En la declaración de la conmoción interior, ¿la culpa es de la coca?

Una crisis humanitaria como la que vive actualmente el Catatumbo, en el noroccidente del país, claramente requiere medidas urgentes y extraordinarias, y eso es lo que ha buscado el Gobierno con la declaración de un estado de conmoción interior en esa zona de Colombia.

No obstante, uno de los argumentos que utilizaron en la Casa de Nariño para justificar esa decisión está generando controversia, no solo porque de ser cierto afectaría a muchas más regiones del país, sino que tampoco sería un hecho sobreviniente, que es una de las justificaciones que permite declarar un estado de excepción.

La alerta la prendió el exministro Mauricio Cárdenas, quien, en una charla virtual con su tocayo economista Mauricio Reina, advirtió que le parecía extraño que en el decreto 62 de 2025, en que el presidente Gustavo Petro y sus ministros declaran el estado de conmoción interior en la región del Catatumbo, se sustentara la medida en una reactivación del mercado de la coca.

Cárdenas aseguró que, de ser cierta el alza en los precios de la coca, cuya cotización había bajado en años anteriores, sería un fenómeno que no solo golpearía a esa zona del país, sino a otras regiones productoras y, por ende, la conmoción debería abarcar más área de Colombia.

El decreto sostiene que desde 2021 se registró un descenso en los precios de la hoja y de la pasta base de coca, lo que implicó un estancamiento temporal del circuito económico ilícito, generando, además, “de una parte, una situación de crisis alimentaria entre las familias vulnerables que subsisten de este y, por otra, un pacto entre organizaciones armadas ilegales frente a la repartición del negocio ilícito y la entrada de compradores al territorio”.

Sin embargo, la progresiva recuperación de este mercado ilegal, llevó, según el decreto, a que a finales de 2024 terminara dicho pacto entre organizaciones criminales, lo que motivó un incremento de las confrontaciones armadas a partir del 15 de enero de 2025, “debido a que el ELN desató una imprevisible y violenta ofensiva contra la población civil, líderes sociales y firmantes del acuerdo final de paz”.

El Ejecutivo añade además que, según el reporte para 2023 del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci), administrado por el Observatorio de Drogas del Ministerio de Justicia, la región del Catatumbo concentraba 43.178,86 hectáreas de cultivos de coca, de las cuales el 63,3 por ciento estaban ubicadas en los municipios de Sardinata y Tibú; asimismo, que, “desde entonces, dichos cultivos se han incrementado, habida cuenta de la reactivación del mercado de la coca para fines ilícitos”.

En efecto, diversos informes indican que entre 2022 y 2023, los precios de la coca bajaron hasta en 60 por ciento, producto de una sobreoferta e incluso de cambios en los hábitos de consumo, pues en plazas como la estadounidense el fentanilo le estaría quitando mercado a la cocaína. No obstante, los expertos advirtieron desde entonces que ese era un fenómeno pasajero y que los precios volverían a sus niveles habituales, pues la demanda por coca se mantiene en regiones como Europa o, incluso, en países vecinos como Brasil.

Daniel Mejía, economista e investigador de la Universidad de los Andes, quien ha estudiado estos temas, considera que es difícil demostrar que el incremento en los precios de la coca sea un hecho sobreviniente. “Hace tres años hubo una depresión de precios en ciertos puntos muy focalizados de los mercados de hoja de coca, y si hubo una recuperación esta no se dio a finales de 2024, sino que tuvo que empezar hace año y medio”, aclara y añade que el problema es que no hay estadísticas recientes sobre precios.

En el pasado esos datos eran recolectados por Naciones Unidas, por medio del Simci, usando –según Mejía– una metodología rigurosa, pero desde que arrancó el Gobierno Petro, esa tarea pasó al Ministerio de Justicia. Esta revista se comunicó con dicha cartera para conocer la evolución de precios de la coca que justifica el decreto de conmoción, pero fueron remitidas cifras que iban hasta 2022. “Creo que esas series de precios de 2024 no existen, pues si las tuvieran deberían estar en el decreto de conmoción”, insiste Mejía.

Lo que menos pesa

En ese punto vale la pena aclarar, además, que aunque en el pasado reciente el precio de la hoja de coca ha bajado y ahora se supone que se viene recuperando, esto no ha afectado los precios de la cocaína, dado que la hoja no es lo que más influye en el valor final del alucinógeno. “La hoja pesa entre 7 y 8 por ciento. Lo que explica el precio de la cocaína dentro de Colombia, incluso en la puerta del cristalizadero, son otros insumos como la gasolina, la cual sí ha subido en el último año en el país”, precisa Mejía y descarta, por ejemplo, que la cotización del dólar sea un factor que haya podido influenciar el valor reciente de la coca.

“Si fuera por la tasa de cambio, los precios tendrían que haber subido cuando el dólar estuvo por encima de 4.800 pesos y eso no fue lo que se vio a finales del año pasado, época en la que, por el contrario, estuvo más o menos estable entre 4.200 y 4.300 pesos”.

Paralelamente, si el precio de la coca subió el año pasado, como lo establece el decreto de conmoción, esto no solo habría ocurrido en el Catatumbo, que claramente tiene una alta concentración de cultivos ilícitos, sino también en Nariño y Putumayo, departamentos que albergan municipios con un alto número de hectáreas sembradas de coca, como es el caso de Tumaco y Puerto Asís.

Un informe de la Oficina de Naciones Unidas para la Droga y el Delito indica que hasta 2023 el área sembrada con coca aumentó 10 por ciento en el país, aunque la cantidad de municipios con presencia de este cultivo disminuyó en 4 por ciento, para un total de 181 poblaciones.

No obstante, en los diez municipios que son los mayores productores del país, el área sembrada viene en aumento, en particular en Tumaco y Valle del Guamuez (Putumayo), cada uno con un incremento de 1.000 hectáreas en 2023.

En el top 10 de municipios con más matas de coca hay dos del Catatumbo: Tibú, que ocupa el primer lugar a nivel nacional, y El Tarra, en el puesto octavo. En total, 14 municipios de Norte de Santander sufren por este flagelo. De acuerdo con el informe de la oficina de la ONU en ese departamento, la actividad relacionada con la coca tiene un impacto considerable, representando en algunos municipios más del 20 por ciento del total de la economía lícita, un porcentaje comparable con la importancia de actividades del sector primario (como agricultura y minería) en la economía de estos territorios.

Es innegable que los cultivos ilícitos son los grandes financiadores de los grupos criminales, pero esa no es una realidad novedosa, ni sobreviniente. También es cierto que la crisis del Catatumbo no da espera, son miles de colombianos en condiciones precarias que requieren ayuda inmediata. Lo que valdría la pena revisar es si la conmoción interior es la herramienta para lograr esos objetivos.