Iniciativa polémica: el Gobierno busca repatriar los recursos que tienen los fondos de pensiones en el exterior. ¿Y la rentabilidad?

Hace unos días se conoció la ponencia de Jorge Enrique Ibáñez, presidente de la Corte Constitucional, sobre la reforma pensional, uno de los proyectos bandera del Gobierno del presidente Gustavo Petro.

Sin embargo, el sentido de la ponencia pide declarar “inexequible la Ley 1681, aprobada por el Congreso el 16 de julio de 2024 ‘por medio de la cual se establece el sistema de protección social integral para la vejez, invalidez y muerte de origen común y se dictan otras disposiciones’ por no haberse subsanado los vicios de procedimiento de su formación y haber persistido en ellos durante el fallido trámite de subsanación en el Congreso”, al advertir graves vicios de trámite.

Casi al mismo tiempo, revivió una propuesta del presidente Petro sobre el tema pensional, pero reflejado en los recursos que manejan los fondos de pensiones.

Trascendió que el Gobierno está trabajando en un proyecto de decreto con el que se pretendería limitar las inversiones de los fondos de pensiones en el exterior.

Ya el presidente Petro en distintas intervenciones había anticipado esta decisión. A finales de agosto pasado en Bucaramanga dijo: “Le voy a exigir a los fondos privados de pensiones que se llevaron el ahorro –que no es de ellos, es del pueblo trabajador a Colombia–, porque es aquí donde tiene que producir inversión y puestos de trabajo”.

Y agregó que “los fondos privados de dos bancos –y que administran esos bancos– se ha invertido en un 30 por ciento fuera del país, donde ya tienen la mitad de los ahorros del pueblo trabajador, pero ese 30 por ciento ha ido a empresas multinacionales que son cómplices, porque prestan sus dineros y sus productos para hacer bombas y aviones con los cuales están despedazando decenas de miles de bebés en el pueblo de Gaza en Palestina”.

Enfatizó que “ese dinero regresará y será nuestra reforma pensional, si es que no se quiere acatar la voz y la orden que dio el Congreso de la República en sus mayorías de todos los partidos casi, excepto de los mismos de la oposición”.

Ante la inminente expedición del decreto, Asofondos, el gremio que agrupa a los fondos de pensiones privados, en un pronunciamiento afirmó que “el ahorro pensional es de los colombianos y cualquier política de inversión debe guiarse por el principio de su mejor interés”.

Aunque comparte el interés de fortalecer la economía del país, considera que esta medida afectaría el bienestar del ahorro de más de 19 millones de trabajadores cuyos recursos, “gracias a inversiones muy diversificadas, han registrado excelentes rentabilidades bajo la gestión segura y transparente de las administradoras Colfondos, Porvenir, Protección y Skandia”.

Por ejemplo, de agosto de 2022 a septiembre pasado, los fondos de pensiones obligatorias registraron rentabilidades anuales entre 12 y 17 por ciento, lo que significa un acumulado de 164 billones en beneficios para los afiliados.

Para Andrés Velasco, presidente de Asofondos, las cifras “superan por amplio margen el nivel de la inflación y de los rendimientos locales” y destacó que desde la creación del sistema “los rendimientos acumulados para los afiliados superan los 370 billones de pesos, lo que representa cerca del 71 por ciento del total de activos bajo administración”, algo que ha posicionado la rentabilidad real promedio del sistema pensional colombiano (9,8 por ciento anual en los últimos 20 años) como la más alta entre los países analizados por la Ocde. Los cálculos que se tienen es que los fondos de pensiones tienen invertidos en el exterior cerca de 250 billones de pesos.

Por su parte Anif, en un informe, planteó un escenario en el que el stock de ahorro pensional de las AFP se hubiera invertido exclusivamente en activos locales. Según sus cálculos, este sería un 31,3 por ciento menor (145,4 billones de pesos), “una cifra equivalente a 10 reformas tributarias”. Esto evidencia la importancia de mantener la diversificación para garantizar la sostenibilidad del sistema pensional.

Incluso, José Antonio Ocampo, exministro de Hacienda de la administración Petro, advirtió que la propuesta del Gobierno de obligar a los fondos privados de pensiones a traer todos sus recursos invertidos en el exterior a Colombia “es inadecuada”.

En su concepto, reduce el patrimonio de las personas que han ahorrado sus recursos en dichos fondos y genera una tendencia adicional a la revaluación del peso, “que afecta las exportaciones no petroleras en un momento en que el déficit externo de Colombia ha comenzado a subir de nuevo”.

Varias inquietudes hay al respecto de la iniciativa del Gobierno. Por una parte, explica una fuente que en el Gobierno hay un convencimiento de que las tasas de interés en el país son altas porque falta ahorro doméstico. Si ese es un argumento, se pregunta, por qué el Gobierno quiere ‘repatriar’ solo los recursos de los fondos privados de pensiones, cuando hay otras instituciones que también tienen depósitos en el exterior. ¿Sesgo ideológico o pragmatismo económico?

Por ejemplo, los recursos de Fogafin que maneja dos segmentos: uno invertido en moneda local y otro en moneda extranjera. A 31 de diciembre del año pasado este portafolio ascendía a 36,7 billones de pesos. Sin contar los 54.000 millones de dólares que tiene el país en reservas internacionales.

Por otra parte, ¿qué va a pasar con los requerimientos de rentabilidad mínima que están construidos a partir de unos índices, que es el FTSE 100 o el S&P 500, y que les exigen a los fondos de pensiones, al igual que con el deber fiduciario que obliga a los fondos a elegir las mejores oportunidades para los recursos?

Por ello, la flexibilidad de invertir en donde estén las mejores inversiones está en el mejor interés de los ahorradores y es lo que ha permitido obtener mejores retornos en el pasado. “Estos resultados no se hubieran obtenido si la regulación hubiera exigido inversiones forzosas en Colombia en los últimos diez años”, puntualizó el economista. De manera más gráfica, un millón de pesos invertido hace diez años en el portafolio moderado de los fondos hoy vale 2’379.311 pesos, mientras que si se hubiera invertido en un portafolio local valdría 1’489.882 pesos, “como se observa, la reducción es del 37 por ciento para el ahorro de los afiliados”, enfatizó Velasco.

El tamaño de los fondos de pensiones hace que cualquier anuncio sobre eventuales repatriaciones de inversión tenga impactos inmediatos en los mercados financieros, generando una apreciación del tipo de cambio y un incremento en los precios de los activos locales. “En consecuencia, los recursos provenientes de la venta de activos externos perderían capacidad adquisitiva en el mercado doméstico, afectando el valor del ahorro pensional de los trabajadores colombianos”, han advertido desde Asofondos.

Por otro lado, no es el mejor mensaje de confianza a los mercados internacionales. Ya en el pasado reciente los recursos se usaron, incluso, para financiar gobiernos, como el caso de Argentina, y en otros casos, Perú y Chile, permitieron que las personas sacaran sus ahorros, en medio de la pandemia.

La otra pregunta es: si se traen esos recursos al país, ¿en qué invertirlos? Como señaló Velasco, “el mercado local presenta limitaciones estructurales de profundidad y liquidez, lo que impediría absorber flujos significativos de capital sin afectar los precios”. Y una medida como la que se ha anunciado, incrementaría el pasivo pensional del Gobierno porque tendría menos recursos –por la reducción en los rendimientos– para pagar las pensiones de los colombianos.

Una de las opciones de inversión son los mismos TES del Gobierno que, para algunos, la medida podría ayudar a financiar las cuentas oficiales en momentos de tensión fiscal.

Sin embargo, no es tan evidente. En el portafolio de los fondos de pensiones, aunque tienen un techo del 50 por ciento, los TES en los últimos más de 15 años, se han mantenido constantes en cerca de 35 por ciento, por dos razones: una, también tiene riesgos y otra, como explica un experto del sector financiero, si los fondos aumentan su participación en estos activos, podrían dejar sin capacidad a los bancos y a otros agentes del sector financiero que los necesitan “como colaterales”.

Algunos revivieron el capítulo de las inversiones forzosas a las que el Gobierno quería llevar a los bancos en el país, que derivó en el pacto por el crédito, para desembolsar recursos a sectores específicos que el Ejecutivo había señalado.

Como mencionó un empresario, el sector de las pensiones estaría dispuesto a financiar proyectos, como, por ejemplo, los relacionados con la economía popular, pues los fondos mueven en inversiones casi 40 billones de pesos al año. Pero el gran problema es que no hay proyectos.

“Hoy, el ahorro es más grande que la inversión. Las firmas están ahorrando, entonces no hay demanda por recursos. No le están demandando ni a los hogares ni al gobierno ni al resto del mundo porque hay incertidumbre jurídica, incertidumbre financiera: están invirtiendo menos de lo que ahorran”, asegura el experto, y agrega que, en general, los fondos invierten en todo, “pero no hay demanda. La realidad es que no hay demanda”.

Con él coincide Velasco, quien hace un llamado a habilitar proyectos de inversión. “La realidad es que en los últimos años hemos observado cómo el apetito de inversión de los colombianos se ha reducido por diversos factores y en este momento es difícil encontrar proyectos de inversión que sean atractivos para los recursos de los afiliados”.

Pero, no es la única preocupación en materia de los recursos de las pensiones. En el Presupuesto General de la Nación, aprobado en el Congreso, que habilita al Gobierno a ajustar partidas para garantizar el financiamiento de los pilares del nuevo sistema. Con él podría disponer del ahorro pensional de millones de trabajadores para cubrir subsidios y pagos de mesadas.

Por ahora, el país está a la expectativa de lo que va a pasar con los recursos de millones de afiliados a los fondos de pensiones que esperan que sus dineros tengan las mejores rentabilidades para su pensión.