Incertidumbre en el sector minero: decrecimiento, aumento de cargas tributarias y tensiones sociales

Aunque el crecimiento de la economía el año anterior fue de casi tres veces lo registrado en 2023, con 1,7 por ciento, no es suficiente para generar una mayor tracción al aparato productivo, pero especialmente cuando sectores que en el pasado fueron motores de la actividad económica, hoy están de capa caída.

La minería es uno de los principales ejemplos de esta situación. Para 2024, el sector, de acuerdo con la Asociación Colombiana de Minería (ACM) decreció 9,5 por ciento, “siendo el sector que más cae”, advierte Juan Camilo Nariño, presidente del gremio, y dentro de ese contexto la producción de carbón se contrajo 13 por ciento.

El sector minero se ha visto afectado por una enorme incertidumbre, no solo fiscal, con el anuncio de una nueva carga impositiva, como la contemplada en los decretos de conmoción interior para el carbón y en la nueva reforma tributaria, sino también en materia de decretos, resoluciones y proyectos de ley que han generado zozobra en el sector.

Y, por si fuera poco, a esta situación se suman hechos y nuevas tensiones. Por una parte, los bloqueos y las afectaciones a la operación de la mina de carbón en el Cerrejón, en La Guajira, que solo en 2024 registró 333 bloqueos, superando los 242 registrados en 2023, de los cuales el 79 por ciento, según información de la compañía, no tuvieron relación directa con la empresa. Esto significó 135 días de operaciones interrumpidas.

“Estos bloqueos deterioran la reputación de Colombia como proveedor confiable de carbón y afectan la capacidad de Cerrejón para cumplir con sus compromisos de exportación. Nuestros clientes tienen alternativas en otros países, por lo que la continuidad de la operación es clave para mantener la competitividad del sector. Si Cerrejón no logra producir y vender su carbón, los ingresos de la nación y el departamento se ven afectados, pues se disminuyen las regalías e impuestos”, explica la empresa.

Además, señala que el impacto de los bloqueos en la economía local es significativo. Una encuesta de la Cámara de Comercio de La Guajira reveló que el 90 por ciento de los empresarios ha sido afectado por los bloqueos. Durante el primer semestre de 2024 las pérdidas en los sectores económicos del departamento ascendieron a 7.638 millones de pesos.

Por otra parte, esta semana se conoció una decisión en relación con Cerro Matoso, jugador minero-industrial, clave en la producción de ferroníquel: South32, la corporación australiana que es dueña de este activo desde 2015, anunció que pone en venta esta compañía ubicada en Córdoba, para concentrarse en otros minerales, como zinc y cobre, fundamentales para la transición energética.

Para Ricardo Gaviria, presidente de Cerro Matoso, se trata de una determinación estratégica de la corporación, y frente a lo que pudo haber pesado la situación de la minería en Colombia, dijo que, aunque no fue el eje central, “por supuesto, le da un riesgo mucho más alto que lo puede dar a la Argentina, a Perú o a Chile, situación que otra empresa u otros accionistas de pronto no le dan ese nivel de riesgo. Cuando aumenta el riesgo al país, el precio del activo baja. Y cuando está calculando las utilidades de una inversión, también baja. Pero, en líneas generales, creo que la corporación se dio cuenta en los diez años que llevamos trabajando juntos que, a pesar de las vicisitudes, aquí las cosas se han dado”.

Las presiones

En el marco del decreto de conmoción interior expedido por el Gobierno para atender la emergencia de orden público en el Catatumbo, se incorporó un impuesto al carbón, en la primera venta y en las exportaciones de este mineral. Este hecho se suma al interés del Gobierno nacional de poner más cargas tributarias a la industria extractiva, aunque en la Corte Constitucional cayó la deducibilidad de regalías.

Para la Federación Nacional de Productores de Carbón, Fenalcarbón, este decreto de conmoción es parte de la estrategia del Gobierno Nacional para acabar con la competitividad de los carbones colombianos, ya que afecta tanto a las exportaciones, como al consumo interno.

“Estamos hablando de un impuesto que grava tanto a los carbones térmicos como metalúrgicos, sin importar la escala de producción”, explica Carlos Cante, presidente ejecutivo de Fenalcarbón, quien calificó de “regresivo” el impuesto y dijo que se da “en cascada” en el sentido de que grava de igual manera los carbones producidos por la pequeña, la mediana o la gran minería.

E hizo otra advertencia: “No podemos olvidar que los carbones en Colombia se usan para diferentes industrias como la generación de energía, la elaboración de ladrillo, cemento y acero, entre otros, que se verán impactados por este tipo de tributos. Adicionalmente, con el riesgo de interpretación técnica que este no sea un monotributo que se paga una sola vez dentro de la cadena, sino donde existe la posibilidad de que se genere y pague dos veces cuando el comercializador no es el mismo productor”, agregó Carlos Cante.

Según él, sobre los pequeños mineros habrá un impacto adicional. Generalmente, los carbones que producen se aglutinan por parte de un comercializador internacional que, reuniendo producto de diferentes zonas del país y de diferentes títulos mineros, logra llenar un barco. “En ese caso, el impuesto es doble: se genera en la primera venta y en el momento de la exportación. Eso les resta muchísima competitividad a esos carbones, que además tienen que enfrentar unos costos logísticos de transporte que hemos visto que, para este año, con la justificación del incremento del precio del diésel, se han incrementado de manera exagerada”, añade Cante.

Para Nariño, de la ACM, la figura constitucional de la conmoción interior no se puede convertir en una herramienta para que los Gobiernos corrijan sus errores en la administración pública, en la falta de planeación, en la falta de previsión ante los riesgos, pues ya la situación se había advertido.

Esta decisión se suma a otras iniciativas del Gobierno que pueden afectar la situación del sector minero. Por ejemplo, dos proyectos que se tramitan en el Congreso: la creación de Ecominerales (la Ecopetrol del sector minero) y la reforma al Código de Minas.

“Hay un paquete regulatorio que incluye un nuevo Código de Minas, que está siendo consultado a las comunidades. Ese código genera enormes incertidumbres en relación con la estatización de la minería, una visión muy centralista que el Gobierno plasmó allí. Por ejemplo, el artículo 27 dice que los minerales estratégicos solo pueden ser producidos y explorados por empresas estatales y que solamente cuando se demuestre lo contrario, se podrá contratar con el sector privado, con terceros”, advierte Nariño. Los proyectos se tramitan por comisiones distintas, por lo que Nariño ha pedido a los congresistas que estudien los dos proyectos de ley, “porque tienen una interrelación profunda”.

Con relación a la creación de Ecominerales, sería el vehículo para explorar minerales estratégicos en el país. Este proyecto ya fue aprobado en el primer debate en Comisión Primera de Cámara, pero no se ha agendado para que tenga su segundo debate en plenaria de Cámara. Antes de que acabe esta legislatura, tendría que surtir los tres debates restantes o se hunde, explican expertos. En el caso de la reforma al Código de Minas, sigue su proceso de consulta previa y se está a la espera de que sea radicado ante el Congreso.

Y a eso se suman una serie de decretos como las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (Appas), el decreto 044, que busca establecer un nuevo ordenamiento ambiental minero alrededor del agua, que les pone una enorme incertidumbre a la inversión y al sector hacia adelante.

“Vemos con mucha preocupación la creación permanente de diferentes figuras de restricción de carácter ambiental, ahora agropecuario, que a lo único que conducen es a limitar el aprovechamiento de nuestros recursos minerales. En el caso de las Appas está perfectamente probado que la minería no es excluyente del desarrollo agropecuario, particularmente en la minería del carbón del interior del país, pues en los municipios en donde más han crecido en los últimos 20 años, las hectáreas cultivadas son los productores de carbón del interior del país”, señala Cante.

Contra estas decisiones ya se han dado acciones jurídicas. Por ejemplo, frente al decreto 044 se está a la espera de pronunciamientos del Consejo de Estado, según el Ministerio de Ambiente, el alto tribunal negó la medida cautelar, aunque desde Fenalcarbón señalan que sobre las demandas de los gremios aún no hay pronunciamiento.

Y frente a la decisión del Gobierno de no vender más carbón a Israel por el tema del conflicto en Gaza, la ACM señala que tiene unas ocho demandas ante el Consejo de Estado, que están a la expectativa de ser admitidas, pero aún no cuenta con procesos internacionales. “Estamos por preguntarle al Gobierno si con el cese al fuego en Gaza se levantaría esa restricción, porque no está claro”, dice Cante.

El sector no solo tendrá que enfrentar la complejidad local, también la convulsión en los mercados internacionales, las presiones en los precios de los commodities y los efectos de las tensiones globales entre Estados Unidos y China. Los astros no están alineados.