La reforma rural: el nudo ciego de una paz enredada, según la oposición

Un grupo de senadores y representantes publicó este jueves un informe de 122 páginas sobre cómo va la implementación de los acuerdos firmados en La Habana, desde que Iván Duque asumió la presidencia hace un año.

El análisis, adelantado por miembros de la oposición, independientes y algunos parlamentarios de La U, califica como regular el avance del primer punto de los acuerdos de paz, el de la Reforma Rural Integral. Si bien hay logros, también existen alertas que les preocupan a los parlamentarios como la forma en la que al Estado le ha quedado difícil llegar a las zonas rurales de Colombia.

El análisis se logró a partir de una recopilación de información de datos oficiales que hicieron los congresistas Juanita Goebertus, José Daniel López, Carlos Ardila, David Racero, John Jairo Cárdenas, Wilmer Leal, Catalina Ortiz, David Pulido, Angélica Lozano, John Jairo Hoyos, Harry González, Temístocles Ortega, Roy Barreras, Iván Cepeda, Luis Fernando Velasco, María José Pizarro, Katherine Miranda, Neyla Ruiz, León Freddy Muñoz y Mauricio Toro. No participaron en el documento los congresistas de la Farc.

El acceso a la tierra

“No hay una política sólida para impulsar el Fondo de Tierra que es la base del asunto”, le dijo a SEMANA RURAL el senador Iván Cepeda. El primer punto, sobre la Reforma Rural Integral, es la base socioeconómica para que el acuerdo tenga éxito. 

El análisis dice que el gobierno actual solo ha cumplido con el 8,7 por ciento de la meta anual en la formalización de tierras. Si bien la Consejería para la Estabilización y la Consolidación asegura que en lo que va de este Gobierno “se han formalizado un total de 73.465 hectáreas de pequeña y mediana propiedad en 27 departamentos, beneficiando a 6.009 familias”, el resultado por año deberían ser 833.000 hectáreas anuales para un plazo extendido no de 10 años, como lo plantea el acuerdo, sino de 12.

Esta formalización se hace por medio del Fondo de Tierras, programa encargado de brindársela a los campesinos que no tienen o que la tienen en cantidades insuficientes.

El llamado de atención de los congresistas añade que el actual gobierno no está haciendo una jerarquización adecuada de los datos para dotación y formalización de tierras, lo que podría dificultar la existencia de una correcta definición de uso de suelo.

Reducción de presupuesto para la ANT

Para 2020 la Agencia Nacional de Tierras tendrá  una reducción de 19 por ciento en su presupuesto  con respecto al año 2019. El informe señala que desde su existencia esta entidad he tenido que sostenerse con un dinero escaso para su correcto funcionamiento y que esta reducción significa que los procesos de formación y actualización catastral de los territorios más abandonados empezarían a sufrir los estragos de este avance, dado que de allí -agrega- no se espera resultado alentador sobre la formalización y aclaración de los derechos de propiedad en el campo.

Recientemente se dio a conocer que el gobierno negoció con el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo dos créditos que suman 150 millones de dólares y que se destinarán a fortalecer instituciones como la ANT, el Instituto Agustín Codazzi y la Superintendencia de Notariado y Registro. Esta sería una inyección que podría potenciar estas entidades y sobretodo, los procesos catastral y de formalización y jerarquización que están relegados.

Al respecto el congresista David Racero dijo que "el único punto que ha avanzado es el acuerdo que ya tiene el gobierno con el Banco Mundial para un crédito con el fin de implementar la actualización y levantamiento del catastro multiproposito. Eso lo celebramos. Pues será la herramienta que nos permitirá saber el estado de tierras actualmente".

Pero no solo se trata de una recopilación de información catastral sino de que las comunidades se sientan integradas al momento de realizar estos procedimientos para que exista mayor transparencia, según el informe.
 

Pendientes los PDET

La Agencia de Renovación Territorial es la encargada de estar cerca de las comunidades, sobre todo donde se deben desarrollar los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).

De acuerdo con el informe de los 21 congresistas, existe evidencia de que la ART ha dejado de ir a muchos territorios y por ende las comunidades se sienten abandonadas. “No hay una inversión seria. La inversión equivale al 0.08 por ciento del costo requerido para el tema de infraestructura. Es insuficiente a esos ritmos por lo que puede haber un fracaso de los planes”, explicó el senador Cepeda.

El actual gobierno ha firmado 14 Planes de Acción para la Transformación Regional, y se han ejecutado 410 obras dentro del Programa de Infraestructura Comunitaria (PIC) con una inversión de 56.353 millones de pesos. Las obras se han centrado en las subregiones Macarena-Guaviare, Putumayo y Bajo Cauca y Nordeste Antioqueño. “Mientras que, en subregiones como los Montes de María, Pacífico Medio y Sur de Bolívar, no se reportan obras PIC en lo corrido de este Gobierno”, dice el informe. 
 

Alerta por meta de deforestación

De acuerdo con el informe, el 84 por ciento de la deforestación se está dando donde debería estar actuando el Estado. En esas áreas -dice- la reducción ha sido mínima, lo cual es preocupante.

Agrega que las metas que se plantea el propio gobierno en el Plan Nacional de Desarrollo reflejan una realidad alarmante para los próximos 4 años, pues se deforestaría un millón de hectáreas de tierra. “En 2017 se deforestaron 219.973 hectáreas, 84 por ciento de las cuales se concentraron en municipios PDET”, resalta el documento.