Reforma laboral: no se atacan las fallas estructurales del mercado en Colombia, mientras crece la informalidad

El mercado laboral rara vez había enfrentado un escenario tan convulso. Desde el debate sobre la reforma laboral y el intento de revivir la consulta popular, hasta el impacto de la inteligencia artificial y la agenda global marcada por el escalamiento arancelario impulsado por el presidente Donald Trump.

La reforma laboral sigue generando tensiones no solo por los efectos que tendrá, sino por el momento político. Como insistió recientemente en un foro de SEMANA el presidente de Acopi, Rodolfo Correa, “no es una buena reforma y se van a perder muchos empleos”.

Pero, agregó el líder gremial: “Toca aguantarnos, porque estamos bajo un mecanismo de presión de que van a incendiar al país. Quieren provocar otro estallido social, pero no les va a funcionar, como hace cuatro años, porque ahora los jóvenes están descontentos ante la falta de resultados. Se están aliando con los sindicatos como excusa. A los empresarios nos toca aguantarnos esta reforma, porque nos toca, y para que no acaben con el país”, señaló.

Es necesario evaluar el impacto de la reforma y los alcances que tendría, pues si bien podría impulsar el consumo interno y hasta la recaudación fiscal al aumentar la estabilidad laboral y los salarios, las controversias se han dado por el aumento en los costos laborales, lo que podría desincentivar la contratación formal y la inversión, la huella que deje en las cuentas fiscales, y si será o no un instrumento para reducir la profunda informalidad del mercado laboral en Colombia.

La irrupción de la inteligencia artificial, los debates sobre la pertinencia de la formación académica, las nuevas exigencias empresariales y los cambios en las relaciones laborales, acelerados desde la pandemia, han generado una profunda agitación en el mercado laboral.

Todo ello en medio del nerviosismo global por la escalada arancelaria y la posibilidad de que el mundo esté frente a una transformación comercial y geopolítica que podría cambiar la forma en que se han hecho los negocios en los últimos años.

¿Cómo se ha movido el empleo y la ocupación en Colombia en medio de este tsunami de factores? La respuesta tiene dos caras: por un lado, una mayor resiliencia; pero, por otro, una gran preocupación por la informalidad.

Un análisis de Corficolombiana explica que, en el primer trimestre, la tasa de desempleo se ubicó en 10,5 %, 1,3 puntos porcentuales menos que un año atrás y el nivel más bajo para un primer trimestre desde 2015. Este desempeño se explicó por la creación de 971.000 nuevos empleos (crecimiento anual de 4,3 %) en un contexto de mayor dinamismo económico, con un crecimiento del PIB anual de 2,7 %, el más alto en dos años.

A pesar de la incertidumbre local y global, la firma mantiene una expectativa de actividad económica al alza este año, que haría que el mercado laboral conserve en los próximos meses la tendencia de recuperación. Como señala el informe, las estimaciones llevarían a que la tasa de desempleo se ubique en promedio en 10 % en 2025, un nivel inferior al que se registraba antes de la pandemia, 10,9 % en 2019, y similar al promedio de 10 % registrado en 2018.

Esa es la buena noticia, pero hay otra cara de la moneda. Aunque los resultados recientes del mercado laboral son positivos en términos de reducción del desempleo y aumento de ocupados, preocupa el deterioro en la calidad del empleo. Si bien se crearon cerca de un millón de nuevos puestos, el 78 % fueron informales. Es decir, el crecimiento económico se ha concentrado en actividades informales, con limitada capacidad para generar empleo productivo y de calidad.

La tasa de informalidad laboral a nivel nacional se ubicó en 57,2 %, lo que representa un incremento de 0,9 puntos porcentuales respecto al mismo periodo de 2024 y a su nivel más alto de los últimos dos años.

Además, el crecimiento de algunos sectores ha sido fundamental en la ocupación, pero hay alertas en materia de informalidad. Por ejemplo, para el primer trimestre, el agro —uno de los sectores más dinámicos— tuvo 500.000 personas formales y 2,9 millones informales, como lo señaló Andrea Ramírez, subdirectora del Dane, en un foro de SEMANA.

Lo mismo pasó con actividades artísticas que para los tres primeros meses del año alcanzó también unos 500.000 empleos formales, pero registró 1,5 millones informales.

“El hecho de que el incremento de la ocupación se esté concentrando en empleos sin un contrato formal ni aportes a seguridad social evidencia problemas estructurales de la economía colombiana que afectan la productividad del empleo e imponen restricciones para poder avanzar en reducir la pobreza y la desigualdad. Además, el avance de la informalidad implica que el crecimiento económico tenga un menor impacto en el recaudo tributario. Mala noticia en medio de la compleja situación fiscal que vive el país”, dice el informe de Corficolombiana.

Agrega que el panorama es aún más preocupante a nivel sectorial, ya que la mayor parte de las actividades están contribuyendo al crecimiento del empleo a través de puestos informales, mientras que la destrucción neta de plazas de trabajo se concentra casi que exclusivamente en el empleo formal.

“Casi la totalidad (97,4 %) del empleo destruido en lo que va del año corresponde a trabajos formales, lo que evidencia un deterioro en la capacidad del aparato productivo para sostener relaciones laborales bajo estándares legales y de protección social —advierte el estudio de Corficolombiana—. Esta tendencia sugiere que las empresas están ajustando sus estructuras laborales, no a través de la generación de empleo de calidad, sino mediante la sustitución de empleos formales por modalidades más flexibles, de menor costo y fuera del marco normativo, lo que profundiza la segmentación del mercado laboral entre un reducido grupo de trabajadores protegidos y una mayoría creciente en condiciones de vulnerabilidad e informalidad”.

La informalidad laboral en Colombia es resultado de las condiciones impuestas por el diseño de las reglas laborales. En primer lugar, se encuentran las trabas de los costos salariales. En particular, los incrementos recientes del salario mínimo han excedido de forma creciente la inflación observada, mientras que el aumento en la productividad laboral ha sido marginal, asegura el informe.

Para Corficolombiana, las preguntas de la consulta popular como ciertas disposiciones en los proyectos de reforma laboral avanzan en sentido contrario a lo necesario para corregir fallas estructurales del mercado laboral colombiano.

“En lugar de promover la productividad, reducir los costos de cumplimiento y generar incentivos para la formalización, iniciativas como la reducción de la jornada diurna, el aumento de recargos por trabajo dominical y festivo, y la mayor indemnización por despido sin justa causa tienden a acentuar la rigidez laboral, encarecen la contratación formal y aumentan la exposición de las empresas a riesgos jurídicos y económicos, desincentivando así el empleo estable. No en vano, un estudio del equipo técnico del Banco de la República (2023) estimó que una versión de esta reforma podría recortar cerca de 450.000 empleos formales en un horizonte de tres a cuatro años”, puntualiza el estudio.

Pero las observaciones sobre la reforma y sus alcances van más allá por parte de Corficolombiana y hace una dura advertencia: cualquier reforma que incremente los costos laborales sin corresponsabilidad en productividad o que limite la flexibilidad de adaptación de las empresas a las condiciones del ciclo económico, termina trasladando una parte de la fuerza laboral hacia la informalidad. “Si bien se absorbe el empleo en el corto plazo, lo hacen bajo condiciones precarias, sin acceso a la seguridad social, la protección legal o los beneficios derivados del trabajo decente”.

Advierte que lejos de cerrar las brechas de informalidad, las propuestas de la reforma laboral podrían tener “un efecto perverso al consolidar un mercado laboral dual, donde los derechos laborales formales se concentran en una fracción reducida de los trabajadores, mientras que la mayoría permanece excluida de las garantías mínimas”.

Y concluye con un mensaje para replantear el enfoque de las reformas, “priorizando una agenda que equilibre la protección laboral con la sostenibilidad empresarial, y que, en lugar de ahondar las distorsiones existentes, promueva un entorno institucional y económico que facilite la transición efectiva hacia la formalidad”.