Internet Solidario: el plan del Gobierno que podría encarecer tarifas y poner en riesgo un sector TIC lleno de desafíos

Ante el Congreso de la República, Julián Molina, ministro de las TIC, radicó un proyecto de ley denominado Internet Solidario, que busca desarrollar el derecho fundamental al acceso a la red y convertir el internet fijo en un servicio público domiciliario para todos los colombianos.

Además, la iniciativa contempla que los hogares de estratos 5 y 6, junto con grandes empresas comerciales e industriales, contribuyan con un 30 por ciento adicional en su factura de internet fijo para subsidiar el acceso a este servicio esencial a los sectores más vulnerables.

La propuesta despertó inquietudes en una actividad que, hoy por hoy, está en medio de una tormenta. Por un lado, la expectativa del pronunciamiento de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) frente al proceso de compra e integración que está haciendo Millicom en el país para quedarse con la operación de Telefónica y la Nación en Colombia Telecomunicaciones (Coltel), así como adquirir la participación de EPM, su socio en Tigo UNE, y fusionar toda esta estructura para equipararse al jugador más grande del sector: Claro.

Para muchos, este camino llevaría a un duopolio en el mercado, que tendría más del 90 por ciento de participación.

Por otro lado, la reciente instrucción del presidente Gustavo Petro al ministro de las TIC para anticipar la licitación del Canal 1. Una decisión que se anuncia a pesar de que la concesión actual, a cargo de Plural Comunicaciones SAS, está vigente hasta 2037.

El Instituto de Ciencia Política calificó el hecho como un “exabrupto y una ruptura completa del Estado de derecho”. Y agregó que constituye un intento de “expropiación” y un “atentado directo contra la libertad de prensa y el pluralismo informativo”.

Además, las empresas del sector pasan por uno de sus momentos más complejos: mientras sus estados financieros están apretados, el consumo de internet crece y se requieren más inversiones, hecho que ha desatado otra polémica con las empresas generadoras de contenido que usan las autopistas digitales, pero no invierten en ellas.

En este complicado contexto, el Gobierno presentó esta iniciativa que plantea que los hogares del estrato 1, registrados en el Sisbén A, con acceso a servicios de energía y con estudiantes activos, puedan recibir un subsidio de hasta el 55 por ciento del valor total de su factura.

Varias preocupaciones se han planteado. Para Jorge Sánchez, socio de JSM Abogados, las decisiones de política pública van por la fórmula equivocada. A su juicio, la receta parece ser la de ver con condescendencia las restricciones en la competencia, producto de esos procesos de consolidación, e incrementar la intervención del Estado, incluso al punto de meterse con las tarifas.

En sustitución de esa fórmula, hay una mucho más deseable que consiste en profundizar la competencia y reservar la regulación para aspectos muy puntuales. “Nadie pelea con el derecho al internet ni con la realización de los objetivos de cobertura y acceso, pero perseguirlos con la receta equivocada, puede ir en contra de ellos mismos”, advierte.

Por su parte, Camilo Sánchez, presidente de Andesco, afirma que el cierre de la brecha digital al 85 por ciento, tal y como lo propuso el plan del Gobierno del presidente Petro, no se logra con este proyecto.“En los documentos que presentó el ministerio no se evidencia el sustento técnico y económico que soporte las medidas propuestas, no hay análisis de impacto ni de sostenibilidad del proyecto, y por ello como gremio estamos haciendo los análisis para medir los impactos y sumarnos al debate”, dice.

El dirigente gremial considera que con las normas vigentes y haciendo un uso más eficiente de los recursos del fondo único de TIC se podría conseguir esa meta.

Pero hay otras discusiones que trae el proyecto. Para Pablo Márquez, socio de Ecija, si bien en los últimos años el acceso a internet se ha concebido como un servicio de carácter esencial, su elevación a la categoría de derecho fundamental implicaría una reforma constitucional.“Todo derecho fundamental impone cargas al Estado y, de manera indirecta, a los operadores privados, quienes podrían verse compelidos a realizar inversiones no previstas que pondrían en riesgo la sostenibilidad del sector en el corto plazo”.

Márquez anticipa que, con alta probabilidad, esta situación se traduciría en un incremento de las tarifas de los servicios móviles y fijos, con el fin de cubrir las nuevas obligaciones derivadas de la garantía de un mínimo vital de acceso a internet.

Al presidente de una empresa del sector, que prefirió mantener en reserva su nombre, le preocupan dos hechos: uno, que se repita en telecomunicaciones las dificultades que hoy viven las distribuidoras de energía por cuenta del pago de los subsidios para las empresas por parte del Gobierno.

Y otro, el para qué: “La fibra pasa por frente de los hogares, pero no se conectan. El problema no es la plata. El problema es que la gente no le ve el valor a conectarse a internet”, dice.

Para él, si bien hay una brecha digital, hay una dificultad no menor: “Es del uso que le damos a la tecnología”.

El Centro Nacional de Consultoría (CNC) hace un seguimiento de la apropiación digital y en él explica que la importancia está en el para qué se usa la tecnología.

Hay una ruta: los no conectados pasan de no usar internet, a usarla en un nivel básico de comunicación y entretenimiento. Después viene un nivel intermedio en el que la persona empieza a generar contenido “y aprende a aprender”.

Luego, el tercer nivel es lo que se conoce como ciudadanía digital: personas que se sienten cómodas haciendo transacciones virtuales.

Según el estudio, el 21 por ciento del estrato 1 no está conectado, el 45 por ciento está en el nivel de comunicación y entretenimiento, el 27 por ciento en educación y participación, y apenas el 7 por ciento en ciudadanía digital.

Con este panorama arranca una nueva discusión, que tendrá que enfrentarse a una dura realidad: la época electoral y la prioridad en otros proyectos en el Congreso. ¿Alcanzará para el debate?

La tecnológica es investigada por el presunto abuso de posición de dominio en dos mercados

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) abrió investigación y formuló pliego de cargos contra Apple INC y Apple Services Latam, para determinar si ha incurrido en un presunto abuso de posición de dominio en los mercados de distribución de plataformas tecnológicas y en los servicios de procesamiento de pago para la compra de bienes y servicios digitales.

Según la SIC, en un pronunciamiento establecido en una resolución del 19 de agosto de 2025 que conoció SEMANA, Apple, por una parte, habría restringido el acceso de nuevos agentes participantes en el mercado de distribución de aplicaciones digitales, mediante la imposición de cláusulas contractuales que prohibirían a desarrolladores crear y operar tiendas de aplicaciones alternativas a la App Store.

Y, por otra, habría obstaculizado el acceso de los desarrolladores de aplicaciones nativas para iOS y iPadOS a diversos canales de comercialización.

Este comportamiento se habría materializado mediante la prohibición a los desarrolladores de ofrecer a sus usuarios métodos de pago alternativos para la adquisición de servicios y suscripciones digitales dentro de sus aplicaciones.“Los comportamientos antes enunciados tendrían la potencialidad de afectar las dinámicas que promueven el desarrollo de la libre competencia económica, en la medida en que podrían generar afectaciones serias y significativas para los desarrolladores y consumidores en el mercado”, dice la SIC.

Destaca entre las posibles afectaciones significativas la creación de barreras artificiales que dificultan el ingreso y la permanencia de nuevos desarrolladores en el ecosistema de iOS y iPadOS, la generación de sobrecostos injustificados en los servicios y suscripciones ofrecidas a través de aplicaciones nativas de dicho sistema, así como la degradación de la experiencia de usuario al limitar las funcionalidades de servicios, las opciones de pago y el acceso a información relevante.