Visitas sorpresa de la SIC y las tensiones en libre competencia tienen a las empresas bajo presión

Se ha registrado un incremento significativo en la etapa de averiguación preliminar por parte de la autoridad competente en Colombia. Hasta aquí, pareciera un logro por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC). Sin embargo, han surgido dudas sobre la legalidad de las visitas de inspección que realiza, tanto por su fundamento jurídico como por sus métodos de ejecución.

Las visitas administrativas de inspección que hace la SIC permiten a esta autoridad establecer si es necesario abrir una investigación formal por la presunta infracción del régimen de defensa de la competencia. El debate gira en torno a tres aspectos: uno, su incremento; dos, las empresas escogidas coinciden con no ser aliadas del Gobierno, en algunos casos; y tres, preocupa el recaudo de información que vulnera la privacidad.

En cifras, de acuerdo con abogados especializados, desde hace más de diez años, la SIC realiza más de una visita de inspección por semana, “lo que equivale a un promedio de cerca de 50 visitas anuales durante ese periodo. Sin embargo, bajo la nueva administración, ese número se ha incrementado notablemente, alcanzando en términos estadísticos entre tres y cuatro empresas visitadas por semana”.

Así lo ve Pablo Márquez, socio de Veria Asesores y referente en regulación, competencia y arbitraje en Colombia. “Este aumento en la actividad de inspección puede interpretarse como una señal positiva en términos de capacidad investigativa. No obstante, este crecimiento también genera interrogantes en materia de debido proceso”.

Los interrogantes se dan porque algunas de las visitas “parecen coincidir con denuncias formuladas por entidades del Gobierno nacional, aunque no todas parecen responder a esa lógica. La aparente correlación en ciertos casos ha alimentado preocupaciones sobre un posible uso selectivo o instrumental de las visitas, particularmente frente a empresas críticas del Ejecutivo”, señala Márquez.

En relación con el debate sobre la recolección de información en aplicaciones de mensajería y correos electrónicos personales de directivos y administradores de las empresas inspeccionadas, el socio de Veria Asesores advierte: “Estos procedimientos, que en ocasiones se realizan sin control judicial, generan serios cuestionamientos sobre posibles vulneraciones a la privacidad, al derecho de defensa y al debido proceso”.

Para Felipe Serrano Pinilla, socio director de Serrano Martínez CMA, la facultad de la SIC para realizar visitas administrativas y extraer información de computadores y celulares ha sido criticada desde hace varios años y en varios gobiernos, no solo en el actual. “Gran parte de las críticas se enfocan en que el objeto de la visita es, en muchas ocasiones, muy amplio, lo que faculta a la autoridad para extraer mucha información. Esto ha generado críticas sobre el respeto al debido proceso. Hay oportunidad para que, en un futuro proyecto de ley, se regule de manera más clara y garantista esta facultad, sin que la SIC pierda herramientas para identificar y sancionar carteles”, precisa Serrano Pinilla.

Jorge Jaeckel Kovács, socio fundador de Jaeckel Montoya Abogados, menciona que “sí se ha dado la coincidencia de tuits o frases del presidente y, después, visitas. Pero no podría afirmar que es necesariamente por eso. La forma como se conducen esas visitas sí transgrede derechos, es una forma ‘exagerada’ porque no se siguen las pautas que fijó la Corte Constitucional en la Sentencia C-165 de 2019. Si bien la Corte dijo que se podían hacer visitas sorpresa, recaudar pruebas y copiar, por ejemplo, dispositivos y computadores, se olvida que también dijo que antes de practicar la visita se le debía informar a los inspeccionados cuáles son los hechos concretos que se están investigando”.

Un mal trago

Además del papel protagónico que suele mantener la SIC en casos de competencia, la Corte Constitucional recientemente ha sobresalido en este campo. Específicamente se refiere a la Sentencia C 032 de 2025, la cual, según Jorge Enrique Sánchez Medina, socio y fundador de JSM Abogados, marca un precedente al declarar inexequibles los incisos primero y segundo del artículo 28 de la Ley 1816 de 2016, que otorgaban a los gobernadores la facultad de suspender hasta por seis años los permisos para introducir aguardiente de otros departamentos, por vulnerar la libre competencia. “Esto evidencia que el principio de libre competencia ha ganado un lugar central en el debate constitucional colombiano”, subraya.

Para Alejandro García de Brigard, socio de Competencia e Integraciones de Brigard Urrutia, hay tres casos de competencia que se destacan: “El de Uber, por su impacto en la movilidad; la investigación sobre el fútbol profesional colombiano, clave para la estabilidad del régimen de garantías; y la evaluación de integraciones como Tigo-UNE y Movistar, que podrían transformar el mercado de telecomunicaciones. Todos reflejan la necesidad de análisis técnico riguroso y adaptación regulatoria”.

Otro tema que incluye el derecho de competencia es la protección al consumidor y, en este sentido, para el abogado Pablo Márquez lo más destacado en el último año ha sido el incremento considerable en las investigaciones relacionadas con el sector turismo, especialmente frente a proveedores de vivienda turística. Desde el frente de competencia, la SIC también ha investigado a Cotelco, el gremio hotelero, por presuntamente coordinar precios a través de una plataforma tecnológica. “Esta doble intervención —por consumidor y por competencia— en el mismo sector, es un caso interesante que ilustra la complejidad regulatoria de dicha actividad. A la que se suma una especie de contradicción interinstitucional, pues la SIC ha reconocido el rol de la vivienda turística para mantener la oferta de alojamientos a precios asequibles para el consumidor”, añade Márquez.

Para Jaeckel Kovács, Colombia es un “país excesivamente proteccionista en temas de consumidor. Hay una cultura de denunciar muy fuerte y yo creo que a veces exagerada. Las sanciones y las multas son importantes y se han vuelto un instrumento de presión, tanto en temas de consumidor como en temas de competencia. Menciona que a veces se premia al avispado. “La frontera entre proteger a un consumidor y premiar al avispado es muy muy delgada”, puntualiza.

A su vez, Sánchez destaca que la SIC ha realizado investigaciones asociadas con la protección del consumidor de comercio electrónico y de operaciones mediante sistemas de financiación. “No obstante, creo que la superintendencia habría tenido mucho más que hacer en temas como el asociado con la problemática de los consumidores aeronáuticos, en particular en el caso de la integración Viva-Avianca, que dejó inermes a una cantidad de afectados”.