Ante una menor producción, precios a la baja y una política de Gobierno contra el petróleo y el carbón, ¿cuál es el futuro de las regalías?

Las regalías son gran parte del ‘combustible’ con el que se mueven las regiones petroleras y mineras, cuyas actividades productivas, en su gran mayoría, están concentradas en estos sectores.

Entre 2012 y el 15 de mayo de 2025, se aprobaron 32.904 proyectos por un valor de 102,7 billones de pesos, según la Subdirección del Sistema General de Regalías del Departamento Nacional de Planeación (DNP)

Los sectores con mayor inversión aprobada han sido Transporte, con 37,2 billones de pesos; educación, con 15,2 billones; y vivienda, ciudad y territorio, con 13,6 billones. Estos tres sectores concentran el 64 % del total de recursos aprobados.

Estos recursos son clave porque cumplen distintos papeles: fortalecen el proceso de descentralización, contribuyen con proyectos que aumentan la competitividad, formalizan la economía y diversifican el producto interno bruto en las regiones para que, gradualmente, vayan disminuyendo su dependencia de la minería y el petróleo, y permita el avance en los indicadores sociales.

Por ello, sorprende que esos recursos no hayan sido suficientes para transformar los territorios, reducir radicalmente la pobreza y la desigualdad, y avanzar en tres transiciones fundamentales para los desarrollos locales: la energética, la productiva y la fiscal.

“Lo que ha pasado es que ese sistema ha tenido algunos ejemplos de regiones en donde funciona bastante bien y hay proyectos muy importantes que se han hecho con regalías, que han cumplido estos objetivos, pero otros no. El valor promedio de los proyectos es muy bajo y necesitamos perfeccionar el sistema de regalías, seguir avanzando en él para que logremos una economía más fuerte, un equilibrio entre sectores, ganarle espacio a las economías ilegales y criminales, y contribuir a financiar agendas de mediano y largo plazo de desarrollo regional”, aseguró Frank Pearl, presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas (ACP).

Incluso, la visión desde el Gobierno coincide con la del dirigente gremial: “Los proyectos de regalías han representado una gran oportunidad para cerrar brechas territoriales, pero su impacto real ha sido muy desigual entre regiones. El potencial transformador de estos recursos es evidente, pero depende en gran medida de la capacidad institucional, la transparencia y la planificación a largo plazo. Para que las regalías impulsen verdaderamente el desarrollo regional, se requiere no solo ejecutar proyectos, sino también diseñarlos estratégicamente, con enfoque territorial, participación ciudadana y mecanismos sólidos de rendición de cuentas”, advierte Jhonattan Duque, subdirector general del Sistema General de Regalías.

Según esta subdirección, la recepción de regalías no garantiza automáticamente el desarrollo ni la superación de la pobreza en las zonas productoras. “Lo importante es cómo se gestionan, planean e invierten estos recursos. En muchos territorios productores, especialmente aquellos más apartados o con limitada capacidad institucional, persisten debilidades estructurales como la escasez de personal técnico calificado, insuficientes instrumentos de planificación, baja calidad en la formulación de proyectos y falta de mecanismos de control eficaces. Esto ha derivado en múltiples casos en inversiones mal dirigidas, proyectos sin pertinencia territorial, con problemas de ejecución o inclusive inconclusos, que no logran transformar las condiciones de vida de la población”.

En ese contexto, la preocupación aumenta porque el Gobierno del presidente Gustavo Petro ha iniciado un proceso de marchitamiento de los sectores petrolero y minero, con decisiones tributarias, fiscales y de regulación que han venido afectando su desarrollo y la inversión, en regiones que siguen siendo muy pobres, no hicieron una transición productiva y cuando ya no estén estos sectores las dificultades serán mayores. A ello se suma la incierta situación internacional, la volatilidad de los precios y las amenazas en la demanda global.

Como explica la Subdirección General de Regalías del DNP, a mayor volumen de extracción de minerales o hidrocarburos, mayor será el recaudo por regalías. Si hay disminución en la producción por razones técnicas, operativas, ambientales o sociales, también disminuye el recaudo. Ejemplo: el cierre de una mina o un pozo petrolero reduce el volumen y por tanto el recaudo, señala.

Y el panorama es complejo: en el caso del carbón –el principal producto de exportación minera del país- sus dos más grandes jugadores –Drummond, en el Cesar, y Cerrejón, en La Guajira- anunciaron una disminución en su producción, producto de la caída en los precios internacionales y los altos costos que enfrentan, en especial, en materia logística para llevar el mineral a destinos como los países de Asia.

A su vez, la decisión del Gobierno de no seguir con nuevos contratos de exploración de petróleo y gas, estaría pasando una cuenta de cobro que ha hecho que las reservas no crezcan en crudo y vayan hasta un poco más de siete años, mientras que en el caso de gas vienen descendiendo, con una vida útil de apenas un poco más de cinco años. generando un déficit y la necesidad de empezar a importarlo

Al hacer el corte de cuentas de regalías para este Gobierno la situación es más alarmante. De acuerdo con la Asociación Colombiana de Minería (ACM), en los diez últimos años el sector minero ha aportado 33,2 billones de pesos, pero la mayor parte de esos recursos se dieron durante el Gobierno de Gustavo Petro: 19,5 billones de pesos en regalías, mientras que en los otros siete años la cifra llegó a 13,7 billones.

“Y si a eso le suma renta, en los mejores años de los precios del carbón, del níquel y del oro, son unos recursos infinitos. En el 2022 y 2023 hay unos contratos que tienen cláusulas de precios altos, que solo se disparan cuando los precios están muy elevados. Recursos que nunca el Gobierno había recibido. En esos dos años, esas platas suman alrededor de 4 billones de pesos largos. Muchas veces le he preguntado a la Agencia Nacional de Minería, ¿dónde está esa plata? Es una plata para los municipios. Si usted suma unos recursos con otros, estos tres últimos años han sido en los que más plata ha existido del sector minero. Si usted suma 19,5 billones en regalías, más otros 4 billones de pesos de cláusulas de precios altos, le da casi 24 billones. Y en renta han sido 15 billones de pesos, cuando históricamente el promedio en renta era de 1,5 billones de pesos anuales y en estos tres años ese promedio anual fue de 5 billones”, explica Juan Camilo Nariño, presidente de la ACM.

El sector de empresas petroleras ha pagado desde 2012 hasta el año pasado 88,8 billones de pesos, mientras que cerca de 21 billones corresponde a los últimos tres años.

En un reciente evento del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, el exdirector de Planeación Nacional Jorge Iván González advirtió el bajo impacto en los recursos de regalías en las regiones porque se trata de proyectos pequeños.

“No tenemos proyectos de más de 50.000 millones de pesos. Eso es una piñata. En ciencia y tecnología 869 proyectos, ninguno superior a 50.000 millones de pesos. Qué más evaluación para decir que esto ha sido un desastre”, dijo en su panel.

Pero, además, hay un agravante. Como explicó el observatorio de la Javeriana en un documento, en diciembre de 2024 el Congreso de la República aprobó la ley 2441 de 2024 del Presupuesto Bienal del Sistema General de Regalías para 2025-2026 por 30,9 billones de pesos. Al formalizarse el cierre presupuestal del bienio 2023-2024 se determinó una disponibilidad inicial de 31,7 billones, que se incorporarán como ingreso al siguiente bienio.

“En otras palabras, más del 50 % del presupuesto 2025 – 2026 no proviene de nuevos recaudos por regalías sino de recursos no ejecutados en el bienio que concluyó”, señala el documento. Y agrega que las cifras deben verse con una doble lente: oportunidad y advertencia. “El presupuesto 2025–2026 inicia con una capacidad financiera sin precedentes, pero también con una señal clara de alarma: la incapacidad crónica del sistema para ejecutar sus recursos. Más de 31 billones de pesos (equivalentes al 2 % del PIB) no se ejecutaron en el bienio 2023 – 2024 y ahora se incorporan como saldo al nuevo ciclo. Esta cifra, lejos de ser solo un activo disponible, es también el reflejo de debilidades institucionales persistentes”, concluye el documento.

Las regalías están amenazadas en el campo local por bajas ejecuciones, corrupción y algunos proyectos que no son relevantes, pero también por un horizonte con caída de precios, unas menores demandas y decisiones de gobiernos como el actual en el que la industria extractiva no es vista con buenos ojos.

Para Nariño, la anunciada reducción en la producción de las empresas de carbón va a tener un impacto. “Pero no solo en las regalías, sino también en el empleo local. Nuestro cálculo es que por cada millón de toneladas que se dejan de producir, el país deja de recibir en renta y en regalías casi 200.000 millones de pesos, eso con los precios del 2023”, señala.

Nariño explica que Colombia tenía una capacidad de producción cercana a 95 millones de toneladas de carbón, pero solo en la segunda parte de la década pasada se acercó a los 88 millones de toneladas. Tras la pandemia, se redujo a 57 millones de toneladas, y el promedio se ha estabilizado en 65 millones de toneladas. El año anterior fueron 54 millones “y este año va a ser mucho menos”, añade.

Ante este panorama, la duda que aflora es si con lo que hay y lo que viene se podrán hacer los cambios que se requieren para las transformaciones energéticas, productivas y fiscales o si el país está ante una oportunidad perdida.

“Las oportunidades que se perdieron hacia atrás ya están perdidas, pero hay que mirar hacia adelante y plantear soluciones con lo que tenemos. Entonces, tenemos que hacer la transición a la velocidad de los recursos que tenemos y tener en cuenta las necesidades de los retos sociales que enfrentamos. Parte de lo que nosotros consideramos que ha sido un error en la visión de este gobierno en particular es que ha buscado hacer una transición abrupta, acelerada, no planeada, cuando tenemos unos retos sociales y económicos en las regiones monumentales y estamos desfinanciando la hacienda pública”, dijo Pearl.

Según él, en los últimos dos años, el país ha perdido 35 billones de pesos de menos recaudo, por la disminución en la inversión y la actividad del sector. La inversión directa en el sector cayó un 27 %, la actividad exploratoria un 61 %, y en los últimos 24 meses se han perdido más de 20.000 empleos directos. “Entonces, de nada nos sirve llorar sobre el pasado, pero sí necesitamos aprender las lecciones de lo que no funcionó”.

Y aunque no es su sector, Pearl describió la compleja situación de La Guajira, en donde opera el Cerrejón, una de las más grandes productoras del país.

“Ese departamento es un ejemplo de una oportunidad desperdiciada en el uso adecuado del sistema general de regalías, porque cuando uno mira el acumulado de regalías que ha girado Cerrejón, divide entre el millón cien mil habitantes que tiene la Guajira, ve las condiciones de pobreza y falta de elementos de producción de bienes públicos, como agua y saneamiento básico, ve que ahí hay unas fallas estructurales que también tienen que ver con la gobernanza, con la transparencia y con el buen uso de los recursos públicos”, dijo Pearl.

Identificó sectores adicionales en esa región, distintos a la minería, para que La Guajira no dependiera de esta industria extractiva cuando Cerrejón no esté. El primero, al sur del departamento, un clúster de agricultura, pues cuenta con fuentes de agua, tierras y vocación de producción. El segundo, el de energías renovables y el tercero, el de turismo. Y recuerda que hay más de 20 departamentos de Colombia donde más del 25 % del total de su presupuesto depende de las regalías.

En ese sentido, Pearl planteó una propuesta: “Hay que aprovechar los recursos de estos sectores para lograr tres propósitos, en lo que hemos llamado una transición a la colombiana. Lo primero es una transición energética, utilizar los recursos para la adopción gradual de tecnologías con menores emisiones en estos sectores y en otros sectores. Lo segundo es una transición económica, es utilizar lo que venimos hablando, los recursos de regalías y los esquemas de compensaciones por impactos a biodiversidad en proyectos que tengan los criterios que mencionábamos, generen competitividad, etc. Y lo tercero, como consecuencia de eso, que es el impacto que todos queremos lograr en la transición social para disminuir la gran inequidad y reducir la pobreza”.

Para Nariño, estos son los tiempos en donde más hay que revisar la ejecución de esas regalías. “Esos 33 billones de pesos en los últimos 10 años, si usted le junta las otras platas que había acumuladas, son como 62 billones de pesos”, agrega.

Asegura que la minería y las compañías mineras han aportado esos recursos para esos municipios que están en la caja y agrega que su ejecución le corresponde al Estado y les corresponde a los alcaldes.

“Habiendo dicho eso, cuando uno compara el indicador de necesidades básicas insatisfechas en los municipios mineros, con los municipios con los cuales se puede comparar que son municipios rurales, no capitales de departamento, el indicador de necesidades básicas en los municipios ha bajado del 61 al 30 %”, añadió Nariño.

La subdirección del Sistema Nacional de Regalías ha señalado que trabaja con los órganos de control y con la Fiscalía General de la Nación, y en los últimos 17 meses se realizaron 3.117 reportes sobre 4.322 presuntas irregularidades en proyectos financiados con recursos de las regalías. Además, desarrolla una estrategia integral de asistencia técnica territorial que busca revertir esta situación y trabajar con los entes territoriales para fortalecer sus capacidades de planeación, formulación y ejecución de proyectos, mejorar la calidad del gasto, promover inversiones con enfoque regional y garantizar que los recursos de regalías se conviertan en proyectos transformadores y sostenibles.

Frente a las amenazas con la disminución de la producción, tanto minera como petrolera, Duque advirtió que se reconoce que este desafío puede ser una oportunidad para fortalecer las capacidades territoriales y avanzar hacia un modelo de desarrollo más sostenible.

“Se asume este escenario como una oportunidad para avanzar hacia un nuevo modelo de desarrollo territorial. En este contexto, se está promoviendo activamente una visión de transición energética justa y ordenada, que permita a las regiones productoras prepararse para un futuro con menores ingresos por actividades extractivas, sin dejar de garantizar el bienestar de sus comunidades”, puntualizó.