Daniel Briceño acusa al Gobierno Petro de incoherencia por su plan para vender lo que le queda de Telecom, hoy operado por Movistar

En julio de 2024 se hizo pública la intención de la multinacional luxemburguesa Millicom -que opera Tigo Colombia- de comprar las operaciones de la española Telefónica en el país y fusionar las dos compañías. Desde ese momento, se empezó a especular sobre la decisión que tomarían los socios estatales de ambas empresas, pues en Tigo la sociedad es con la paisa EPM y en Telefónica, que es la firma que opera Colombia Telecomunicaciones (Coltel), la Nación tiene el 32,5 %.

Coltel nació en 2003 tras la liquidación de Telecom y fue creada como una compañía cero kilómetros, sin los problemas que traía la anterior firma de telecomunicaciones. Sin embargo, tres años después fue objeto de un proceso de privatización en el que el control quedó en manos de Telefónica Movistar y, por eso, ahora el Gobierno Nacional debe decidir si participa en la posible venta a Millicom.

Aunque suena contradictorio que un gobierno de izquierda como el actual, que está promoviendo una mayor estatización de la economía, piense en privatizaciones, se conoció que en diciembre de 2024 el Ministerio de Hacienda suscribió un contrato con la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN) por 18.000 millones de pesos (4,1 millones de dólares) para recibir asesoría en la evaluación y la estructuración de la posible venta.

El concejal de Bogotá, Daniel Briceño, hizo un análisis sobre el contrato con la FDN, poniendo en evidencia que implica una contradicción con el discurso del presidente Gustavo Petro, que es en contra de las privatizaciones, pues claramente el Gobierno nacional estaría buscando vender la participación de la Nación en Coltel. “Petro va a terminar de privatizar lo que queda de Telecom”, aseguró el cabildante en su cuenta de X.

En el contrato con la FDN, el Ministerio de Hacienda explica que administra un portafolio de 39 empresas en las que es accionista directo e indirecto, en diferentes sectores económicos y que para su enajenación debe contar con estudios técnicos, que incluyan la valoración de la entidad cuyas acciones se pretenda vender.

La valoración de Coltel aún no se conoce, pero desde Hacienda también señalan que “es uno de los mayores impulsores de la economía digital en el país, con ingresos por 7,12 billones de pesos en 2023. La actividad de la compañía, que opera bajo la marca comercial Movistar, se centra fundamentalmente en los negocios de telefonía y conectividad móvil, servicios de banda ancha, fibra óptica al hogar, televisión de pago, telefonía fija y una completa oferta de soluciones digitales para pequeñas, medianas y grandes empresas y corporaciones”. Además, está presente en 70 ciudades y municipios del país con fibra óptica, 240 con banda ancha fija y más de 1.120 con telefonía móvil 4G LTE. Cerró el primer trimestre de 2024 con una base de clientes de 24,4 millones en todo el país: 20,7 millones de líneas móviles, 1,5 millones de clientes de banda ancha -1,3 millones con fibra-, 841 mil de TV de pago y 1,4 millones de líneas fijas en servicio.

En Hacienda justifican el contrato con la FDN en la posible operación corporativa entre Telefónica y Millicom, razón por la cual requieren ayuda con la valoración de la participación de la Nación en Coltel, así como asesoría y acompañamiento en el proceso de enajenación de las acciones.

Sin embargo, Briceño señala que es llamativo que el contrato con la FDN se firmara el 20 de diciembre de 2024, tan solo un día después de que Tigo-UNE y Movistar presentaran la solicitud de integración empresarial ante la Superindustria. Se pregunta si es una simple coincidencia. Igualmente, le llama la atención que el pasado agosto de 2024, el presidente Petro atacó fuertemente al alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, por la decisión de vender la participación de EPM en Tigo-UNE. “Y ahora Petro quiere hacer exactamente lo mismo con la participación de la Nación en Coltel”, precisa.

Así mismo, indica que la oferta vigente de Millicom por Coltel es de 400 millones de dólares. “Lo que le daría a la Nación unos 130 millones de dólares, unos 565.000 millones de pesos”, y se pregunta por qué el Gobierno decidió gastar 18.000 millones de pesos en un contrato para recibir asesoría, los cuales equivalen al 3,2 % de toda la venta.

Finalmente, el concejal capitalino deja en claro que no está en contra de las privatizaciones y que lo único que está haciendo con sus publicaciones es “mostrar la incoherencia del presidente Petro”.

Para aalgunos,la decisión de explorar una posible venta está relacionada con la difícil situación fiscal que enfrenta el Gobierno tras la caída de la ley de financiamiento, que le dejó un hueco de 12 billones de pesos.