¿Cuál es el impacto de la inseguridad en la economía? Esta es la cuenta de cobro

Una de las más profundas crisis que vive el país es la seguridad. El auge y la expansión de los grupos al margen de la ley, su poder en determinados territorios y el récord en producción de hoja de coca y cocaína han regresado a Colombia décadas atrás, cuando se pensaba que había superado la época de la violencia.

Después de años de avances, el deterioro de la seguridad es marcado. Además del atentado contra el senador del Centro Democrático y precandidato Miguel Uribe y los continuos ataques en el Valle del Cauca y Cauca, en 2025 se han registrado los asesinatos de 69 líderes sociales y 20 firmantes del acuerdo de paz, 29 masacres y un deterioro sostenido en varias regiones del país, asegura un informe de Corficolombiana, que analizó el fenómeno y su impacto en la economía.

A ello se suman los enfrentamientos entre el ELN y las disidencias de las Farc que han cobrado más de 100 vidas en el Catatumbo, y el secuestro reiterado de militares en el Cauca.

Estos hechos han incrementado, naturalmente, la percepción de inseguridad: el 89% de los ciudadanos considera que la situación ha empeorado, y el 36% identifica el orden público como el principal problema del país, como lo señaló una encuesta de Invamer.

En su momento, Jorge Restrepo, director del El Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac), advirtió que esta crisis no está originada únicamente en la situación de inseguridad provocada por los grupos armados. También está muy ligada a las iniciativas en materia de negociación que tiene el Gobierno, que se han convertido en un factor generador de riesgo.

Además, es necesario entender que la situación es distinta a la del pasado. No son grandes carteles del narcotráfico, sino operaciones más atomizadas que alimentan a los grupos criminales. Tampoco se tiene, afirmó Restrepo, un grupo insurreccional como lo fueron en su momento el M-19 o las hoy extintas Farc. Y eso cambia la perspectiva de las negociaciones.

A pesar del repunte en hechos violentos y la sensación generalizada de inseguridad, la tasa de homicidios se ha mantenido estable en cifras bajas frente a su historia. Desde 2012, esta cifra ha mostrado una clara tendencia a la baja, tocando un mínimo histórico de 23,8 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2020. Desde 2016, la tasa se estabilizó alrededor de 25,6 homicidios por cada 100.000 habitantes, un nivel comparable al registrado en 2024 y apenas superior al 24,7 observado en los primeros cinco meses de 20252, dice Corficolombiana en su informe.

Y agrega que, sin embargo, el análisis de la seguridad en Colombia no se reduce únicamente a los homicidios. Actos de terrorismo, delitos económicos como la extorsión y el hurto, secuestros, ataques a infraestructura crítica y las constantes disputas por el control territorial continúan afectando de manera importantes a comunidades, empresas y autoridades locales.

“Sin un entorno seguro, ninguna estrategia empresarial ni política pública podrá sostenerse en el tiempo, generando costos significativos para el país. La seguridad nacional es el factor transversal que favorece la inversión, la productividad y, en última instancia, el crecimiento económico”, añade.

De acuerdo con el análisis, la delicada situación de seguridad en Colombia no solo tiene efectos internos, sino que también debilita la confianza y eleva la percepción de riesgo a nivel internacional. “Los principales indicadores globales ubican al país en una posición crítica en materia de seguridad. Según el Global Peace Index (2024-2025), Colombia ocupó el puesto 146 entre 163 países, siendo el país menos pacífico de Sudamérica. El Índice de Amenaza a la Seguridad de The Global Economy le otorgó una calificación de 6,5 sobre 10, frente a un promedio global de 4,9. A esto se suma el Global Terrorism Index, que reportó un aumento de 0,2 puntos entre 2023 y 2024, pasando de 6,2 a 6,4, reflejando un repunte en la actividad terrorista. La seguridad no es solo un tema de orden público: es un pilar de la estabilidad macroeconómica y de la credibilidad internacional del país”, describió el informe de Corficolombiana.

Pero fue más allá y sentenció: “Sin un entorno seguro, ninguna estrategia empresarial ni política pública es sostenible, y el desarrollo se vuelve una promesa frágil. La calificadora Standard & Poor’s ha advertido que el deterioro de la seguridad y la pérdida de control territorial, sumados a la fragilidad fiscal, afectan negativamente el perfil crediticio de Colombia y elevan su riesgo soberano. A ello se suma la posible descertificación por parte de Estados Unidos, señal de desconfianza hacia la estrategia antidrogas del país. De concretarse, esto implicaría pérdida de respaldo financiero y militar, mayores barreras comerciales y un deterioro en el acceso al crédito internacional”.

En Colombia, la inseguridad creciente ha frenado la inversión, clave para el desarrollo económico, limitando la recuperación y afectando sectores rezagados como la minería. “Este panorama refleja un entorno cada vez más hostil para el sector productivo, donde la incertidumbre ligada a la violencia y la criminalidad desincentiva la toma de riesgos, restringe la expansión territorial y frena la reinversión de utilidades, minando las bases de un desarrollo sólido y sostenible”, afirma el estudio.

Recuerda que el Fondo Monetario Internacional (FMI) presentó evidencia que confirma la relación estructural entre seguridad y crecimiento económico en América Latina. Según este análisis, un aumento del 10% en la tasa de homicidios a nivel municipal reduce la actividad económica local en cerca de un 4%. Por el contrario, una reducción a la mitad de estas tasas podría impulsar la economía local en alrededor de un 30%. “Más aún, si los países de la región lograran disminuir sus tasas de homicidio al promedio mundial —una caída del 60 %— el crecimiento económico anual podría acelerarse en 0,5 puntos porcentuales, lo que equivaldría a un aumento acumulado del PIB del 5 % en diez años y del 10 % en veinte. Estos datos no solo evidencian el costo económico de la violencia, sino que también subrayan el potencial transformador de avanzar hacia una mayor seguridad en la región”, agrega.

También reseña otros análisis. Según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y Fedesarrollo, el costo del crimen y la violencia en Colombia en 2022 equivalió al 3,6% del PIB, el tercero más alto de América Latina. Este cálculo incluye costos directos, como el gasto público y privado en seguridad, y la pérdida de capital humano. Sin embargo, a estos se suman efectos indirectos, menos tangibles, pero igualmente significativos: la caída en la productividad empresarial, el debilitamiento de la confianza institucional, la reducción del turismo y el menor atractivo para la inversión extranjera directa. “En escenarios de alta criminalidad, los costos derivados de la inseguridad pueden alcanzar hasta el 7% de las ventas anuales de las empresas, una carga que limita su crecimiento y la competitividad del país”, asegura.

Para Corficolombiana, recuperar los avances en seguridad alcanzados en décadas anteriores es “una tarea urgente e inaplazable. Esto exige una estrategia coordinada, fundamentada en datos confiables y adaptable a las particularidades locales del delito. Fortalecer las instituciones y el Estado de derecho resulta indispensable para contener al crimen organizado y a grupos armados ilegales como las disidencias de las FARC, el ELN y el Clan del Golfo. De igual forma, es fundamental garantizar que los recursos destinados a la seguridad se administren con eficiencia y sostenibilidad, incorporando los costos asociados a la violencia en la planificación fiscal y económica del país”, puntualiza.