Contraloría advierte riesgo de racionamiento de energía en Colombia y un impacto para 10 millones de personas

Este 3 de abril, el contralor general de la República, Carlos Hernán Rodríguez, presentó el estudio sectorial Subsidios en electricidad, gas, combustible, GLP y combustibles líquidos, que dejó en evidencia algunos de los problemas estructurales que se están dando con los servicios públicos en el país y la crisis que están enfrentando actualmente.

Indicó en su discurso que el estudio plantea una discusión sobre los retos que tiene la gestión fiscal de los subsidios a tarifas, especialmente para garantizar la prestación de los servicios públicos a los habitantes más vulnerables de Colombia.

Aseguró que la evaluación de los esquemas de subsidios a tarifas de servicios públicos, de electricidad, gas y combustibles líquidos, debe abarcar la gestión de los fondos públicos con los que se financian y los criterios de focalización. Esto es clave para que los subsidios no se vayan a usuarios que no lo necesitan y con ello se deje de subsidiar a hogares con menores ingresos y para los cuales es vital dicho ingreso.

“Las principales fallas encontradas en los esquemas de subsidios comprometen los objetivos de calidad, acceso equitativo y sostenibilidad financiera, además de encontrarse riesgos asociados a la transparencia en el manejo de los recursos públicos”, indica el estudio.

Además, precisa que, entre 2014 y 2024, los Fondos de Solidaridad para Subsidios y Redistribución de Ingreso (FSSRI), Fondo de Energía Social (Foes) y Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles (FEPC) gestionaron recursos significativos, incluyendo $ 25 billones para subsidios eléctricos y $ 2,4 billones para las denominadas zonas no interconectadas.

Adicional a ello, las necesidades de subsidios para energía crecieron un 44 % en los últimos diez años, superando los incrementos en la demanda de energía y los recursos disponibles en el Presupuesto General de la Nación.

Estas situaciones, sumadas al aumento indiscriminado de usuarios de estratos 1 y 2, impone mayores presiones a la estabilidad fiscal y las finanzas públicas del país y con ello mayores posibilidades de un deterioro.

El contralor recordó en su discurso la advertencia que hizo la entidad, en septiembre de 2024, sobre los riesgos en la continuidad de la prestación del servicio público por el retraso en el pago de los subsidios de energía.

Aseguró que la situación se mantiene dado el no pago del Gobierno y que esta podría derivar en inminente riesgo de racionamiento y hasta en la interrupción en la prestación del servicio de energía a más de diez millones de personas en la Costa Caribe, en Nariño, Chocó y Puerto Carreño en Vichada.

“Recién el Ministerio de Minas anunció la apropiación de recursos para pagar los subsidios pendientes del 2024 para el 96 % de las empresas de energía y gas; sin embargo, la apropiación y ejecución debe ser anual, ya que estos cubren necesidades periódicas y de valores predecibles”, precisó.