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Este es el plan del Gobierno para salvar a las Salinas Marítimas de Manaure. Busca el aval del Congreso
En un debate en las comisiones económicas conjuntas, el ministro de Comercio y el Superintendente de Sociedades presentaron el proyecto que busca mantener viva a la compañía.
La empresa de economía mixta Salinas Marítimas de Manaure Ltda. (Sama) está en pendiendo de un hilo con deudas por 14.500 millones de pesos, graves problemas de gobernabilidad y administración, y 3.000 familias indígenas que son dueñas de la concesión minera y que quedarían en el aire.
A mediados del año pasado, durante el traslado del gobierno Petro una semana a la Guajira y la posterior declaración del Estado de Emergencia, Social y Ecológica para atender la crisis en ese departamento, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo expidió el decreto 1268 con el que adoptaba medidas para recuperar y salvaguardar la operación de Sama, el cual incluía una capitalización por 61.000 millones de pesos. Sin embargo, al caerse la emergencia, el decreto también se quedó en veremos y ahora la nueva estrategia consiste en tramitarlo en el Congreso de la República.
Para eso, el Gobierno presentó un mensaje de urgencia con el que se busca acelerar el proceso legislativo. El martes 7 de mayo ante las comisiones conjuntas económicas el ministro de Comercio, Germán Umaña, explicó la necesidad del proyecto, no solo para la empresa sino para el Manaure y para la Guajira.
Aunque el proyecto planteaba usar recursos de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), la cual administra, gestiona y democratiza activos provenientes de actividades ilícitas, algunos congresistas dijeron que la idea no era conveniente y el ministro Umaña aceptó e hizo la respectiva corrección al proyecto, el cual dijo cuenta con el aval fiscal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
El alto funcionario insistió en que el objetivo es mejorar la productividad de la empresa, al menos en un 15%, mediante la colaboración de expertos. “El Ministerio implementará el modelo de extensionismo tecnológico, con 60 horas de asistencia técnica especializada en nueve áreas de servicio y participación de las comunidades”, precisó.
Así mismo, Billy Escobar, superintendente de Sociedades, se refirió al caso de Sama y dijo que va en concordancia con el plan de su entidad de reformar los procesos de reorganización empresarial, que se rigen por la Ley 1116 de 2006. “Cambia la apuesta y cambia el sentido de la ley. Ya no será la ley de insolvencia y le estamos apostando más bien a una ley de salvamento empresarial”, aseguró y explicó que la coyuntura actual exige ponerse la camiseta para salvar empresas y entender las dificultades de los hombres de negocios del país.
“Si nosotros miramos la situación de Sama hoy, se ve una empresa que no cumple con sus obligaciones, no cumple con su objeto social, está endeudada, particularmente con entidades del Estado, como la Agencia Nacional de Minería, la Agencia Nacional de Infraestructura, la Superintendencia de Sociedades, la Dian, son deudas por casi 14.500 millones de pesos, es una empresa que está paralizada y sin hay reservas; en fin, es una situación caótica con el agravante de que Sama es un eje fundamental para La Guajira. Nosotros como gobierno nacional no podemos quedarnos en la posición de sentarnos en la ley, ver un muerto y dejar que eso suceda contribuyendo a su entierro o a su defunción. La idea de nosotros es salvar la empresa a través de los mecanismos que la misma ley establece”, reiteró Escobar.
En ese plan de salvamento se buscará dialogar con todos los acreedores de Sama, con la comunidad, con los dueños de la empresa, que son básicamente las tres comunidades indígenas, y con la alcaldía de Manaure. Tanto Umaña como Escobar reiteraron que el plan debe ser integral, pues de nada serviría aplicarle una inyección de recursos a Sama si no se ajustan sus fallas de gobernabilidad y de administración.
En esta zona del país se producen 180.000 toneladas de sal al año, pero el potencial es muchísimo mayor, el tema es que esta actividad ha estado afectada por la concurrencia de intereses, culturas y visiones de diferentes grupos sociales, empresariales, de transporte, sindicales, indígenas y políticos de la región, que han generado numerosos paros y bloqueos.