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SIC anunció investigación contra Colchones Paraíso: enfrentarían millonaria multa
También investiga a una persona natural matriz del grupo empresarial.
La Superintendencia de Industria y Comercio anunció en la mañana de este viernes, 7 de febrero, la formulación de pliego de cargos e investigación contra la sociedad Casa y Confort S.A.S., Muebles y Accesorios S.A.S., más conocida como Colchones Paraíso, que actualmente enfrenta un proceso de liquidación judicial.
El anuncio se dio tras la indagación y presunto hallazgo de una vulneración de derechos de los consumidores, relacionado con la venta y comercialización de muebles y colchones. Las conductas investigadas son tres en específico.
La primera es el incumplimiento en la entrega de bienes, pues aseguran que las empresas habrían defraudado las expectativas de los consumidores al no cumplir con la obligación legal de realizar la entrega material y efectiva de los productos adquiridos en los tiempos pactados.
También indican que hubo deficiencia en la calidad de los productos, pues las empresas habrían incurrido en posibles fallas en la calidad de los bienes ofrecidos a los ciudadanos. Se refieren específicamente a las características inherentes, además de haberse presentado una posible falta de idoneidad de los bienes.
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Finalmente, detallan que entre las razones de la investigación está la falta de claridad en la información suministrada al consumidor, pues estas habrían entregado información carente de claridad, veracidad y precisión sobre los tiempos de entrega de los productos adquiridos en el marco de la relación de consumo.
La SIC también anunció una investigación en contra de Manuel Bronstein Tisminezky en calidad de persona natural, tras “no haber aparentemente cumplido con la orden impartida por esta Superintendencia en la Resolución N.° 9664 del 12 de marzo de 2024, en la que se dispuso el deber de implementar un plan de entrega o devolución de dinero a los consumidores afectados por el incumplimiento en los tiempos de entrega”, indican.
Si se comprueban las actuaciones, la SIC asegura que se podrían imponer las sanciones previstas de hasta 2.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
