¿Cómo afectó el conflicto armado al Área de Manejo Especial de La Macarena y sus guardaparques?

El conflicto armado en Colombia siempre ha tenido una relación directa con las disputas por el acceso a la tierra y los recursos naturales, algo que con la creación y desarrollo de los Parques Nacionales Naturales (PNN) los convirtió en escenarios de una guerra de larga duración. 

Durante décadas, estas áreas protegidas han sido tachadas por numerosos empleados públicos como una barrera contra el desarrollo, una etiqueta que detonó juicios, amenazas y ataques contra sus funcionarios. Estos sitios representaban piedras en el camino para evitar el control sobre verdugos como la deforestación, la minería ilegal, la ganadería extensiva y los cultivos ilícitos.

Las zonas protegidas de la Amazonia, que estuvieron en pleno corazón del conflicto armado colombiano, no solo padecieron por el sonido de los fusiles de la guerra. También han sido afectadas por distintas formas de poblamiento, uso inadecuado del suelo y tipos de desarrollo económico, tanto legales como ilegales.

En algunas áreas, como la región de La Macarena en el Meta, los procesos de poblamiento fueron impulsados por el conflicto de la tierra del interior del país, donde la guerrilla de las FARC tuvo un papel preponderante en el proceso de colonización y organización del territorio. 

Tinigua, la Serranía de La Macarena, Cordillera de los Picachos y Sumapaz, los cuatro Parques Nacionales que conforman el Área de Manejo Especial de la Macarena (AMEM), se encuentran entre los más perjudicados por el conflicto armado y la colonización.
 

Esto llevó a la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS) y al Comité Holandés de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), a unir esfuerzos para dimensionar realmente cómo fue la problemática en esta parte estratégica del país, que suma más de 3,9 millones de hectáreas.

Durante más de dos años, ambas entidades realizaron entrevistas y talleres con varios funcionarios ambientales encargados de velar por el medioambiente en el AMEM, zona ubicada en los departamentos de Meta y Guaviare.

También hicieron una revisión cartográfica con las transformaciones de estos parques en los últimos 20 años, que arrojó información concisa sobre las principales condiciones de conflictividad.

Los resultados quedaron plasmados en el libro Áreas protegidas amazónicas y sus funcionarios como víctimas del conflicto armado, publicación que cuenta con decenas de testimonios de guardaparques y funcionarios públicos que se han visto afectados por una guerra de más de medio siglo.

“Este libro pretende dejar constancia de las condiciones de victimización que sufrieron los funcionarios de Parques Nacionales del AMEM entre 2000 y 2019, como un ejemplo de lo que ocurrió en el resto del Sistema Nacional de Parques de la Amazonia. También hace un llamado de atención al gobierno, ya que las condiciones estructurales del conflicto no han desaparecido”, dijo Rodrigo Botero, director de la FCDS. 

Según Botero, esta publicación sirve para dar un giro en la protección de los Parques, sus funcionarios y sus capacidades financieras y operativas, “además de la transformación conceptual y metodológica de su gestión, de manera que la capacidad de abordar los temas de desarrollo sostenible y acceso a los derechos de la tierra y uso del bosque en sus zonas amortiguadoras, sea una vía para compensar las necesidades poblacionales y de conservación”. 
 

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«El territorio resultó estratégico para los actores armados, legales e ilegales, lo que conllevó a disputas territoriales y victimizaciones en su interior como asesinatos, desplazamientos, desapariciones y reclutamientos forzados, afectando a los defensores del medioambiente»

Importancia planetaria

El Área de Manejo Especial de la Macarena es una zona única en el planeta. Allí se conectan biomas andinos, amazónicos y orinocenses, por lo cual posee una alta diversidad biológica, ecosistemas únicos y representativos, escenarios con alto valor paisajístico, flora y fauna endémica y servicios ecosistémicos nacionales. 

Estos atributos no la salvaron de padecer por los fusiles. Debido a su posicionamiento geopolítico y militar estratégico, el AMEM se conviritó en uno de los núcleos más importantes del conflicto armado interno colombiano y un fortín de coca. 

“El territorio resultó estratégico para los actores armados, legales e ilegales, lo que conllevó a disputas territoriales y victimizaciones en su interior como asesinatos, desplazamientos, desapariciones y reclutamientos forzados, secuestros, extorsiones, violencia sexual y amenazas, afectando a los defensores del medioambiente”, cita la publicación.

Los primeros procesos de colonización en la zona se dieron hacia los años 30 del siglo XX, impulsados por la quina, caucho, pieles de tigrillo y extracción de especies maderables. “A partir de los 50 llegaron nuevos habitantes promovidos por la violencia bipartidista; en los 60 y 70 vinieron colonizaciones promovidas por el Estado, y desde los 80 familias atraídas por la bonanza cocalera”.

Muchos de sus habitantes se ubicaron en zonas donde, de acuerdo con la normatividad ambiental, no debería haber asentamientos humanos. La colonización conllevó a nuevas presiones y amenazas como la coca, ganadería extensiva y mercado descontrolado de tierras, que han acarreado una serie de impactos negativos, daños y afectaciones al medioambiente y el territorio. 
 

«Los paramilitares y el Ejército desafiaron a las FARC y cuestionaron su soberanía a través de estrategias de terror. Desde 2002, la población del AMEM vivió la intensificación de las acciones militares»
 

Verdugos uniformados

El AMEM ha contado con la presencia de tres grupos subversivos: las FARC, los Paramilitares y bandas de crimen organizado. La presencia del primero se remonta a los antiguos guerrilleros de los llanos y la movilización en los 70 de las “columnas de marcha”, a través de las cuales campesinos y grupos comunistas buscaron huir de la violencia desplegada por el Estado y se establecieron en las riberas de los ríos Duda, Guayabero y Pato. 

“Esto hizo que durante los 60, varias zonas del AMEM fueran consideradas como repúblicas independientes, y sus habitantes vistos como una amenaza. Por eso, el Estado hizo presencia a través del Ejército y la Policía, pero se abstuvo de prestar servicios básicos que fueron autogestionados por la comunidad”, cita el libro.

A partir de los 70, un elevado número de colonos y comerciantes llegó a la región impulsado por los cultivos de marihuana y coca, lo que llevó a las FARC a reformular sus estrategias de dominio, cobrando impuestos a los campesinos. “En los 90 se estructuró el Bloque Oriental. Las negociaciones de paz y la zona de despeje marcaron un nuevo giro de la guerrilla hacia lo político, y la población civil tuvo que enfrentar la decisión de irse o quedarse bajo un nuevo orden”. 

En una de las entrevistas, un funcionario de Parques aseguró: “la guerrilla nunca se ha metido con Parques. Antes nos ayudaban. Nos decían: ustedes hacen la parte educativa y nosotros la represiva” Otro guardián del ambiente dijo que en 1994 inició la veda de la pesca. “Empezaron a crear la normatividad: nada de trasmallo. Hay gente que murió por no hacer caso. Prohibieron la pesca en los raudales y cajones”.

El paramilitarismo surgió con las bonanzas económicas, compra de tierras ganaderas, esmeraldas, marihuana y coca. Desde finales de los 70, junto con grupos de sicarios, prestaron labores de vigilancia y seguridad frente a las acciones de las FARC. En los 80 quedó fortalecido, y en 1997, tras cometer masacres en Mapiripán y Puerto Alvira, comenzó a expandirse.

“Los paramilitares y el Ejército desafiaron a las FARC y cuestionaron su soberanía a través de estrategias de terror. Desde 2002, la población del AMEM vivió la intensificación de las acciones militares”, cita el análisis. 

Las otras figuras criminales presentes son Grupos Armados Organizados (GAO), como el Clan del Golfo, Pelusos y Bloques Meta; y Grupos Delincuenciales Organizados (GDO) como Los Rastrojos, La Cordillera, La Constru y La Empresa. 
 

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Lleno de coca

Los cultivos ilícitos podrían catalogarse como la problemática más antigua en el AMEM. Desde finales de los 70, aparecieron los primeros cultivos de marihuana, que luego fueron reemplazados por coca.

“La coca se instaló en lugares como Puerto Rico, Vistahermosa, La Macarena y San José del Guaviare. Este cultivo fue colonizando áreas de los Parques Nacionales, en especial en La Macarena, Tinigua y Picachos. Hoy en día, esta problemática continúa a pesar de la erradicación forzosa con aspersiones aéreas con glifosato, programas de desarrollo alternativo, erradicación manual y criminalización de los cultivadores”, revela el documento.

Para el 2017, en el AMEM fueron reportadas 5.805 hectáreas sembradas de coca, cifra que se ha mantenido relativamente constante desde 2014. “Del área cultivada, 53 por ciento está en áreas protegidas”.

El AMEM está entre una de las zonas más críticas en cuanto a campos minados, con un área de casi 700 hectáreas como superficie potencial de afectación. “Además, ha sido uno de los lugares donde más hechos violentos han ocurrido en el país, con una violencia histórica en municipios como El Castillo, El Dorado, La Macarena, Lejanías, Puerto Concordia, Puerto Rico, Mesetas, San Juan de Arama, La Uribe y Vistahermosa”.
 

«En una época robaban, mataban y botaban al río a la gente que tenía plata, a los raspachines, a los borrachines, mejor dicho, al que se les daba la gana»

Antiguo funcionario de Parques Nacionales

Memoria de los funcionarios verdes

Por medio de talleres y entrevistas realizados en Vistahermosa, Villavicencio y Neiva, la FCDS y el Comité Holandés de la UNIC documentaron varios hechos victimizantes en contra de funcionarios de los Parques del AMEM. SEMANA RURAL destaca algunos de estos testimonios, enmarcados en distintas temáticas:

- “A veces uno salía de la cabaña y se encontraba con uno o dos muertos”

- “En una época robaban, mataban y botaban al río a la gente que tenía plata, a los raspachines, a los borrachines, mejor dicho, al que se les daba la gana”

- “Al finalizar la zona de despeje se presentó la mayor ola de violencia que ha tenido la región. Las calles se llenaron de cuerpos”

- “Lo raro era que pasaran 1 o 2 días sin confrontaciones en las inmediaciones del casco urbano”

- “Dormíamos debajo de la cama y lejos de las ventanas” 

- “Durante la época dura del paramilitarismo, la medida que tomé fue levantar unas tablas en la cabaña para ocultarme”

- “A veces nos despertaban las bombas y los sonidos de fusil. Nos inventábamos cualquier cosa para pasar el rato”

-  Uno de los enfrentamientos se dio en el casco urbano de La Macarena, donde PNN tenía una cabaña. Sus funcionarios vivieron momentos de zozobra durante el hostigamiento
 

- "Los hombres y mujeres que trabajan para Parques Nacionales han sufrido numerosas detenciones. Tantas que es imposible contabilizarlas”

- Tres funcionarios fueron secuestrados por las FARC en 1997 en la vereda Argentina del municipio de Mesetas, para ser utilizados en la ‘operación canje’
 
- “Como el comandante de la guerrilla conocía a uno de ellos, se salvaron, y los devolvieron después de una detención de más de 10 horas”
 
- Ese mismo año, dos funcionarios fueron retenidos en la Ye de San Juan, vía Granada. Dos hombres armados los detuvieron y les pidieron bajarse del bus

- Algunos hombres del equipo del Parque Tinigua y Cormacarena recibieron una invitación de un frente guerrillero para presentarse en el Raudal de Angosturas

- “La embarcación que los esperaba los llevó a la escuela El Tapir. A su llegada, miembros de las FARC los retuvieron por varias horas” 
 

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«Martín murió desangrado. Su esposa quedó viuda y su hija menor de edad huérfana. Sus compañeros dicen que no hubo tiempo para llorarlo, ni homenaje, ni respuestas»

Crónica de la muerte de un funcionario de Parques

La muerte de Martín Duarte

La publicación de la FCDS extracta parte de una crónica sobre la muerte de Martín Duarte, funcionario de Parques Nacionales que trabajaba en el Parque La Macarena.

Martín acostumbraba a quedarse en la sede de Cerrillo del PNN Macarena cada 15 días. Estudiaba pedagogía infantil en la UNAD en Acacías y aprovechaba el computador de la oficina para hacer sus trabajos. 

El 2 de febrero de 2008, salió de la cabaña para hacer unas cotizaciones sobre una obra civil en el auditorio. En su camino de vuelta tuvo la mala fortuna de ver lo que no debía: unos hombres llevaban consigo a una mujer secuestrada. Al parecer notaron que él los había visto. 

Poco tiempo después de llegar a la cabaña, dos hombres armados se presentaron ante él y le dispararon por la espalda. El impacto de bala no logró fulminarlo. Martín salió a pedir ayuda y llamó a una prima, a uno de sus compañeros de trabajo y a su jefe. Este último emprendería uno de los viajes más angustiosos de su vida para intentar salvarlo. 

A pesar del esfuerzo, no hubo nada que pudieran hacer. Martín murió desangrado. Su esposa quedó viuda y su hija menor de edad, huérfana. Sus compañeros dicen que “no hubo tiempo para llorarlo, ni homenaje, ni respuestas. No ha habido una investigación que diera frutos, ni castigo a los responsables”. La cabaña de PNN en Cerrillo se cerró. 
 

“Solo hasta 2007, Parques pudo hacer un primer sobrevuelo entre Villavicencio y el Parque Apaporis. Fue como haber llegado a la luna. Teníamos restricciones por la guerra para llevar GPS a terreno. Los sobrevuelos cambiaron todo”,

Ex funcionario de Parques Nacionales
 

Fuertes denuncias

Las estrategias de gestión en las áreas protegidas amazónicas son variadas y complejas. Algunos lugares se tienen que administrar desde la distancia, mientras que otros cuentan con acceso restringido a ciertos sectores y períodos de tiempo. 

Dicha gestión padece por un número limitado de personas asignadas a cada área y escasos recursos físicos y económicos. “Cuando llegué a Parques Nacionales todo era muy precario. Los funcionarios no tenían carro, portátil ni cabaña. Dos áreas eran de papel: Nukak y Puinawai, y ni siquiera tenían cuentas administrativas”, dijo un ex funcionario en 2017.

“Sólo hasta 2007, Parques pudo hacer un primer sobrevuelo entre Villavicencio, la reserva Nukak y el Parque Apaporis. Fue como haber llegado a la luna. Teníamos restricciones por la guerra para llevar GPS a terreno. Los sobrevuelos cambiaron todo”, dijo otro defensor.

Los funcionarios no siempre pueden ingresar a los territorios. Hay áreas protegidas enteras o porciones importantes que administran y defienden a la distancia, debido a que son territorios vedados. Muchos han sido proscritos, por lo que se han visto forzados a realizar su gestión desde el escritorio. 

En varias ocasiones, los defensores requieren del permiso de los actores ilegales para ingresar. Según la publicación, esto pasó mucho con las antiguas guerrillas. "En el escenario de los paramilitares nunca se dio. Con la disidencia de las FARC, la impredecibilidad aún es muy alta”.
 

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“Había mucho lenguaje vedado, amenazas, comentarios despectivos y señalamientos. Un gran irrespeto a quien no hacía más que estar ahí con una camisa. Eso lo decían militares, guerrilleros, alcaldes, ministros, todos”

Ex funcionario de Parques Nacionales
 

Tanto Parques Nacionales como las Corporaciones amazónicas, cuentan con personas que fueron atravesadas por victimizaciones. Muchas de ellas han vivido desplazamientos, homicidios de familiares, amenazas, intentos de reclutamiento forzoso, enfrentamientos entre la guerrilla y fuerza pública.

“Cuando yo estaba en el colegio, muchas veces estábamos en la granja y empezaba un cruce de disparos. Nosotros nos tirábamos al piso. Varias veces estábamos en las salas de clase y teníamos que agacharnos y esperar a que pasara todo el cuento. Mataron a tres compañeros”, aseguró una funcionaria en un taller en San José del Guaviare.

Los servidores de estas zonas biodiversas parecen estar solos en su defensa. Su tarea es vista como un capricho de los funcionarios, quienes llegan a ser presionados o estigmatizados por su trabajo. “Había mucho lenguaje vedado, amenazas, comentarios despectivos y señalamientos en muchas conversaciones. Un gran irrespeto a quien no hacía más que estar ahí con una camisa. Eso lo decían militares, guerrilleros, alcaldes, ministros, todos”, afirmó otro ex funcionario.

La guerrilla les decía: “ustedes lo que quieren es engramparnos y jodernos a nosotros y a los campesinos para que empecemos a pagar impuestos y empadronarnos a todos”. Por su parte, los militares afirmaban: “doctor, es que usted y su grupo están acolitando que la guerrilla se esconda detrás de esas organizaciones campesinas; es que ustedes son una ONG”. 

Otro ex trabajador denunció presiones por parte de las autoridades locales. “Alcaldes que le metían maquinaria a carreteras y uno se preguntaba: ¿para quién lo están haciendo? Una vez que uno firma con Parques como que se siente más en riesgo, porque como es una entidad que hace control la gente lo ve más como un enemigo”.
 

«Parques Nacionales no puede continuar siendo la única presencia estatal en estos territorios. Tiene que contar con una buena capacidad legal, técnica y sostenida de presupuesto nacional, »
Rodrigo Botero, director FCDS

¿Qué hacer?

Rodrigo Botero, director de la Fundación para la Conservación y Desarrollo Sostenible, propone varias acciones para que el Sistema de Parques y sus trabajadores mermen sus amenazas en un conflicto que aún no cesa y eviten seguir revictimizalizados.

"Parques Nacionales no puede continuar siendo la única presencia estatal en estos territorios y tiene que contar con una buena capacidad legal, técnica y sostenida de presupuesto nacional, sino cualquier actor armado cooptará las voluntades de las poblaciones locales". 

Para el experto, la presencia de los funcionarios en zonas de baja gobernabilidad no debe ser considerada como una opción. "Hay que revisar de manera abierta las políticas, planes y programas gubernamentales que han afectado a los parques y sus funcionarios. La victimización no ha sido solo a manos de grupos armados o economías ilegales. Las responsabilidades del Estado deben ser reconocidas y resarcidas".
 

«La JEP debe reconocer las áreas del Sistema de Parques Nacionales que han sido víctimas del conflicto armado como sujetos de derechos. Todos tienen la misma importancia y protección legal y constitucional»

Eugenia Ponce de León, experta en derecho ambiental
 

Por su parte, Eugenia Ponce de León, experta en derecho ambiental y autora de uno de los capítulos de la publicación, considera que el Sistema de Parques ha sido sometido a presiones que dificultan su administración, como la existencia de colonos en su interior y la puesta en marcha de políticas sectoriales inadecuadas. 

“Las mayores presiones vienen por factores de orden público o inducidos por economías ilegales, como la presencia de actores armados ilegales, siembra de cultivos ilícitos, apertura de vías ilegales y extracción ilícita de minerales. Han sido fortines de grupos guerrilleros y ejércitos paramilitares, al igual que bandas criminales organizadas que se refugiaran allí aprovechando la poca presencia estatal y de fuerza pública”.

Como los Parques han sido víctimas del conflicto armado, Ponce de León afirma que deben ser entidades sujeto de derechos, como las Cortes reconocieron a la Amazonia y Pisba. “Todos tienen la misma importancia y protección legal y constitucional, por lo cual deben ser tratados como víctimas ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Esta jurisprudencia debe reconocer las áreas del Sistema de Parques Nacionales que han sido víctimas del conflicto armado como sujetos de derechos, víctimas del conflicto y sujeto de reparación”.