Organizaciones indígenas declaran en alerta humanitaria a los sionas del Putumayo

Ya hace mucho tiempo que los siona no viven en paz, libres de hostigamientos, entre las densas selvas del sur del Putumayo, cerca a la frontera con Ecuador, un territorio ancestral bañado por los ríos Putumayo, Piñuña Blanco y Cuehembí. Desde el siglo XVI las tribus amazónicas han visto llegar expedicionarios, misioneros, buscadores de minerales preciosos y colonizadores. Por eso su constante es huir.

Para mantenerse lejos de los blancos, sus enfermedades y la esclavitud, los sionas huyeron hacia lo más espeso de la selva, a un territorio de 13.000 hectáreas compartido entre los municipios de Puerto Asís y Puerto Leguízamo. Sin embargo, según la Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic), su aislamiento no los blindó de nuevas amenazas, como misioneros, traficantes de esclavos, empresarios y personas vinculadas a la extracción y comercialización de productos forestales y oro.

A partir de la segunda mitad del siglo XIX, la quina y el caucho gobernaron el Putumayo, una hecatombe que causó masacres indígenas y más esclavitud en los puestos caucheros. “El tráfico de patrones y empresarios peruanos, colombianos y ecuatorianos propició una profunda destrucción de muchos de los grupos nativos, que fueron obligados a participar como mano de obra”, aseguró la Onic.


 

Hoy en día, queda no más de 2.150 sionas distribuidos en 12 comunidades sobreviven en las densas selvas del Putumayo, pero con amenazas igual o más críticas a las que padecieron sus antepasados: minería de oro, explotación petrolera y más reciente la presencia nefasta de grupos armados ilegales, sus mayores verdugos.

La comunidad indígena bo piyuya, que habita en el resguardo Piñuña Blanco de Puerto Asís, es la más vulnerable a desaparecer por los recientes enfrentamientos entre estos grupos armados, razón por la cual la Organización Zonal Indígena del Putumayo (Ozip), creada en 1986 por representantes de 14 pueblos indígenas del departamento, decidió tomar cartas en el asunto.

En una comunicación difundida por la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (Coica), la Ozip declara la alerta humanitaria por la vida, territorio y supervivencia de los siona bo piyuya de Piñuña Blanco, “quienes son testigos y víctimas de constantes confrontaciones entre grupos armados en el transcurso de 2019. En hechos presentados a finales de septiembre, encontraron menoscabados sus derechos étnicoterritoriales, sin tener garantías para su permanencia en el territorio y su libre movilidad por parte de la institucionalidad”.

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La organización le solicita a los organismos internacionales y autoridades competentes tomar medidas urgentes para salvaguardar y restablecer la armonía territorial de los siona. A organismos internacionales como la Agencia para los Refugiados (ACNUR), ONU y al Comité Internacional de la Cruz Roja, les pide brindar un acompañamiento constante para establecer acciones efectivas que garanticen la autonomía territorial, la integridad de autoridades y la guardia indígena.

“A los grupos armados y la fuerza pública les solicitamos respetar el carácter neutral e imparcial de la comunidad indígena, en especial la autonomía territorios, el derecho internacional humanitario y los derechos humanos de nuestra comunidad”, cita la alerta humanitaria del primero de octubre de este año.

Por último, a la ministra del Interior Nancy Patricia Gutiérrez y al defensor del pueblo Carlos Alberto Negret, les pide definir de manera inmediata una mesa de trabajo de carácter nacional para evaluar y establecer medidas que mitiguen la situación de orden público.

Cuatro mil personas en riesgo

El defensor del pueblo se sumó al SOS de la Organización Zonal Indígena del Putumayo. En una comunicación enviada a la ministra del Interior a finales de septiembre, le comunica una alerta temprana por la situación de riesgo que enfrentan los habitantes del corregimiento Piñuña Blanco en Puerto Asís.

Según Negret, en Piñuña Blanco habitan aproximadamente 4.000 personas, distribuidas en 14 veredas y territorios colectivos como el resguardo siona Buena Vista, los cabildos indígenas siona Santa Cruz de Piñuña Blanco, Bajo Santa Helena y Nasakiwe de Chorro Largo, y el consejo comunitario La Chilpa.  

“El riesgo para estas poblaciones se fundamenta en la presencia y disputa de dos grupos disidentes de los frentes 1 y 48 de las FARC y la estructura armada ilegal autodenominada La Mafia, quienes han incrementado sus enfrentamientos durante los últimos días. Esto ha recrudecido las amenazas e intimidaciones sobre las comunidades campesinas, indígenas y afrocolombianas que habitan en dichos territorios”, cita la comunicación enviada a la ministra Gutiérrez.

La Defensoría advierte que las dos disidencias de las FARC están en constante disputa territorial con la estructura ilegal La Mafia, integrada presuntamente por varios grupos ilegales como La Constru, disidencias de los frentes 15, 32, 48 y 49, y grupos posdesmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia.

“Los enfrentamientos están dirigidos a obtener dominio sobre las zonas bajo control de las FARC, áreas en las que confluyen corredores estratégicos útiles para la movilidad de hombres, armas y manejo de los eslabones de la economía ilegal del narcotráfico, como producción, tráfico y distribución de estupefacientes. Aunque el ingreso de estos grupos comenzó en diciembre de 2017, su accionar violento se ha intensificado desde el segundo trimestre de 2018. La comunidad ha recibido restricciones y órdenes para el ingreso al grupo de jóvenes desde los 15 años en adelante”, afirma el documento.

Sumado a lo anterior, la Defensoría del Pueblo evidenció otros factores que tienen en peligro a los 4.000 habitantes de Piñuña Blanco, como la ocurrencia de homicidios, enfrentamientos con interposición de la población civil, confinamientos y desplazamientos de las comunidades, “acciones que configuran violaciones a los derechos a la vida, libertad, integridad y seguridad de la población. Hay un contexto generalizado de zozobra entre las comunidades”. 

El documento revela que el 23 de septiembre, las comunidades campesinas, afrocolombianas e indígenas de Piñuña Blanco advirtieron que, de no existir una respuesta oportuna de las autoridades para disuadir la creciente violencia, se desplazarían en el corto plazo. “Esto indica un altísimo riesgo de desplazamiento masivo. Todas estas vulneraciones demandan de la acción institucional a través del despliegue excepcional y prioritario de medidas preventivas y acompañamiento humanitario a las comunidades en riesgo”, dice la entidad.

Acción inmediata

Ante el latente riesgo en el que viven los habitantes del corregimiento Piñuña Blanco, la Defensoría le hace varias recomendaciones a entidades y a la fuerza pública, empezando por el Ministerio del Interior. “El llamado es a tramitar de manera inmediata cada una de las recomendaciones contenidas en esta alerta temprana, para que adopten las medidas urgentes de prevención, reacción rápida y protección para la población”.

También le recomienda implementar la ruta de protección colectiva y medidas de emergencia para blindar a las comunidades. “El resguardo indígena Santa Cruz de Piñuña Blanco y el cabildo Santa Helena del pueblo siona, solicitaron medidas de protección colectiva en agosto de 2018, sin que a la fecha hayan recibido notificación alguna sobre su solicitud. Merecen especial atención los líderes comunales, comunitarios y étnicos”.

Al Ejército, Armada y Policía Nacional, los insta a implementar operativos de registro y control en el corregimiento, incluyendo actividades de patrullaje en los corredores fluviales y terrestres. “La fuerza pública debe hacer presencia en las zonas rurales y  desplegar acciones de inteligencia y contrainteligencia, que les permitan anticiparse y disuadir cualquier acción armada proveniente de los grupos armados ilegales”.

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La Gobernación del Putumayo y la Alcaldía de Puerto Asís deben realizar jornadas de atención institucional y acompañamiento a las comunidades en riesgo, además de brindar ayuda humanitaria inmediata a las familias de las comunidades confinadas y en alto riesgo de desplazamiento forzado.

“La Fiscalía General de la Nación debe priorizar actividades de investigación para aclarar los hechos e individualizar a los responsables de las conductas vulneratorias desarrolladas en contra de la población civil”, advierte la entidad defensora de los derechos humanos.

Mirada al pasado

Según la Defensoría del Pueblo, las condiciones geográficas, sociales y culturales del corregimiento Piñuña Blanco, sumadas a la falta de presencia del Estado, han motivado la emisión de diversos documentos de advertencia.

En marzo de 2016, la entidad advirtió sobre la conformación de disidencias en Puerto Asís, el alto riesgo que representaba para las comunidades indígenas y campesinas y la utilización de métodos y medios para generar terror, “caso que fue reiterado en una nota de seguimiento en octubre de 2017”. 

Una alerta temprana de abril de 2018 prendió las alarmas por la amenaza que afrontaban 265 integrantes de los resguardos Santa Helena y Piñuña Blanco, producto de amenazas, homicidios, restricciones a la movilidad, desplazamientos forzados, reclutamiento y utilización ilícita de niños y adolescentes.

“Advertimos sobre el incremento de las disidencias de las FARC en zonas limítrofes con el municipio Puerto Leguízamo. En 2019, y ante la elevada probabilidad de vulneraciones a los derechos, nos hemos pronunciado en diferentes espacios institucionales. Pero el riesgo inminente se ha expandido a 14 veredas, el cabildo Nasakiwe de Chorro Largo, el resguardo Siona Buena Vista y el consejo comunitario La Chilpa”, afirma la entidad.

Línea de tiempo

La Defensoría reconstruyó una línea de tiempo con los atentados o amenazas más recientes contra esta población, todas en los últimos tres meses de 2019:

28 de julio: disidencias llegaron al caso urbano de la vereda Puerto Bello para reunir a la comunidad. Ese día se presentó un enfrentamiento con el grupo La Mafia, dejando a un hombre de la comunidad herido.

3 de agosto: confrontación armada en la vereda San Ignacio. Un hombre resultó herido y dos personas perdieron la vida (presuntamente de los grupos armados). 

14 de agosto: desaparición de un hombre que estaba trabajando en una construcción en Puerto Bello. Su cuerpo fue encontrado sin vida al día siguiente. 

15 de agosto: asesinato de un afiliado al consejo comunitario La Chilpa.

16 de agosto: un hombre de la vereda San Ignacio fue sacado de su vivienda y retenido por varios días. Por amenazas contra de su vida, no pudo denunciar. 

12 de septiembre: asesinato de un joven de 28 años en la vereda Monte Bello. 

14 de septiembre: dirigentes comunitarios de Piñuña Blanco manifestaron que ante un nuevo asesinato se desplazarían.

16 de septiembre: un poblador de la vereda Puerto Bello recibió disparos mientras se encontraba en su casa.