Crisis energética en Colombia: recientes medidas gubernamentales tienen el vilo el futuro del sector

El panorama en el sector energético sigue tenso. El año empezó con cortes en el servicio de energía en Puerto Carreño, Vichada, debido a que el Gobierno no hizo los giros para garantizar la generación de energía en ese municipio.

Esa situación materializó, como advirtió Camilo Sánchez, presidente de Andesco y del Consejo Gremial Nacional, los riesgos de apagón por las dificultades financieras por cuenta de las acreencias –entre opción tarifaria, subsidios no pagados y deudas de clientes oficiales– que tiene el Ejecutivo con las empresas distribuidoras. Estas deudas se acercan a los 7 billones de pesos y podrían llevar a lo que Asocodis, gremio de las distribuidoras y comercializadoras de energía, ha llamado “el apagón financiero”. A esta compleja situación se sumó ahora la preocupación del sector privado por los anuncios del Gobierno que buscan hacer cambios estructurales en el modelo, buscando reducir los precios en la bolsa de energía.

El precio de energía en bolsa ha alcanzado altos valores porque la disponibilidad de generación con agua, uno de los recursos más económicos, ha sido escasa y se hizo necesario fortalecer el papel de las térmicas, cuyos combustibles son más costosos, elevando esos precios, pero permitiéndole al país alejar el fantasma del racionamiento. Y muchas empresas distribuidoras están expuestas a esta oferta porque no cuentan con contratos de energía a largo plazo que cubran su demanda.

La iniciativa del Gobierno se relaciona con nuevos precios de escasez que aplicarán a futuros procesos de asignación de obligaciones de cargo por confiabilidad a las generadoras y, además, la propuesta de disponer de un porcentaje máximo del 5 por ciento de la venta de la energía en bolsa a cargo de empresas generadoras. Son tres normas (dos en consulta y una en firme) que apuntan a intervenir el mercado a corto plazo en sus cantidades transadas, el precio y la metodología de liquidación del cargo por confiabilidad.

Esto hizo que el Consejo Gremial, en los primeros días del año, se pronunciara advirtiendo que esas medidas no solucionan el problema que pretende atacar, sino que “se distorsiona artificialmente el mercado mayorista”, alterando sus reglas y desincentivando la participación eficiente de los agentes.

El presidente Gustavo Petro ha insistido en las medidas, y en un pronunciamiento en X dijo: “Las generadoras eléctricas especulan con los precios de la energía cuando la venden en bolsa. Hemos decidido reducir la cantidad de energía que se vende en bolsa para bajar sustancialmente el precio de la energía al hogar colombiano. Buscan tumbar la medida. Es hora de la movilización nacional de los usuarios de la energía eléctrica”, señaló al respaldar una manifestación el 30 de enero en Barranquilla contra las generadoras.

“Decir que van a salir a una manifestación para irse contra las generadoras realmente no sirve para nada. Aquí se requieren recursos y decisiones técnicas para que haya resultados para los usuarios. Y que no sea cortina de humo. El presidente se comprometió a entregar la opción tarifaria en mayo del año anterior y no lo ha cumplido, e igualmente no ha entregado los subsidios. Por ende, a mí me parece que esto es más una cortina de humo para tratar de esquivar el no cumplimiento de este proceso”, señaló Sánchez.

Pero la preocupación ya escaló escenarios internacionales. En una dura carta, Brookfield, uno de los fondos de inversión más grandes del mundo y dueño de Isagen, advirtió que las medidas anunciadas “causarían una pérdida sustancial en el valor de la inversión efectuada”. Calificó las medidas como “un trato arbitrario, desproporcional e inequitativo que interfiere radicalmente en la prestación libre y eficiente de un servicio público”.

En respuesta, el presidente Petro se despachó en X. Primero, calificó de “leonina” la venta de Isagen a Brookfield en su momento y agregó que desde esa operación las tarifas de energía se dispararon, movidas por la especulación en bolsa. “Invité a las empresas generadoras beneficiarias de la especulación a adaptarse a la nueva fórmula tarifaria expedida por la Creg”, señaló y advirtió que presentó una fórmula complementaria: reducir la exposición a bolsa.

“Sé que ahora irán al Consejo de Estado, espero del Consejo de Estado la actitud comprensiva con la gente pobre y cerrar el camino de la especulación masiva”, reiteró el mandatario.Sin embargo, en el sector las alertas siguen latentes. Alejandro Castañeda, presidente de Andeg, gremio de las térmicas, explicó que cuando se crea un techo artificial, que además está mal diseñado, “se mata o se desincentiva la contratación, que es un contrasentido frente a lo que quiere el presidente”.

Acolgen, gremio de las generadoras, advirtió que esto pone en riesgo no solo la confianza inversionista, sino que expone a la nación a potenciales reclamaciones bajo mecanismos de solución de controversias establecidos en tratados bilaterales de inversión.

Las energías renovables no convencionales, como los proyectos eólicos y solares, también plantearon sus inquietudes. Para Alexandra Hernández, presidenta de SER Colombia, estas intervenciones impactarán a las energías renovables no convencionales, ya que apenas se están haciendo los cierres financieros o iniciando la recuperación de las inversiones.

“El tope en los precios de renovables en el mercado spot (la bolsa) desincentiva a los compradores a firmar contratos de largo plazo, pero, de otro lado, nos exigirán a los generadores de renovables vender a largo plazo prácticamente toda la energía en un alto porcentaje definido por el Gobierno nacional y sin que existan los mecanismos de contratación que estén acordes a los riesgos y realidades operacionales de los proyectos. Para rematar, el borrador de la formulación para la puesta en marcha de esta intervención al precio de bolsa implicará penalizaciones por no poder generar energía solar en las noches”, agregó Hernández.

El 2024 cerró con 71 proyectos de mediana y gran escala de renovables no convencionales, los cuales suman 1.881 MW, permitiendo pasar del 2,5 al 10 por ciento de la capacidad total de generación de energía eléctrica del país. Sin embargo, sigue siendo un desafío hacer realidad los proyectos en La Guajira: de 17 proyectos de energía renovables monitoreados en esa región, ocho se han suspendido y los nueve restantes, todos eólicos, siguen en trámites de licencias ambientales y consultas previas, pero ya tienen un retraso de dos años y, según SER Colombia, si logran avanzar en su desarrollo, su puesta en marcha sería hacia 2027 en adelante. “Para Colombia es una mala noticia la salida de inversionistas porque lesiona la confianza de los nuevos y aumenta la incertidumbre de los que quedan en el país y la expedición de estas normas empeora la situación”, señaló Hernández.

Pero, además, las medidas no solo se anuncian en un momento complejo para el sector, sino que pueden generar un cortocircuito en un proceso clave para garantizar la energía en el mediano plazo: una nueva subasta, cuando se estima que para 2026 se cruzarán las curvas de oferta y demanda, situación que podría llevar a racionamientos de energía.

Según Acolgen, con datos de la Upme, el sistema enfrenta un déficit proyectado de energía firme a partir de 2026, y medidas como esta desincentivan la participación en la subasta de reconfiguración de plantas existentes convocada para 2025 y cualquier otro tipo de subasta de expansión de largo plazo, “aumentando así la probabilidad de insuficiencia energética y afectando la estabilidad tarifaria y la competitividad del mercado”.

Como le dijo un experto a SEMANA, “mata la señal de expansión, nadie le va a querer meter un peso a esto. ¿Cómo lo van a repagar? Esa es la pregunta”. Para Sánchez, “si no hay reglas de juego claras y las cambian a la mitad del partido, ¿quién quiere meterse en este proceso?”. Por ahora, como advierte Castañeda, “hay que esperar a ver cómo se decantan y se reglamentan estas propuestas que están sacando, y cómo se va a comportar el mercado”. La tensión en su punto más alto.