Aunque entraran las nuevas fuentes de energía previstas, el abastecimiento estaría complicado para 2028, dice presidente de Andeg

Opción tarifaria, que arranque con estratos 1, 2 y 3 y luego se extienda

SEMANA. Cómo ve la posibilidad de que en Colombia se bajen las tarifas de energía, tema que es una promesa de gobierno.

Alejandro Castañeda: El compromiso por parte de las empresas existe. Hay 6 que han dicho, tan pronto usted (el Gobierno a través de Findeter) me desembolse yo traslado eso a los usuarios. Esto, acotado a los estratos 1, 2 y 3, que es mi primera preocupación, pues la promesa fue beneficiar a todos los estratos. Se generó una expectativa con todo mundo, asegurando que se iba a bajar entre el 4 y el 20 %, porque el gobierno iba a asumir toda la opción tarifaria, que son 5 billones de pesos; pero la realidad es que estamos muy apretados fiscalmente. Cuando van a revisar las cuentas, solo hay recursos por 2,7 billones que alcanzaría para los estratos 1, 2 y 3.

Lo que esperaría es que arranquemos con los estratos 1, 2 y 3 y luego miremos lo demás.

SEMANA. ¿Pero no hay una norma según la cual el Estado solo puede darle la mano a los estratos más vulnerables?

A.C.: Dentro de la Ley 142 (de servicios públicos) se puede subsidiar básicamente los estratos 1, 2 y 3. No hay ninguna norma que diga que se puede extender a los estratos 4, 5 y 6. Pero si se va a asumir una deuda, a través de un nuevo proyecto de ley, se podría incluir la extensión a todo el mundo.

SEMANA. ¿Qué les han dicho hasta el momento a las empresas?

A.C.: Que de los 2,7 billones que hay ya han desembolsado 500.000 millones para Air-e y Afinia (las dos distribuidoras de energía de la región Caribe) y quedarían disponibles los otros 500.000 millones. El préstamo para el flujo de esos recursos es a través de Findeter y hay un periodo de gracia, durante el cual, el Gobierno se comprometa a sacar la ley que apruebe la condonación de la deuda, que será asumida por la Nación. Se requiere una ley porque hay una deuda de los usuarios que está en cabeza de las electrificadoras y al plantearse la estrategia de que la asuma el Estado, eso tiene que pasar por el Congreso de la República porque es un tema fiscal.

Insisto en que el compromiso de las empresas está. La demora en una baja en las tarifas a los usuarios depende de la velocidad con la cual se van a desembolsar los 2,7 billones, pues tenemos un billón en la actualidad y se habla de sumar otro billón en esta vigencia, mientras los restantes 700.000 millones estarían en la Financiera de Desarrollo Nacional (esto requiere un trámite presupuestal), y tendrían que ser trasladados a Findeter.

¿Qué tanto demoraría la reducción de las tarifas?

SEMANA. Eso suena muy demorado para la expectativa que tienen los usuarios, principalmente los de la Región Caribe, para que bajen los costos de la factura.

A.C.: Las empresas dicen: usted, señor Estado, me desembolsa y yo tacho la deuda (por opción tarifaria) de la factura. Además, le creo que usted me va a pagar. Hasta ahí vamos en la ecuación.

SEMANA. Es bien sabido que las facturas de la energía, en particular las del Caribe, están elevadas. Por lo tanto, una baja entre el 4 y el 20 %, por quitar la opción tarifaria, podría ser imperceptible. ¿De dónde más se puede recortar para que la gente reciba un verdadero alivio en ese costo?

A.C.: La opción tarifaria es una medida. La segunda está relacionada con los subsidios. Para que una persona sea beneficiaria tiene que ser de los estratos 1, 2 y 3; y esa energía subsidiada tiene un tope: 173 kilovatios/hora/mes. No obstante, con temperaturas altas, por debajo de 1000 metros de altura, el consumo promedio es de 250 kilovatios/hora/mes en los estratos bajos. De esa manera, un usuario del estrato 1 tiene subsidiados los primeros 173 kilovatios, con una rebaja del 60 por ciento, pero de ahí para arriba el cobro va tarifa plena. Es decir, le baja 1200 pesos sobre el kilovatio sobre esa primera proporción. Pero como se consume mucho más, ahí vienen los 300.000 pesos que paga el estrato 1.

Lo que hemos dicho, coincidiendo con gobernadores y gremios, es que se requiere hacer un esfuerzo fiscal adicional para más.

En la región Caribe todas las pérdidas las asume el usuario

SEMANA. Usted cree que no habría margen para que se reestructure la fórmula con la cual se cobra la energía, partiendo del hecho de que gente asume varios costos, como las pérdidas negras, por ejemplo

A.C. Bueno, para nosotros como Andeg, lo primero que se puede hacer es ajustar los subsidios. Lo segundo son las pérdidas. Y es que, la gran diferencia entre lo que paga un usuario en la región Caribe y otro del interior del país, está en las pérdidas, que en la región Caribe están por el orden del 25-28 %. Significa que el usuario consume 100, pero tiene que pagar 25 más por el robo de energía que hacen otros. De ese 25 %, en el interior del país le reconocen a las empresas solo 12 %, en el Caribe se reconoce todo: el 25 %.

SEMANA. ¿Ese diferencial es porque allá hay más pérdidas de energía (para las empresas), por robo?

A.C.: No. Es porque el gobierno anterior tomó la decisión, para poder vender las empresas, de decirles que todas las pérdidas las asume el usuario. El argumento era que las personas tenían que velar porque el otro no robe energía.

SEMANA. ¿Y qué solución hay?

A.C.: Las pérdidas se pueden disminuir con inversión. Air-e lo ha venido haciendo y Afinia también. El problema es que es una senda lenta: mientras se van haciendo las inversiones, se va disminuyendo la pérdida, pero tan poquito que el usuario no siente el efecto.

Lo que se le ha dicho el gobierno es que la solución, al final del día, es con recursos, no con demagogia ni con populismo. Hay que sacar dinero para que la nación asuma la diferencia entre el 12 y el 28 % que mencioné. Lo cierto es que se requiere mirar cómo se quita el tema de que la pérdida la suma el usuario en la región Caribe.

SEMANA. El superintendente de servicios dice que las empresas se enfocaron en el negocio y se olvidaron de la solidaridad, y estamos hablando de un servicio público. ¿Qué opina?

A.C.: La solidaridad no es responsabilidad del prestador del servicio público, la solidaridad es responsabilidad del gobierno.

Lo que dice la ley es que hay que reconocer a todo la cadena el costo eficiente de la prestación del servicio. No se le puede decir a un generador, regale la energía.

La solidaridad no es de la cadena, la solidaridad es de la política social del lado Estado.

SEMANA. ¿Cree factible que a través de cooperativas se pueda prestar un servicio de energía más barato?

A.C.: Es que todo servicio tiene que tener un negocio detrás.

SEMANA. ¿Cómo ve el tema de abastecimiento de energía a futuro, en un escenario en donde no entran todas las fuentes energéticas que iban a complementar el sistema?

A.C.: Así entren las fuentes estamos complicados para el 2027-2028. No tenemos la energía firme suficiente, se le ha dicho al gobierno, se le ha manifestado que es necesario hacer una nueva subasta de cargo por confiabilidad, donde se agregue energía firme al sistema. Hoy estamos viendo un déficit entre el 4 y el 6 % frente a la demanda que necesitamos atender para los años 2027-2028.

SEMANA. ¿Qué expectativas tienen con la reforma a la Ley 142 o ley de servicios públicos?

A.C.: No tenemos claro aún cuál es el objetivo de la reforma. ¿Qué quieren buscar? ¿Qué el Estado partícipe más en un sector en el cual no ha participado directamente en el sentido de tener que hacer inversiones? Tener que invertir en el sector eléctrico representaría casi un 40 % de la deuda total del Estado. En la actualidad el Estado solo tiene que poner los subsidios.

Hasta ahora, con el anuncio de una reforma, lo que se está haciendo es generar ruido e incertidumbre, en un momento en el cual se requiere lo contrario para poder invertir.