La incertidumbre regulatoria acecha la actividad minera en el país. Empresarios y gremios, en ascuas

Hace unos días se conoció el dato de inversión extranjera directa en Colombia en 2023. La sorpresa la dio el sector minero, cuyos recursos provenientes de fuera del país crecieron 177 %, al pasar de 1.189 millones de dólares en 2022 a 3.290 millones un año después.

“El sector quisiera que esos recursos fueran para nuevas inversiones, pero no es así. La realidad es que ese dinero que está ingresando es, en su gran mayoría, casi todo, para pagar y cumplir compromisos de impuestos. Este es un sector que durante 2022 y 2023 generó rentas al país significativamente mayores a las de cualquier otro momento reciente. Fueron casi 20 billones de pesos en renta, regalías y cláusulas de precios altos”, explicó Juan Camilo Nariño, presidente de la Asociación Colombiana de Minería (ACM).

Los ajustes en los mercados en materia de precios, la desaceleración global y las cargas tributarias llevarán a que los resultados del año pasado de las compañías mineras sean muy apretados. Un ejemplo es Cerro Matoso. “En el año 2023, pagamos los impuestos de nuestro negocio del año 2022, por 733.000 millones de pesos, versus 262.000 millones que habíamos pagado en el año anterior por la ejecución de 2021. Pero este año, por los resultados financieros del año 2023, solo pagaremos más o menos 20.000 millones de pesos”, advierte Ricardo Gaviria, presidente de la compañía.

Sin embargo, el sector no solo se enfrenta a tensiones tributarias y a una desaceleración en sus negocios. También tendrá que hacerles frente a una serie de iniciativas del Gobierno que podrían generar un tsunami en las operaciones.

Son tres las decisiones que el Ejecutivo tiene en marcha. La primera, que ya está operando, se trata de un decreto del Ministerio de Ambiente (el 044) que establece criterios para declarar y delimitar reservas de recursos naturales de carácter temporal en el marco del ordenamiento mineroambiental.

Precisamente, esta semana hubo en el Congreso un debate de control político sobre este decreto. Andrés Camacho, ministro de Minas y Energía, señaló que la manera en la que en el pasado se otorgó la titulación minera hoy evidencia la presencia de proyectos de minería a gran escala en lugares como páramos, reservas naturales y áreas protegidas. “Eso exige planeación y organizar la minería en Colombia”, dijo en su cuenta de X. Y añadió que el decreto ofrece herramientas para tomar decisiones en particular de casos de títulos en lugares que no deben ser: “Allí las competencias deben estar y actuar con el debido proceso, con instrumentos de análisis técnicos en cada caso y dejar de lado subjetividades”.

Ese decreto faculta al Ministerio de Ambiente para establecer áreas de reserva con una temporalidad de diez años, con el fin de llevar a cabo los estudios necesarios que determinen si en la zona debe establecerse un área de protección ambiental. “Diez años para estudiar, pero el efecto directo, que es lo que nos preocupa, de esa área temporal es la suspensión de la actividad minera”, aseguró Nariño, para quien el decreto genera una enorme incertidumbre para la inversión en temas de exploración, pues el 97 % del territorio nacional no ha sido explorado. “Le he pedido al Ministerio de Ambiente que por favor aclare el alcance y la aplicación del decreto”, agregó.

La preocupación radica en que cuando se tiene un título minero o una licencia ambiental, a juicio de la ACM, se tiene un derecho adquirido. “Este decreto dice que eso puede estar en revisión”, explicó Nariño. También inquieta que haya una regulación por decreto, sin pasar por el Congreso y sin la participación efectiva de los grupos de interés. Ya el gremio analiza si interpondrá algún recurso de revisión ante el Consejo de Estado.

Por su parte, Gaviria, de Cerro Matoso, manifestó que “se queda un poco en el aire” porque unas áreas que se tienen definidas en el plan estratégico a mediano y largo plazo, para usarlas de determinada forma, “si quedan restringidas, cambian los planes y eso puede tener impactos materiales en los proyectos que se tienen”.

El Consejo Gremial se pronunció y advirtió que la falta de certeza que conlleva esta norma temporal alejará a los inversionistas. Agregó que no solo se afectarán los proyectos mineros, sino todos los encadenamientos productivos.

Las otras dos iniciativas son proyectos de ley: la primera es la creación de Ecominerales, una empresa industrial y comercial del Estado que tendrá a su cargo la administración, el manejo y la disposición de bienes de reversión por títulos mineros, el acompañamiento a los programas de legalización y formalización minera, así como la comercialización, exploración y extracción de minerales estratégicos. Y la segunda, la nueva Ley Minera que reforma el Código de Minas y que dentro de sus más relevantes consignas incluye la prohibición de contratar la exploración y explotación de carbón térmico.

En principio, los dos proyectos fueron uno solo con una reforma estructural de 238 artículos que, posteriormente, el Gobierno dividió en dos proyectos independientes. Uno de 219 artículos que corresponde a la nueva Ley Minera, que tendrá su trámite por las comisiones quintas del Congreso, y otro de 19 artículos para la creación de una empresa estatal de minería (Ecominerales) que se tramita ya en las comisiones primeras constitucionales.

Para Carlos Cante, presidente de Fenalcarbón, la división de la reforma estructural fue “poco rigurosa y arbitraria”. “Sacar un capítulo fundamental de las discusiones alrededor de la administración de los recursos mineros y presentarlo como una ley por separado, genera suspicacia y cuestionamientos: ¿por qué si los dos proyectos versan sobre la misma materia, la administración de los recursos mineros del país, se presentan como dos leyes separadas? ¿Al hacer esto, no se estaría “saltando” el requisito de consulta previa libre e informada a las comunidades que la Corte Constitucional establece como obligatorio cuando se trate de administrar recursos mineros, como sucede con la creación de una empresa estatal minera?”, cuestiona el dirigente gremial.

Para Nariño, hay que revisar el dimensionamiento de esa empresa estatal, pero también las conveniencias y eficiencias que tiene una inversión muy riesgosa. “Se ha comprobado históricamente, no solo en Colombia, sino en América Latina, que esas empresas estatales en materia de minería son ineficientes”, agregó.

En el tema técnico, Cante considera que la reforma desconoce el sector del carbón. “Cuando usted solicita un título para carbón, no tiene certeza de qué tipo de carbón tiene el yacimiento hasta que no desarrolle las actividades de exploración. De manera que, cuando se prohíbe la entrega de nuevos títulos de carbón térmico, se están prohibiendo todos los tipos de carbones, limitando el desarrollo de la industria de coquización y del acero, en la que Colombia tanto ha avanzado, llegando a ser el tercer exportador mundial de coque, que tanto le ha costado construir y que el Gobierno dice proteger dentro de su política de reindustrialización”, advirtió el representante de los carboneros.

Además, Cante aseguró que con la reforma al Código de Minas “ven un completo desdén por la iniciativa privada, por la minería legal y organizada, así como un total desconocimiento de la autonomía empresarial que ha marcado la legislación minera colombiana históricamente”.

Según él, se observa no solo un cambio en las reglas de juego. También del modelo económico mismo a partir de la minería, al pasar a un Estado que no solo produce, transforma, comercializa y exporta minerales, sino que además planifica, controla, limita y compite con los privados. “Es volver al modelo Idema de los años 80, pero para la minería”, dijo Cante.

En ese mismo sentido, Nariño explicó que las tres iniciativas preocupan en relación con el modelo de desarrollo minero. “Es centralista, estatizado y le pone límites a la iniciativa y a la inversión privada, es decir, restringe la libertad económica”.

Agrega el presidente de la ACM que este nuevo Código de Minas deja para reglamentación temas estructurales. “Hicimos un conteo: 38 temas que los deja para reglamentación futura, como, por ejemplo, la licencia ambiental integral, el diálogo social y la participación ciudadana, al igual que el cierre de minas que está incorporado en nuestros procesos”.

Aunque el ministro Camacho ha señalado que con la reforma se busca resolver “problemas del pasado y construir el marco jurídico para la minería del futuro”, las preocupaciones son latentes por el papel que tiene la minería en la transición energética, pues minerales clave como el cobre, en el que Colombia tiene potencial, se retrasarían en su exploración y explotación y el país podría dejar pasar una oportunidad, literalmente, de oro.