Tras tensiones políticas con Estados Unidos, la atención está puesta en los aranceles. ¿Cómo queda Colombia?

El pasado jueves, 3 de julio, Colombia tuvo un déjà vu. Los fantasmas de la crisis con Estados Unidos que se registró el pasado 26 de enero, con lo que habrían sido graves sanciones económicas, financieras y comerciales, revivieron tras el llamado a consultas del encargado de negocios de Estados Unidos en Bogotá, John McNamara, y del embajador colombiano en Washington, Daniel García-Peña.

Las tensiones se habrían elevado por las afirmaciones del presidente Gustavo Petro, cuando señaló que, según un “presidente vecino”, Marco Rubio, secretario de Estado de los Estados Unidos, “está organizando un golpe de Estado”.

Sin embargo, tras el llamado a consultas de los representantes de los dos países, Petro dijo: “No creo que Marco Rubio esté en un golpe de Estado contra Petro, porque los señores de la extrema derecha que estaban en eso no llegaron a su oficina”.

Por ahora, la situación sigue tensa y no ha desescalado, por ejemplo, con el regreso de los representantes de cada país a sus sedes diplomáticas.

Este hecho se da, apenas unos días antes de cumplirse una fecha clave en la política arancelaria del presidente Donald Trump, el 9 de julio. Ese día, en principio, vence el plazo para un grupo de países que, si no están involucrados en un proceso de negociación activa con Estados Unidos, enfrentarán el restablecimiento automático de aranceles más altos.

Este domingo, 6 de julio, se conoció que Estados Unidos aplicará el próximo primero de agosto aranceles a aquellos socios comerciales con los que no haya alcanzado acuerdos, bien sea Taiwán o la Unión Europea, declaró el secretario del Tesoro, Scott Bessent.

Los aranceles “saltarán” hasta los niveles, en algunos casos, muy elevados que el presidente Donald Trump había anunciado el 2 de abril, antes de suspender los gravámenes para permitir negociaciones comerciales y establecer un plazo hasta el 9 de julio para conseguir acuerdos, dijo Bessent a la cadena CNN.

Además, tarde en la noche del domingo se conoció una nueva advertencia del presidente Donald Trump: un arancel adicional del 10 % para todos los países que se alineen con las políticas de los BRICS, advirtiendo que “no habrá excepciones”.

Colombia ya había manifestado su intención de unirse a ese bloque y su primera aproximación fue al ingresar al Banco de Desarrollo de los BRICS.

¿Qué pasará con Colombia en los dos escenarios: el coyuntural de la nueva tensión y el comercial, con el aumento de aranceles? María Claudia Lacouture, presidenta de la Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham Colombia), y un documento de esta entidad explican estos alcances.

La coyuntura

La reciente llamada a consultas del encargado de negocios de Estados Unidos, junto con la decisión de Colombia de llamar a su embajador, refleja una tensión real en la relación bilateral. Este tipo de medida no implica una ruptura diplomática, pero sí constituye una señal de alerta seria, que requiere ser atendida con responsabilidad.

“En este caso, al no contar con detalles concretos sobre los requerimientos o las medidas que se piensan tomar por parte del Departamento de Estado y el gobierno estadounidense, es difícil estimar un impacto real. Pese a esto, es posible afirmar que, al ser una decisión del secretario Rubio sobre la que el presidente Trump aún no se pronuncia, es improbable que la medida se vea acompañada por represalias comerciales como aranceles, ya que a lo largo de su segundo mandato el presidente Trump se ha encargado de anunciar las amenazas e imposiciones arancelarias directamente”, dijo Lacouture.

Señaló que lo fundamental en este momento es evitar una escalada, preservar los canales institucionales y actuar con prudencia para proteger una relación comercial que ha sido clave para el desarrollo económico y la inversión en Colombia.

“Hoy más que nunca se requiere prudencia, diálogo institucional y visión de largo plazo para mantener firme una relación que ha sido clave para el progreso del país”.

La nueva tensión, sumada a los pobres resultados en materia de incremento de cultivos ilícitos en Colombia, anticipan que el país podría ser descertificado por Washington. La descertificación es una medida de alto impacto político y simbólico, que envía un mensaje de desaprobación desde Estados Unidos y puede tener implicaciones económicas, diplomáticas y comerciales para el país afectado.

“Si se llegaran a aplicar sanciones severas, las consecuencias serían más profundas: suspensión total de la ayuda, posibles bloqueos en organismos como el Banco Mundial o el FMI, restricciones financieras desde el Departamento del Tesoro, y presión para excluir al país de beneficios comerciales, como tratados de libre comercio o sistemas preferenciales”, explicó Lacouture, aunque dejó abierta una puerta: “Históricamente, los países que han enfrentado procesos de descertificación han optado por establecer acuerdos de cooperación con Estados Unidos para revertir la medida, como ocurrió en el pasado con la creación del Plan Colombia, una estrategia que transformó la relación bilateral en torno a objetivos comunes. Un camino viable en caso de una crisis sería la construcción de un plan de trabajo conjunto que fortalezca la cooperación antidrogas y contribuya a restablecer la confianza institucional”.

Los aranceles

Desde el anuncio de los llamados “Liberation Day Tariffs” a inicios de abril, la administración Trump ha implementado una estrategia comercial diferenciada por países, con tres niveles de aranceles, explica un documento de AmCham Colombia, antes de conocerse la decisión del presidente Trump de un arancel adicional del 10 % para los países alineados con los BRICS.

El primero, nivel base (10 %), aplicado a países como Colombia, considerados de menor riesgo comercial para Estados Unidos. El segundo, nivel variable (20 %-50 %), aplicado a 57 países con déficits comerciales significativos con Estados Unidos, que vence el 9 de julio. Y aranceles adicionales sectoriales dirigidos principalmente a China y asociados a productos estratégicos.

Desde abril, la Casa Blanca ha enfocado su estrategia en cerrar acuerdos rápidos y sectorizados, priorizando aliados clave. Los resultados han sido heterogéneos, pero muestran un patrón claro: los aranceles base del 10 % no se han eliminado para ningún país, y los avances han dependido del acercamiento diplomático y la voluntad de negociación sectorial.

AmCham, en su estudio, pone ejemplos de recientes acuerdos. Con Reino Unido, en junio, se firmó un acuerdo que fija aranceles del 10 % para autos y motores aeronáuticos; el excedente de vehículos paga un 25 %. El resto de los productos británicos enfrenta un arancel base del 10 %. A su vez, con China, tras un aumento punitivo del 145 %, se acordó una reducción al 55 % para productos clave, como parte de un entendimiento preliminar. El pasado 2 de julio, con Vietnam se anunció un nuevo esquema: 20 % para bienes generales y 40 % para productos sospechosos de transshipping (reexportación encubierta de origen chino). Esto significó una reducción frente al 46 % que se había impuesto originalmente.

Pero, al mismo tiempo, las conversaciones con Japón están estancadas, y hay advertencias de posibles aranceles del 30 % - 35 % si no hay avances antes del 9 de julio. Con la Unión Europea aún no se alcanzan acuerdos con relación a productos clave, como acero, aluminio y automóviles. Entre tanto, con Canadá se reactivó el diálogo tras suspender un impuesto digital que había generado tensiones.

Colombia, señala AmCham, fue incluida desde el principio en el grupo de países con arancel base del 10 %, sin medidas adicionales. No está sujeta a un aumento el 9 de julio, porque no forma parte del grupo de 57 países con vencimiento del plazo ni ha enfrentado sanciones adicionales.

“Sin embargo, tampoco ha iniciado negociaciones con Washington, lo que significa que se mantiene en un estatus estático, con el arancel del 10 % vigente y sin perspectivas inmediatas de reducción. A la fecha, ningún país ha logrado disminuir este arancel base. La experiencia de países como Vietnam, Reino Unido o China sugiere que la única vía para avanzar es entablar negociaciones sectorizadas con un enfoque técnico y pragmático, ajustado a las prioridades estratégicas de Estados Unidos”, señala.

Agrega que, en el escenario actual, el acuerdo comercial entre Colombia y Estados Unidos se mantiene como un activo estratégico clave. “Aunque puesto a prueba, sigue vigente y operando a favor del país”.

Por tener un TLC vigente, Colombia parte de un arancel base de 0 % para la mayoría de sus exportaciones. Sin embargo, señala AmCham, en el contexto de los “aranceles de liberación” establecidos por Estados Unidos, se le asignó el nivel más bajo dentro del nuevo esquema: un arancel del 10 %, que aplica de forma generalizada a los países con acuerdo o relación estratégica.

“Esto le da a Colombia una ventaja frente a países que podrían enfrentar aranceles del 25 %, 35 % o incluso 50 %. Además, el TLC ofrece un marco institucionalizado para el diálogo y la resolución de controversias, lo que evita decisiones unilaterales”, advierte el informe.

No obstante, esta ventaja puede erosionarse si otros países logran acuerdos preferenciales con Washington en sectores donde compiten directamente con Colombia. “Al no estar en proceso activo de negociación, el país corre el riesgo de quedar en desventaja relativa frente a naciones que sí avancen en la reducción de sus aranceles en productos sensibles para la oferta exportadora colombiana”.

“Desde el 26 de enero, hemos actuado de manera proactiva, estableciendo canales directos con el gobierno de Estados Unidos, congresistas y centros de pensamiento. Este esfuerzo ha permitido posicionar a Colombia como un socio confiable y generar espacios de diálogo enfocados en beneficios mutuos”, dijo Lacouture. Y destaca que se han llevado a cabo reuniones de alto nivel, ruedas de negocios y misiones empresariales que refuerzan los lazos comerciales desde la base: los empresarios, evidenciando oportunidades concretas de inversión, comercio y cooperación.

A pesar de esto, persisten varios temas delicados que generan fricción en la relación comercial entre Colombia y Estados Unidos, los cuales deben ser abordados para avanzar en una eventual reducción del arancel del 10 % o en nuevos beneficios comerciales. Entre los principales se encuentra la exigencia de Colombia de certificaciones adicionales para autopartes y sistemas de seguridad en vehículos, medida que Estados Unidos considera una barrera técnica injustificada y discriminatoria, afirma el estudio.

“A esto se suman las acciones relacionadas con la chatarrización, que limita el acceso de camiones importados al mercado colombiano. También se ha expresado preocupación por la licitación del acuerdo marco de nube pública, que podría excluir de facto a proveedores estadounidenses, y por iniciativas regulatorias que impondrían licencias previas obligatorias para la importación de productos farmacéuticos, afectando la previsibilidad del comercio en este sector”, relaciona el informe.

Otros temas que generan inquietud son el nuevo impuesto digital por “presencia económica significativa” (SEP), “considerado discriminatorio, así como las debilidades en protección de propiedad intelectual, condiciones laborales, y ciertas barreras sanitarias y fitosanitarias como requisitos restrictivos para exportaciones agroindustriales”, concluye el análisis.

Colombia, destaca el informe, ha optado por la prudencia: no habrá retaliación arancelaria ante un posible aumento de tarifas por parte de Estados Unidos.

“Desde abril, la Cancillería y el Ministerio de Comercio han dejado claro que el país no responderá con medidas recíprocas. La estrategia oficial ha sido mantener una diplomacia comercial técnica y no confrontacional, enfocada en preservar el acceso al mercado estadounidense y evitar impactos económicos mayores”, anticipa el documento de AmCham.

Y puntualiza: “Imponer aranceles como respuesta sería contraproducente, dada la alta dependencia de insumos y bienes intermedios provenientes de Estados Unidos. De hecho, un análisis de Anif para AmCham Colombia muestra que una retaliación arancelaria elevaría la inflación hasta un 4,4 % (frente al 4,2 % del escenario base), y reduciría el crecimiento económico a 2,65 %, producto del encarecimiento de insumos importados”.