Macroeconía
Al país le saldría carísima una descertificación. Este es el millonario costo que tendría en turismo e inversión extranjera
Expertos, como los de AmCham, estiman que existe entre un 55 % y un 70 % de probabilidad de que EE. UU. adopte esa decisión respecto a Colombia.

Desde 1996 cuando Colombia fue descertificada por Estados Unidos durante el gobierno de Ernesto Samper, bajo el argumento de falta de cooperación suficiente en la lucha contra el narcotráfico, el país ha vivido con el temor de que se repita ese castigo del Tío Sam.
Si bien la lucha contra el narcotráfico no ha parado desde entonces, el temor de ser descertificados revivió casi 30 años después y los expertos de la Cámara Colombo Americana, AmCham Colombia, le dan una probabilidad a ese escenario de entre un 55 % y un 70 %. Su expectativa se basa en el hecho de que, aunque existen logros significativos en incautaciones e interdicciones, estos no logran equilibrar el impacto del incremento de los cultivos ilícitos ni la percepción internacional de rezago en su erradicación.

Según el análisis de AmCham, el riesgo de descertificación, noticia que se conocería en las primeras semanas de septiembre, se basa en cinco dimensiones: reducción de cultivos ilícitos, interdicción del tráfico, extradiciones y justicia, compromisos internacionales y voluntad política.
El mayor riesgo se concentra en los cultivos ilícitos: en 2023 se reportaron 252.572 hectáreas de coca, un 9,8 % más que en 2022. La erradicación forzosa cayó a mínimos históricos, con solo 1.509 hectáreas eliminadas a junio de 2025 frente a la meta de 30.000, mientras la aspersión aérea continúa suspendida. En contraste, la interdicción registró avances con 960 toneladas incautadas en 2024, un récord histórico, aunque insuficiente frente al aumento productivo. En compromisos internacionales, Colombia cumple con tratados y acuerdos, pero la voluntad política se percibe débil, por la reducción de metas de erradicación y la apertura de negociaciones con grupos como el Clan del Golfo.
Las repercusiones de una nueva descertificación serían profundas en la economía nacional y, en particular, en cooperación bilateral, comercio, turismo e inversión.
Menos divisas de viajeros
“El turismo podría perder hasta 1.000 millones de dólares anuales en divisas por eventuales alertas de viaje. La cooperación bilateral, que supera los 450 millones al año, estaría en riesgo de reducción o suspensión. El financiamiento multilateral se vería condicionado por bloqueos o veto estadounidenses y la inversión extranjera enfrentaría un aumento en el riesgo país de 150–200 puntos básicos, encareciendo el endeudamiento externo entre un 8 % y un 10 %, presionando la inflación interna”, dice el análisis.

En particular, en el caso de turismo, que es una de las grandes apuestas económicas del gobierno actual, la descertificación podría activar alertas de viaje del Departamento de Estado de EE. UU., llegando incluso a recomendar no viajar al país, lo que reduciría el ingreso de visitantes internacionales.
Si se da una certificación por interés nacional, en AmCham estiman que los efectos serían limitados y podrían restringirse a un ajuste moderado en flujos de viajeros (entre un 5 % y un 10 %, equivalentes a pérdidas cercanas a 150–300 millones de dólares), o incluso a la ausencia de un impacto directo. “En un escenario de sanciones intermedias, se proyectaría la reducción de turistas estadounidenses —principal mercado emisor— con caídas de entre un 15 % y un 20 %, lo que representa un impacto económico aproximado de 450 a 600 millones de dólares”, enfatiza el estudio.

En el caso de sanciones severas por parte de EE. UU., las caídas en turismo serían de un 30 % a un 35 %, equivalentes a entre 900 y 1.000 millones de dólares, dado que se golpearían todas las cadenas de valor ligadas a esa actividad. Además, es posible que países europeos adopten recomendaciones similares, lo que llevaría una reducción adicional del 5 % al 10 % de visitantes no estadounidenses, lo que implicaría entre 150–300 millones de dólares adicionales en pérdidas.
También están en peligro los 450 millones de dólares anuales que recibe el país en cooperación bilateral para programas de seguridad, desarrollo y asistencia técnica. La caída podría ser desde el 0 % al 10 % en un escenario de certificación por interés nacional hasta entre el 60 % y el 70 % si se determinan sanciones severas. “Adicionalmente, un recorte de tal magnitud tendría un efecto de contagio sobre otros donantes internacionales —como la Unión Europea o agencias multilaterales— que suelen alinear sus aportes con la posición de Washington, amplificando la pérdida de recursos estratégicos para Colombia”, insistieron en AmCham.
De la misma manera, en el financiamiento multilateral a través de organismos como el BID, el FMI o el Banco Mundial, en donde Estados Unidos tienen una posición importante, la descertificación, dependiendo de su dureza, podría llevar a una caída de los desembolsos de entre el 50 % y el 60 %, un escenario altamente inoportuno en plena crisis fiscal.
Paralelamente, podría subir el riesgo país, el cual es determinante para la inversión extranjera. En una situación de sanciones severas, se enviaría una señal de desconfianza institucional, deteriorando la percepción de estabilidad y seguridad jurídica del país. “Ello podría provocar un efecto dominó de salida de capitales de portafolio, mayores primas de seguro y reducción de créditos multilaterales, todo lo cual impactaría directamente la inversión extranjera directa en sectores como infraestructura, energía y servicios, donde los retornos ya no compensarían el mayor riesgo”, precisa el estudio.

Un panorama nada alentador que, sin embargo, María Claudia Lacouture, presidenta de AmCham Colombia, considera que se podría evitar si se mantiene un diálogo constante, claro y riguroso con Estados Unidos, involucrando al Gobierno, las agencias, el Congreso, los gremios y el sector privado.