esquema de Asociaciones Público-Privadas (APP)”.
En consecuencia, manifiestan una enorme preocupación, pues esa decisión tendría graves consecuencias para el desarrollo de la infraestructura en el país.
Las reglas las debe hacer el Congreso
Según la misiva, la norma en mención “pretende regular materias que solo pueden ser modificadas o definidas por el legislador y no por el Ejecutivo”.
Para los firmantes de la carta, el proyecto de decreto genera serias dudas sobre su constitucionalidad y legalidad.
“Desconoce instancias y procedimientos actualmente regulados en el Estatuto Orgánico de Presupuesto y en la ley de Asociaciones Público Privadas”, señalan los exministros.
Contradicciones
En el pronunciamiento, los autores de la carta advierten que hay contradicciones en los planteamientos de la propuesta normativa: “En un control de advertencia, la Contraloría General dijo que las vigencias futuras pactadas en los contratos de concesión no pueden modificarse unilateralmente”, justo lo que se pretende hacer según el proyecto de decreto.
En tal sentido, mencionan los exministros, “aquellos funcionarios que expidan el mencionado decreto estarían incurriendo en faltas disciplinarias y fiscales”.
Adicionalmente, de llegar a ser expedido el decreto, sobrevendrían demandas de parte de los concesionarios, porque “el Estado -de manera unilateral- estaría incumpliendo lo pactado en los contratos de concesión vigentes”.
