Estas son las cuatro grandes crisis que amenazan el futuro de Colombia y que deberá enfrentar el próximo Gobierno, a partir del 2026

1. Crisis fiscal. No se aprenden las lecciones

Colombia enfrenta un complejo panorama económico tras una crisis fiscal en 2024. Aunque la inflación ha disminuido y hay una leve mejora en las expectativas de crecimiento (menos del 3 por ciento), los desafíos persisten. La calificadora Moody’s advierte sobre una complicada gestión fiscal tras cerrar el año pasado con un déficit del 6,8 por ciento del PIB, mayor al previsto (5,6 por ciento). La deuda alcanza el 60 por ciento del PIB y el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf) estima que será difícil revertir esta situación, agravada por presiones a largo plazo como la crisis en el sector salud, la energía y los problemas de seguridad. Además, los recortes presupuestales y la lenta ejecución han frenado el desarrollo de infraestructura, generando incertidumbre en las inversiones futuras.

A esto se suma que la nación enfrenta un incremento en los intereses por su deuda, consecuencia del aumento en el riesgo país, como destacó Bruce Mac Master, presidente de la Andi. Según él, “la baja calificación de Colombia como deudor, reflejada en el riesgo país, implica una sobretasa frente a mercados de riesgo mínimo. Este indicador se ha duplicado en los últimos tres años, lo que obliga al país a destinar anualmente más de 25 billones de pesos en intereses desde 2022, recursos que podrían haberse utilizado en otras prioridades”.

Tampoco hay que perder de vista que sigue sin resolverse el hueco que existe en el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Fepc), especialmente por los subsidios al diésel, que acumulaban un faltante de 10 billones de pesos al cierre de 2024. Aunque el déficit de gasolina ya se cerró, no hay claridad sobre cómo ajustar el precio del diésel. El problema radica en la constante sobreestimación de ingresos para justificar un mayor gasto público, con el argumento de cumplir los programas del Gobierno actual.

La principal fuente de recursos públicos son los impuestos y, según el presupuesto para este año, la meta de recaudo era de 316,5 billones, pero en el Plan Financiero actualizado se redujo la proyección a 299,8 billones de pesos y, aun así, para el Carf, “cumplir la meta de recaudo del Plan Financiero es improbable”. No en vano, ya en febrero se vio la contracción, pues en ese mes se obtuvieron 16,6 billones de pesos y la expectativa era de 19,5 billones.

El exministro de Hacienda José Antonio Ocampo señala que el problema fiscal radica principalmente en la falta de control sobre el gasto de funcionamiento. Aunque hay obligaciones inflexibles como el pago de pensiones, la nómina pública y las transferencias a las regiones, Bruce Mac Master destaca otros factores preocupantes, como el aumento excesivo en gastos de publicidad, que aumentarían más con la propuesta presidencial de realizar una consulta popular y con el crecimiento desmedido de la planta de personal, ya sea por contratación directa o mediante órdenes de prestación de servicios.

Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, también ve con preocupación la sobreestimación de los ingresos por impuestos. “El problema del recaudo no está ligado al crecimiento económico. Con un crecimiento real del 2,6 por ciento –que implica un crecimiento nominal del 5,8–, el recaudo debería aumentar entre 6 y 8 por ciento. Sin embargo, la meta del Gobierno para 2025 (299 billones) representa un incremento del 22 por ciento frente al año anterior. Se trata de una cifra exorbitante, imposible de alcanzar”.

Mientras tanto, el Gobierno busca más recursos con una nueva reforma tributaria y medidas por decreto, como la propuesta de modificar las tarifas de retención en la fuente, que ha generado polémica. Según el congresista Óscar Darío Pérez, esta medida podría repetir el error de 2024: anticipar ingresos y dejar la caja vacía para 2026.

Pocos ven que el camino para que mejore la situación fiscal de Colombia en 2025 sea liviano. Andrés Pardo, de XP Investments, advierte que el panorama fiscal de 2025 es complejo, con cifras de recaudo infladas, necesidad de recortes y riesgos externos como una posible desaceleración global.

La compleja combinación de factores pone en riesgo las finanzas públicas en 2025. Según Mac Master, una deuda superior al 60 por ciento del PIB, mayores pagos de intereses, un crecimiento económico insuficiente para aumentar el recaudo y el crecimiento del gasto previo a elecciones son señales negativas. La crisis fiscal de 2024 debió servir de lección, pero Moody’s advierte que repetirla en 2025 agravaría los indicadores de deuda y aumentaría el riesgo de incumplir la regla fiscal.

2. Crisis energética. ¿Revive el apagón?

Hace poco más de 30 años, Colombia tuvo tal vez su más fuerte crisis energética. Durante casi un año, el país tuvo que soportar largos horarios de racionamiento de energía eléctrica que frenaron el crecimiento y la actividad productiva.

Este hecho, sin embargo, permitió construir una nueva arquitectura para el sistema, que ha hecho que por más de tres décadas el país no haya registrado ningún apagón.

Sin embargo, con la llegada del Gobierno de Gustavo Petro, las tensiones con el sector energético aumentaron debido a decisiones sobre tarifas, políticas ambientales más estrictas, nuevas cargas tributarias, retrasos en subsidios, incertidumbre jurídica y problemas en la conformación de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg).

La Contraloría también ha advertido que priorizar la transición energética sobre la seguridad energética es un error grave, mientras que Camilo Sánchez, presidente de Andesco y del Consejo Gremial, alerta que malas decisiones ya han causado fallos en servicios, como el apagón en Puerto Carreño que dejó a 40.000 personas sin energía por tres días.

Aunque el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, ha dicho que estas advertencias tienen una intención política, en materia de energía eléctrica, dos hechos podrían impulsar a racionamientos en el país. Por una parte, lo que José Camilo Manzur, director ejecutivo de Asocodis, ha advertido como “un apagón financiero”. De acuerdo con sus cálculos, las empresas distribuidoras y comercializadoras de energía registraron deudas por 7,6 billones de pesos al cierre de marzo de 2025, cifra que no incluye, dice, el costo por fraudes de energía ni por el no pago de algunos usuarios morosos.

De esa cifra, explica Manzur, el 60 por ciento corresponde a deuda pública a nivel nacional, siendo el pago de subsidios el componente más significativo. “A marzo de 2025, las empresas entregaron subsidios a los usuarios por unos 2,9 billones de pesos, recursos que el Gobierno no ha reembolsado. En este punto, ya estamos cerca de 3 billones y los pagos prometidos por el exministro de Hacienda Diego Guevara, a pesar de su buena voluntad, no se cumplieron plenamente. Entre febrero y marzo solo se giró cerca del 50 por ciento del monto prometido. La situación es crítica”.

Otro foco de tensión es la opción tarifaria, mecanismo usado en la pandemia para moderar alzas en energía con pagos diferidos. Aunque la deuda ha disminuido y el 30 por ciento de las empresas ha recuperado sus saldos, aún quedan 3,1 billones de pesos pendientes, según Manzur, frente a los 5 billones registrados a finales de 2023.

Por otra parte, la preocupación es operativa: el margen entre oferta y demanda de energía se está estrechando cada vez más. “Al no entrar una nueva oferta de energía, el margen se pone más apretado y puede haber unos déficits de energía en firme a partir de 2026 en adelante”, advierte Natalia Gutiérrez, presidenta de Acolgén.

De hecho, XM, la firma que administra el mercado de energía, anticipó los déficits de energía para los próximos años, pues el sistema actual no tiene suficiente capacidad para atender toda la demanda, y no hay suficiente respaldo de energía firme. Para el periodo 2024-2025 anticipa un déficit de energía de 1.224 GWh/año, y podría llegar para los años 2027-2028 a 2.508 GWh/año.

La situación genera tensión en materia de tarifas porque, como dice Gutiérrez, lo único que las baja es una mayor oferta.

Otra gran preocupación energética radica en el suministro de gas natural. Por primera vez, se importó gas para cubrir demanda esencial, y el déficit podría crecer a 190 millones de pies cúbicos en 2026, 286 millones en 2027 y 405 millones en 2028. A largo plazo, se espera que el megaproyecto offshore Sirius, en el Caribe colombiano, devuelva la autosuficiencia, pero enfrenta desafíos como la obtención de la licencia ambiental.

Ante la negativa de desarrollar fracking por parte de este Gobierno, en el corto plazo hay varias tareas pendientes. Según Luz Stella Murgas, presidenta de Naturgás, es necesario agregar nueva oferta de gas, tanto importado –con contratos a largo plazo para que llegue a mejores precios–, como de producción local, asegurar infraestructura nueva para que, por una parte, permita importar las cantidades de gas que se requieren; y, por otra, habilitar tubos para traer gas de la costa Caribe al interior. Asimismo, acelerar los proyectos de exploración y producción en seis proyectos identificados en Córdoba, Sucre, Magdalena y Norte de Santander.

3. Crisis de salud. Enfermos de desconfianza

El sistema de salud en Colombia atraviesa hoy uno de sus momentos más críticos, caracterizado por escasez y retrasos en la entrega de medicamentos, largas filas para recibir atención, extensos tiempos de espera para obtener citas con especialistas e incluso la negación del servicio. Estas fallas, aunque no son nuevas, parecen haberse intensificado, convirtiéndose en quejas recurrentes entre los usuarios.

Enrique Peñaloza Quintero, profesor del Instituto de Salud Pública de la Universidad Javeriana, hace su diagnóstico y atribuye esta crisis a una debilidad de gobernanza, insostenibilidad del financiamiento, una marcada fragmentación en la prestación de servicios y la insuficiente calidad de la atención.

“La falta de una regulación efectiva y la influencia desmesurada de intereses de los diferentes actores han debilitado la capacidad del Estado para supervisar y garantizar la transparencia, generando desconfianza y perpetuando prácticas poco equitativas”, asegura.

Los también profesores Paul Rodríguez Lesmes, quien dicta economía de la salud en la Universidad del Rosario, y Johnattan García Ruiz, de los Andes, coinciden en que la mayor complicación que hoy tiene el sistema es la desconfianza.

“Las dificultades financieras que atraviesa la salud en Colombia vienen de varios años atrás y se derivan de haber diseñado un sistema que se desarrolló a partir del fiado. Nos acostumbramos a un sistema que promete una garantía bastante excepcional del derecho a la salud, sin tener suficientes recursos para cubrirla. Todos los actores terminaron aceptando que esa situación conllevaba unos pagos mucho más atrasados que en otros sectores de la economía y decidieron trabajar así”, explica García Ruiz.

Ese descuadre financiero se intentó solucionar infructuosamente en el pasado y las deudas se siguieron acumulando, pero el gran detonante de la crisis actual vino con la decisión del Gobierno Petro de no continuar con el sistema, sino de buscar una nueva salida, lo que acabó con la confianza de los actores que asumían que la plata se demoraba, pero llegaba. “Como resultado, ahora las EPS ya no les pagan a los proveedores y estos ya no confían en las EPS ni en los hospitales, generando una cadena en la que nadie confía en nadie”, precisa García.

Su colega del Rosario agrega que la solución a un problema financiero es conseguir plata, algo que no es sencillo. Sin embargo, cree que si se logra garantizar una especie de acuerdo de pagos con un tercero o con alguna entidad del Gobierno que esté menos politizada, sería posible empezar a darle la vuelta al problema. “Es que una cosa es que me alarguen un pago y otra es que yo no sepa si me van a pagar”, reitera.

Los expertos consultados son escépticos frente a la posibilidad de un acuerdo que solucione el problema financiero de la salud en lo que queda del actual Gobierno. Esto es porque creen que reformar al sistema se ha convertido en tema de honor para la Casa de Nariño.

Mientras se logra una solución, se aumentará la desigualdad en el país, pues ante las dificultades de acceso, solo tendrían servicio de salud de manera oportuna aquellos que puedan pagar. “A eso se suman los problemas de gerencia del sistema. Inicialmente, el Gobierno podía culpar a las EPS, que eran el actor más visible, pero al tomarse las EPS, el sistema ahora es casi todo público, al menos desde su manejo administrativo. Y así van apareciendo nuevos problemas, en cierta manera previsibles, por la forma en la cual funcionan las intervenciones, pues en estas no solo se reemplaza al gerente, sino también a la junta directiva, es decir, se captura todo el gobierno corporativo y eso complica mucho el panorama. No se sabe qué va a pasar en el futuro y aumenta la desconfianza del sistema”, insiste Rodríguez Lesmes.

Frente al temor de que la situación empeore a un punto inmanejable, García Ruiz cree que el sistema de salud puede ser como los bancos durante las crisis financieras a los cuales se les consideraba too big to fail (demasiado grandes para dejarlos caer), lo que hace que con los recursos actuales los actores del sistema estén dispuestos a aguantar un poco más. “Aunque de seguir así, sí vamos a acercarnos a una situación de pérdida irreparable, en la medida en que, por ejemplo, los jugadores pausen cualquier tipo de inversión y en los próximos dos, tres o cinco años no vamos a encontrar proyectos de nuevos hospitales o ampliación de servicios”, pronostica.

4. Crisis de seguridad. Sube la gobernanza criminal

El panorama de seguridad en el país es alarmante. Desde 2023, se han registrado cerca de 200 masacres, casi el doble de las ocurridas en 2022, cuando rondaron el centenar. Estos eventos han dejado cerca de 1.000 víctimas mortales. Además, el secuestro extorsivo ha aumentado significativamente, con más de 570 casos reportados desde 2022, según cifras oficiales.

Y, por si fuera poco, las organizaciones criminales vienen ampliando su radio de acción en los territorios. Se calcula que el Clan del Golfo, las disidencias de las Farc y el ELN puedan tener en sus filas a más de 23.000 enlistados.

Para Daniel Mejía, profesor de economía de la Universidad de los Andes y exsecretario de Seguridad de Bogotá, hay tres factores que explican la actual crisis de seguridad que vive el país. El primero tiene que ver con un récord de producción de hoja de coca y cocaína. Tras varios años de cálculos, estima que a la economía colombiana entraron, hasta 2023, 15.000 millones de dólares producto del narcotráfico, lo que equivale al 4,2 por ciento del PIB. “Eso es un récord histórico. En 2013, que fue un pico mínimo, fue de 1,2 a 1,3 del PIB, pero hoy estamos en un nivel solo comparable con la época de Pablo Escobar y el cartel de Cali”, precisa.

El segundo factor que explica la mayor inseguridad es la expansión, en los últimos cinco años, de los grupos criminales en los territorios. La Defensoría del Pueblo ha contabilizado su crecimiento y se constata, por ejemplo, que el Clan del Golfo es el que más ha crecido, con expansiones de más de 120 por ciento en términos del número de municipios donde hacen presencia. Mientras que el que menos ha crecido es el ELN, con el 62 por ciento.

El tercer elemento es la creciente gobernanza criminal, que ha sido documentada por la JEP, y que se evidencia en retenes ilegales, confinamientos, paros armados y control social. Mejía construyó un índice de gobernanza criminal, el cual muestra un incremento del 40 por ciento en los últimos cuatro o cinco años, dado que los grupos criminales están cada vez en más zonas del país y también porque se han dado unas negociaciones muy desordenadas sin métodos, mecanismos de verificación ni una política de seguridad, lo que, en su concepto, sí se hizo durante el proceso de paz de Juan Manuel Santos.

“Los grupos aprovecharon los ceses al fuego, que empezaron en enero de 2023, para fortalecerse y ejercer más gobernanza criminal, controlando más territorios y dejando a la población civil atrapada en el medio”, comenta el académico.

Por su parte, Jorge Restrepo, director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac), advirtió que esta crisis no se origina únicamente en la situación de inseguridad provocada por los grupos armados. También está ligada a las iniciativas en materia de negociación que tiene el Gobierno, que se han convertido en un factor generador de riesgo.

Según él, solo en un par de años será posible alcanzar avances consistentes para recuperar el escenario anterior. “No se trata de planes de choque, sino de reflexionar cuidadosamente sobre las iniciativas necesarias para garantizar que esos avances sean duraderos”, afirmó.

Restrepo asegura que, aunque no hay una crisis nacional de la seguridad, sí hay múltiples deterioros locales en al menos ocho regiones del país, que explican el aumento en la tasa de homicidios.

Pero también, agregó, hay otras formas de aproximarse a esta situación. Por ejemplo, el precio de los activos o la menor inversión. Destacó casos como el de la Altillanura, el Cesar o el Magdalena Medio. “Son regiones en las que hubo un boom de la inversión tras la firma del acuerdo de paz, en especial en 2017 y 2018, pero hoy no se ven los niveles de inversión de esos momentos”, agrega Restrepo.

Además, es necesario entender que la situación es distinta a la del pasado. No son grandes carteles del narcotráfico, sino operaciones más atomizadas que alimentan a los grupos criminales. Tampoco se tiene, afirmó Restrepo, un grupo insurreccional como lo fueron en su momento el M-19 o las extintas Farc. Y eso cambia la perspectiva de las negociaciones.

“Negociar con grupos como el M-19 o las Farc del pasado es muy diferente a enfrentar a los grupos armados actuales”, afirmó. Además, destacó que, en este contexto de inseguridad, es crucial considerar el uso de tecnologías avanzadas por parte de los criminales, como en casos de extorsión o ataques con drones, lo que exige una respuesta igualmente tecnológica.