Lupa a las cuentas del Gobierno: el incremento del 27% en “el gasto de personal no es justificable”, dice Anif. Estos son los riesgos de incumplir la regla fiscal

El viernes 13 de junio, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público presentó el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) que incluye llevar el déficit fiscal al 7,1 % en este año, tras la cláusula de escape de la regla fiscal, para luego bajarlo a 6,2 % en 2026. Eso llevará a un incremento de la deuda, en el equivalente al 61,3 % del producto interno bruto (PIB) en este año, y se mantendrá en la tendencia creciente por los próximos tres años.

El Gobierno planea presentar una tributaria para recaudar al menos 19 billones de pesos, mientras el gasto público, en vez de recortarse, como lo han recomendado expertos, se aumentará en 18,4 billones de pesos.

Anif, uno de los centros de pensamiento más importantes del país, señaló tras conocerse el MFMP que las cifras reveladas por el Gobierno evidencian unas cuentas más acordes con la realidad y con sus estimativos, en la medida en que se revisa a la baja la proyección de ingresos, presentada en el plan financiero a inicio de año.

En ese momento, recordó Anif, se estimaban unos ingresos tributarios que ascendían a $ 299,9 billones, cifra que para este centro de pensamiento fue calificada como “optimista, pues superaba en $ 54,8 billones el recaudo de 2024”.

Y agregó: “Ahora bien, en el ejercicio de mostrar unas cuentas fiscales más realistas, el Gobierno reconoce que el recaudo tributario este año será menor y apenas alcanzaría $281,4 billones (incluyendo lo que espera recibir por aumento de retenciones). Esto equivale a una reducción de $18,5 billones en los ingresos frente a lo proyectado en el plan financiero 2025, que se explica por una revisión a la baja del recaudo de la Dian y de los esfuerzos por gestión, ante una inadecuada estimación de los ingresos y una sobreestimación del crecimiento del PIB”.

Afirmó Anif que las nuevas proyecciones de ingresos del Gobierno se acercan a sus cálculos, pues estima unos ingresos tributarios por $ 267 billones, a los cuales se debe sumar el ingreso adicional que se recibiría por cuenta del incremento a las retenciones en la fuente por concepto de renta para personas jurídicas, anticipando así parte del recaudo de 2026 para 2025.

Según las estimaciones de Anif, esto podría aumentar el recaudo en $ 9,7 billones. En línea con esto, la entidad calcula que los ingresos tributarios este año serían de $ 276,7 billones, $ 4,7 billones por debajo de lo presentado por el Gobierno. Pero anticipa una preocupación: si bien el aumento en los ingresos por retenciones brinda un alivio fiscal parcial al Gobierno en el corto plazo, existe el riesgo de que esto derive en un desbalance en 2026. “Un anticipo excesivo de retenciones podría afectar la actividad económica y, con ello, reducir las utilidades empresariales, lo que implicaría un menor recaudo el próximo año y un aumento en las devoluciones tributarias por parte del Gobierno”. Lo que algunos han llamado: “pan para hoy, hambre para mañana”.

Por el lado del gasto, el Gobierno proyecta unos gastos totales por cerca de $ 438,9 billones, equivalentes a 24,2 % del PIB. Esto representa un incremento de 0,9 puntos porcentuales del PIB frente a lo estipulado en el plan financiero 2025 y de 1 punto porcentual del PIB frente a 2024.

“Desagregando ese dato, $ 353,1 billones (19,5 % del PIB) corresponderían a gasto primario, mientras el pago de intereses ascendería a $85,8 billones (4,7% del PIB, por debajo del 4,8% estimado en el plan financiero 2025, pero muy por encima de los intereses del 4,3% del PIB, observados en 2024). Según lo reportado por el Gobierno, el cambio en los gastos frente al plan financiero 2025 responde principalmente a las presiones de inflexibilidades y a la mayor ejecución del rezago presupuestal (que fue históricamente alto en 2024, alcanzando los $ 55,4 billones)”, señala el informe.

Así las cosas, el déficit fiscal proyectado para este año sería 7,1 % del PIB, 2 puntos porcentuales por encima de lo que se estimaba en el plan financiero publicado a inicio de año (5,1 %).

“El balance primario se ubicaría en -2,4 % del PIB (empeorando 2,2 puntos porcentuales frente al plan financiero 2025). Ahora bien, el Gobierno debería estar haciendo un esfuerzo por recortar el gasto. Si bien es cierto que buena parte de este es inflexible, es difícil comprender por qué el gasto de personal se incrementaría cerca de 30 % anual en 2025 ($ 10,3 billones), cuando la situación fiscal es tan apretada. Entendemos que esta partida incluye unos compromisos de gasto en personal de la fuerza pública de fuerza de ley, pero insistimos que un incremento de 27%, un gasto adicional de medio punto del PIB en personal, en este tipo de gasto, no es justificable dada la realidad fiscal del país”, advirtió Anif.

Además, encendió una nueva alarma y preocupación: dado que la activación de la cláusula de escape permite el incumplimiento de la regla fiscal, el Gobierno ya no tendrá un límite de endeudamiento.

“De esta manera, la deuda podría seguir aumentando, acercándose al límite del 71 % y dificultando su retorno al ancla definida en la regla fiscal. Esto, además, se reflejaría en mayores tasas de interés para los sectores público y privado”, señaló Anif.

En efecto, el Gobierno estima que la deuda ascendería a 61,3 % del PIB en 2025 (6,3 puntos porcentuales por encima del ancla de 55 % del PIB) y alcanzaría un pico de 63,8 % del PIB en 2027. A partir de ahí empezaría a bajar, dado el retorno a las métricas de la regla fiscal en 2028, hacia niveles de 61,3 % del PIB en 2036.

Se estiman necesidades de financiamiento adicionales a lo proyectado en el plan financiero 2025 por $56,6 billones, con lo cual ascienden hasta $ 193,0 billones. Esto, según explicó Anif, crece debido a un aumento del déficit a financiar en $ 38,8 billones; y a una mayor disponibilidad de caja prevista en $ 28,8 billones por una estrategia de restituir los saldos de liquidez del Gobierno mediante una reserva, buscando reducir el riesgo de liquidez que perciben los mercados.

En cuanto a las fuentes de financiamiento, $ 38,6 billones corresponden a desembolsos externos mediante bonos, multilaterales y comerciales, mientras que $ 80,8 billones corresponden a desembolsos internos, los cuales se buscan diversificar entre TES, subastas, ETF, bonos pensionales, entre otros.

Para Anif, el incumplimiento de la regla fiscal plantea riesgos significativos para la estabilidad macroeconómica del país, que resumió en distintos frentes. En primer lugar, ante un mayor desbalance fiscal y un panorama de incertidumbre, el Gobierno podría enfrentar mayores necesidades de financiamiento tanto interno como externo, lo que llevaría a un aumento en las tasas de interés exigidas por los inversionistas y, por ende, a una reducción del margen de maniobra fiscal. En segundo lugar, el Banco de la República podría verse limitado en su capacidad para reducir la tasa de interés con mayor rapidez, afectando así la velocidad de recuperación económica.

Tercero, se profundiza la incertidumbre sobre la renovación de la Línea de Crédito Flexible por parte del FMI, ya que un incumplimiento reiterado de la regla, junto con una senda de ajuste poco creíble, podría derivar en el retiro definitivo de este respaldo, así como rebajas adicionales en la calificación de riesgo soberano por parte de las agencias internacionales.

Cuarto, podrían generarse presiones sobre la tasa de cambio, encareciendo las importaciones y elevando el costo de vida vía inflación, además de afectar las devaluaciones de los activos financieros, con potenciales repercusiones sobre el ahorro pensional.

Finalmente, el desafío no solo radica en volver a cumplir la regla, sino en que, dada la magnitud actual de la deuda según el MFMP, el ajuste requerido para alinear el gasto con los límites de la regla será aún más exigente y políticamente costoso.

Anif insistió en implementar recortes adicionales y más ambiciosos del gasto público. “Si bien el presupuesto presenta un alto nivel de rigidez —con inflexibilidades cercanas al 86 %—, el amplio desbalance fiscal del país exige una revisión exhaustiva del gasto discrecional, su eficiencia y sus impactos. En un contexto de primas de riesgo elevadas, que encarecen el financiamiento del Gobierno, una mayor austeridad podría contribuir a reducir las tasas de interés, estimular el crecimiento económico y mejorar el recaudo tributario”, señaló.

Advirtió que Colombia necesita una reforma estructural de su marco fiscal que incluya la discusión de nuevas fuentes de ingresos. Esto implica, entre otros aspectos, ampliar la base de contribuyentes en el impuesto sobre la renta, de modo que más ciudadanos aporten, incluso con tasas bajas. “Sin embargo, actualmente el margen para avanzar en esta dirección es muy limitado, debido a la desconfianza ciudadana en el manejo de los recursos públicos. Esta desconfianza es el resultado de una larga historia de escándalos de corrupción y baja eficiencia en la provisión de bienes públicos esenciales”, sentenció la Anif.