Banco de la República defiende su pedido frente a la reforma pensional. “Se busca proponer un plazo razonable”

El pasado jueves 10 de julio el Banco de la República le envió una carta a la Corte Constitucional que molestó al Gobierno de Gustavo Petro. Tanto el jefe de Estado, como su ministro del Interior, Armando Benedetti, lamentaron que desde el Emisor hubieran pedido aplazar tres meses la entrada en vigencia de la reforma pensional.

Benedetti pidió no usar “tácticas para retrasar la reforma”, mientras que el presidente enfatizó esa idea y dijo: “Definitivo: estamos ante una nueva maniobra para no permitir la reforma pensional. Nunca antes visto”.

Su argumento es que, al retrasar la entrada en vigencia de la nueva ley pensional, que estaba prevista para el pasado primero de julio, pero que quedó en suspenso tras la decisión de la Corte Constitucional de devolverla al Congreso, se afectan millones de colombianos, que se beneficiarían del nuevo subsidio pensional que crea la iniciativa.

Petro denunció que esta solicitud de aplazamiento busca retrasar el trámite legislativo para que un magistrado recién electo de la Corte Constitucional asuma su cargo y pueda influir en el proceso, lo que él considera una maniobra para bloquear la reforma. Además, señaló que hay intereses económicos, especialmente de banqueros, que presionan para obstaculizar la reforma porque -según él- temen pérdidas si las personas migran de los fondos privados de pensiones a Colpensiones.

El presidente también hizo un llamado a la Corte Constitucional y al magistrado Jorge Enrique Ibáñez para que reflexionen sobre sus posturas frente al trámite, y rechazó que se use la solicitud del Banco como una excusa para detener una ley que busca “garantizar una pensión digna para la población”.

Ante esta andanada, el Banco de la República emitió un comunicado aclarando su solicitud. Lo primero que establece es que enviaron la carta porque necesitaban aclarar la interpretación de la Corte sobre la vigencia de la Ley y de los decretos que han sido expedidos en su proceso de reglamentación, lo cual es fundamental para avanzar en temas como la firma de contrato entre el Banco de la República con el Ministerio de Hacienda, la selección de administradores externos y la designación de los miembros del Comité Directivo del FAPC por parte de la Junta.

La reforma crea el Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo (FAPC), en el cual se buscará guardar parte de las cotizaciones con el fin de financiar las pensiones del futuro y dicho fondo será administrado por el Emisor.

Desde el Banco explican que se venía trabajando en la reglamentación del FAPC, pero el proceso se interrumpió tras la publicación del comunicado de la Corte del 17 de junio de 2025, en el cual suspendió la entrada en vigencia de la Ley 2381 de 2024 (reforma pensional) hasta el día siguiente a la fecha en la cual la Sala Plena decida definitivamente sobre la constitucionalidad de dicha ley.

El comunicado del Emisor también explica que, dada esta situación, en su carta le solicitaban a la Corte “la posibilidad de definir un margen razonable de tiempo para avanzar en los procesos que, por razones ajenas al Banco, ya venían atrasados y se interrumpieron a partir del 17 de junio”. Por eso, sugirieron que la entrada en vigencia de la ley no sea el día siguiente a la fecha de decisión sobre su constitucionalidad, sino tres meses después de que se conozca la sentencia respectiva.

“La lectura preliminar del comunicado de prensa de la Corte Constitucional podría implicar que todos los procesos pendientes tendrían que hacerse entre la fecha en que se decida la constitucionalidad de la ley y el día inmediatamente posterior, lo cual resulta inviable desde el punto de vista práctico”, sostienen en el Emisor, al tiempo lamentan las interpretaciones erradas que se han dado sobre los planteamientos realizados en la mencionada carta enviada.

Esos planteamientos “no tuvieron ningún propósito diferente a obtener claridad y proponer un plazo razonable para cumplir con lo que establece la ley, de conformidad con lo que decida la Corte Constitucional”, reiteraron.

Su pedido va en la misma línea del que hizo recientemente el presidente de Porvenir, Miguel Largacha en entrevista con SEMANA. Allí este dijo que un sistema de la magnitud del de pensiones no puede cambiar sin una fecha cierta. “En gracia de discusión, si la Corte le da el aval a la ley, por decir algo, el 15 de septiembre y esta rige a partir del día siguiente, es decir, el 16, nadie va a estar listo. Eso es imposible de hacer sin previo aviso”, subrayó.

Largacha insistió en que todos los agentes del sistema de pensiones están pendientes de la fecha de entrada en vigencia, que esperan les den con anticipación y que ojalá sea el primer día hábil de cualquier mes.

“Eso no puede ser el 15, el 14, el 13 porque no da. El pago de los aportes a la seguridad social y las incapacidades, entre muchas otras cosas, se hacen en unas fechas específicas. Si nos avisan de un día para otro, no sirve. Todos necesitamos no menos de un mes para podernos organizar y arrancar. No sirve que uno esté listo y los otros no, porque viene un tema de interoperabilidad”, reiteró.