El levantamiento de la patente de un medicamento no ha servido para bajar su precio y sí puede terminar en una costosa demanda

A los 339.748 procesos judiciales activos que existían contra del Estado colombiano al cierre del primer semestre de 2024, es muy probable que se les sume uno con repercusión internacional y cuyas pretensiones, aunque todavía no se han definido, seguramente serán millonarias.

Todo comenzó en octubre del año pasado cuando el Ministerio de Salud emitió una resolución en la que declaró la existencia de razones de interés público para establecer licencia obligatoria en la modalidad de uso gubernamental del medicamento dolutegravir, que sirve para atender a las personas que viven con VIH. Es la primera vez en la historia que el país recurre a esa figura, la cual implica levantar la patente que protege a un medicamento. Este, por ende, ya no sería exclusivo del laboratorio internacional que lo produce, ViiV Healthcare, sino que se podría elaborar en Colombia o importar de fabricantes de genéricos. Posteriormente, la Superintendencia de Industria y Comercio, en abril de este año, otorgó la licencia de esta molécula para aquellos que estén interesados en explotarla.

La medida, que se basa en la necesidad de reducir el costo de los medicamentos y asegurar su acceso a los pacientes, tuvo antecedentes cuando el ministro de Salud era Alejandro Gaviria. En ese entonces se intentó buscar una licencia obligatoria para un fármaco contra el cáncer y luego otra para uno contra la hepatitis C.

Su solo planteamiento desató una fuerte controversia internacional, pues se asume que estas medidas incumplen los compromisos del país para proteger la propiedad intelectual y van contra los tratados de libre comercio. “En ese momento se quejó hasta Joe Biden, que era el vicepresidente de Estados Unidos, se puso en juego el ingreso del país a la Ocde y hubo una amenaza de un senador estadounidense de cortar la ayuda para el proceso de paz. Pasó de todo”, recuerda Gaviria. Pese a que no se alcanzó a emitir una declaración de interés público que permitiera la competencia, sí fue posible simular precios competitivos, lo que finalmente sirvió para bajar el valor sustancialmente. Esa vez la controversia fue con Novartis.

En esta ocasión, aunque ViiV ha intentado negociar con el Gobierno para encontrar una alternativa distinta a la licencia obligatoria, hasta ahora no ha recibido respuesta. “Lamentamos que el Gobierno colombiano haya continuado con esta medida, a pesar de nuestros mejores esfuerzos por proveer soluciones alternativas para aumentar el acceso al dolutegravir a las personas que viven con VIH en Colombia, incluidas las poblaciones migrantes, sin necesidad de recurrir a la licencia obligatoria, además de abordar el tratamiento del VIH pediátrico y de la transmisión de madre a hijo. Continuaremos con nuestros esfuerzos para dialogar con el Gobierno colombiano en busca de una solución y seguiremos oponiéndonos a esta medida a través de medios legales, tanto nacionales como internacionales”, aseguró un portavoz de ViiV.

SEMANA consultó al Ministerio de Salud sobre este tema y respondieron que destinaron 11.000 millones de pesos para traer un millón de tratamientos para combatir el VIH. Sin embargo, en lo que respecta al dolutegravir, se sigue comercializando como si no existiera licencia obligatoria, es decir, no ha pasado nada. A eso se suma que la patente de ese medicamento vence en 2026, lo que implica que ya queda muy poco tiempo para que pueda tener competidores y es probable que todo este esfuerzo haya sido en vano.

No obstante, conocedores de estos procesos indican que la medida de declarar la licencia obligatoria no será inocua y muy probablemente, si de aquí a mediados de noviembre no hay un acuerdo entre el laboratorio y el Gobierno, el primero ya habría cumplido con los tiempos y los prerrequisitos para iniciar un litigio formal contra el país, que tendrá elevados costos. Se estima que, en promedio, cada parte debe pagar entre 6 y 9 millones de dólares solo en abogados. A eso hay que sumarle la posible indemnización del lado que pierda el arbitraje.

Y el sector salud también enfrentaría otra disputa internacional derivada de la intervención forzosa de la EPS Sanitas. Esta se encontraría también en etapa prearbitral y en diciembre se definirá si hay o no una demanda formal contra el Estado colombiano.

Malas noticias para la salud de los pacientes y para la salud de las finanzas públicas.