¿Qué pasaría si Trump sanciona económicamente a Colombia? María Claudia Lacouture da las cifras de los millones que se afectarían

SEMANA: Después de la crisis del pasado fin de semana, ¿en qué estamos en cuanto a la relación entre Colombia y Estados Unidos?.

MARÍA CLAUDIA LACOUTURE: La relación Colombia-Estados Unidos sigue siendo estratégica, y los hechos lo han demostrado, pero atraviesa una fase de recalibración. No hay ruptura, sí tensiones derivadas de expectativas y ritmos distintos. Son gestionables con voluntad y su desenlace dependerá de la diplomacia, no solo del Gobierno, sino también de la posición del sector empresarial, las regiones y ciudades en temas concretos como seguridad, comercio, migración, Venezuela y cooperación.

SEMANA: ¿Qué implica en lo inmediato?.

M.L.: Siete frentes definen el pulso. Narcotráfico: frustración, no divorcio. Washington percibe vacíos en la política antidrogas bajo la “paz total”, hay frustración, pero reconoce el peso estratégico de Colombia. La respuesta debe ser un trabajo conjunto, corresponsabilidad. Descertificación con exención: señal de alerta, no de quiebre. La exención mantiene el canal abierto con la fuerza pública y la Policía Nacional, bajo lupa. Es clave demostrar resultados verificables y trazables. Aranceles: postergados, pero vivos. El 10 por ciento sigue; hay margen para alivios sectoriales –especialmente agro– si avanzan los criterios técnicos. Riesgo: otros países ya ganan ventaja en negociación para reducir aranceles. Ayuda económica: riesgo real e inmediato. Hay congelamiento y plan de recorte en el Congreso. Se deben activar vocerías bipartidistas, blindar programas de alto impacto con evidencia y auditoría, y priorizar desembolsos con cofinanciación. Gobierno vs. país: diferenciación útil, pero insuficiente. Se ha contenido el daño, pero ya no es suficiente. Es necesario el involucramiento con propuestas desde el sector empresarial y autoridades regionales sobre las apuestas en la relación. Migración: avances, pero sin triunfalismo. La gestión se mantiene estable; el tapón del Darién exige compromiso sostenido y coordinación regional. La prioridad es fortalecer la cooperación operativa, la comunicación en tiempo real y un sistema de métricas humanitarias y de seguridad fronteriza. Y Venezuela: mantener por fuera de la ecuación bilateral. Evitar que contamine la agenda con Estados Unidos, por lo que se debe insistir en la restauración democrática y canalizar ese tema por vías multilaterales, sin hipotecar la relación económica y de seguridad con Washington.

SEMANA: Una de las amenazas del presidente Trump ha sido el incremento de aranceles. ¿Qué tan cerca o lejos estamos de eso?.

M.L.: Hoy los aranceles están postergados, pero latentes. En la práctica, la decisión depende del presidente Trump y puede activarse bajo instrumentos de seguridad nacional o comercio exterior, sin trámite legislativo previo. Dicho eso, no estamos ante una decisión tomada: el riesgo es real, pero condicional. Su probabilidad crece si en Washington se consolida la percepción de insuficiente cooperación verificable en materia de drogas, justicia y control del narcotráfico; disminuye si hay señales claras, medibles y oportunas de coordinación bilateral.

SEMANA: ¿Qué está en juego si se llega a dar?.

M.L.: En una palabra, bienestar. Un aumento de aranceles golpearía la competitividad, encarecería la entrada a nuestro principal mercado y forzaría a las empresas a reducir costos mientras buscan nuevos destinos, con la consiguiente presión sobre el empleo. En Colombia, más de 5 millones de puestos de trabajo se relacionan –directa o indirectamente– con exportaciones, inversión y turismo.

SEMANA: ¿Cuál sería el impacto?.

M.L.: El impacto sería inmediato en sectores emblemáticos y, desde allí, se propagaría en cascada al resto de la economía. Para ilustrarlo, un par de ejemplos: cerca del 40 por ciento del café colombiano se vende en Estados Unidos, una cadena de valor de la que dependen más de 1.314.133 personas; y la industria de flores, que destina alrededor del 80 por ciento de sus exportaciones a ese mercado y genera unos 200.000 empleos –en su mayoría mujeres cabeza de hogar–, también se vería fuertemente afectada. A esto se suman servicios, manufacturas y logística: cualquier encarecimiento del comercio se transmite a grandes, medianas y pequeñas empresas integradas a cadenas que hoy dependen, en mayor o menor medida, del vínculo con Estados Unidos.

SEMANA: ¿Qué cálculos han hecho?.

M.L.: No es un debate abstracto; pega directo a ingresos, empleo y precios. Desde enero venimos haciendo seguimiento y análisis de impacto; y en abril, con el apoyo de Anif, se desarrolló un escenario hipotético de arancel del 25 por ciento a nuestras exportaciones hacia Estados Unidos. El resultado es claro y se sentiría en el bolsillo de los colombianos: se tendría una caída de 17 por ciento en exportaciones (-2.437 millones de dólares), menor crecimiento del PIB (-1,3 puntos porcentuales), 139.000 empleos menos, inflación al alza (+50 puntos básicos), el recaudo caería 4,7 billones de pesos en el primer año y 5,2 billones en el segundo. Por sectores, el golpe sería mayor en flores (-727 millones de dólares, -38,5 por ciento), café (-281 millones de dólares) y piedras preciosas (-259 millones de dólares); en los cuatro principales departamentos exportadores la contracción sumaría 1.100 millones de dólares. En cadenas sensibles, la frutícola caería 17,5 por ciento (-75,1 millones de dólares, y 2.000 empleos menos) y la floricultura perdería 1.200 empleos y 201.000 millones de pesos de valor agregado en dos años.

SEMANA: ¿Cuál es el estado real del TLC entre Colombia y Estados Unidos? El presidente Petro ha dicho que el TLC está “suspendido de facto”.

M.L.: El TLC Colombia-Estados Unidos está vigente. De acuerdo con el texto del TLC y su legislación de implementación, la figura de ‘suspensión’ no está contemplada; por ende, la idea de una ‘suspensión de facto’ no se sostiene en el marco vigente.

SEMANA: ¿Podría darse que Estados Unidos levante el waiver que dio al descertificar a Colombia?.

M.L.: Sí. El presidente de Estados Unidos puede autorizar asistencia cuando sea “vital para los intereses nacionales”, facultad que también le otorga la posibilidad de suspenderla si cambian las condiciones. Además, se otorga autoridad “no obstante” para modular, limitar o suspender asistencia por razones de interés y seguridad nacional, con notificación al Congreso. Por lo tanto, la determinación de interés nacional (waiver) que hoy mantiene la asistencia a Colombia puede modificarse o revocarse en cualquier momento. De ocurrir, cesan las excepciones y aplican las restricciones propias de la designación failed demonstrably (descertificación): reducción o suspensión de asistencia no humanitaria/antidrogas, condicionalidades más estrictas e instrucciones de voto adverso de Estados Unidos frente a nuevos o ampliados créditos en bancos multilaterales. Adicionalmente, el presidente podría invocar otros marcos legales para medidas complementarias (por ejemplo, otras normas comerciales para aranceles; IEEPA/Kingpin/Global Magnitsky para sanciones financieras; o restricciones de visado), siempre mediante decisiones y actos separados.

SEMANA: ¿Qué podría pasar para el país tras la inclusión del presidente Petro y personas de su círculo más cercano en la lista OFAC (antes Lista Clinton)? Hipotéticamente, si incluyen, por ejemplo, al ministro de Hacienda, ¿qué pasaría con la financiación del país?.

M.L.: Las sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos son personales: no hay embargo a Colombia. Si Gustavo Petro y personas de su círculo ingresan a la Lista de Nacionales Especialmente Designados, las personas y entidades de Estados Unidos –y toda operación que toque su sistema financiero– no podrían tratar con ellos; si intervienen (firmas, aprobaciones, instrucciones), esas operaciones se bloquean o se rechazan. Efectos previsibles: más fricción en pagos en dólares, controles de cumplimiento más estrictos, restricciones voluntarias de algunos bancos y posible suspensión de visas.

SEMANA: Después de la crisis de enero, en el sistema financiero hubo una gran preocupación por las posibles sanciones que se mencionaron, como las que se podrían tomar en el marco del International Emergency Economic Powers Act (IEEPA). ¿Qué tan grave podría ser eso?.

M.L.: Serias. Bajo la IEEPA, si el presidente declara una “emergencia nacional”, puede bloquear activos y prohibir transacciones relacionadas con la amenaza declarada. El Tesoro, vía OFAC, implementa esas medidas y su efecto alcanza pagos en dólares, corresponsalías y el riesgo reputacional para contrapartes. No es automático ni general: requiere una orden ejecutiva que defina alcance y sujetos; el impacto depende del texto del decreto.

SEMANA: Tras la crisis de enero pasado, Juan Cruz dijo que ese sería apenas el primer round. ¿Cuántos rounds faltan?.

M.L.: Con honestidad: nadie sabe cuántos asaltos quedan; lo que sí es cierto es que habrá más, ya que esta relación no se define en una vuelta, sino en un combate de 12 asaltos. Cada round lo marcan hechos, decisiones y resultados verificables. Por eso importa el trabajo diario: adaptarse en cada round, sostener canales técnicos y mantener a salvo la relación de las diferencias políticas entre Gobiernos.