Debate: ¿levantar la veda al caimán aguja lo pone nuevamente en riesgo?

La decisión del gobierno de levantar parcialmente la veda al ‘rancheo’ o aprovechamiento sostenible del caimán aguja (Crocodylus acutus) en los manglares de la bahía de Cispatá, Tinajoes, La Balsa y sectores aledaños, en Córdoba, abrió el debate sobre si Colombia hace bien la tarea de conservar a especies en peligro de extinción.

En 1968, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural –que por entonces manejaba los asuntos ambientales en el país- tomó la decisión de establecer una veda a la captura de este ejemplar de caimán debido a la reducción de su población. Durante 37 años se cazó masivamente para usar su piel en la industria legal e ilegal del cuero.

A pesar de la medida, la situación del acutus siguió siendo crítica: en los ochenta ingresó al nivel de protección más restrictivo de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazada de Fauna y Flora por las altas probabilidades de extinción, pues su piel continuó comercializándose. Y en un censo hecho entre 1994 y 1997 se contaron seis caimanes en la bahía de Cistapá. 
 

Pero luego de más de 15 años de trabajo entre las comunidades que antes vivían de la caza, científicos y entidades ambientales, el caimán aguja repobló esta zona de Córdoba. Entre 2003 y 2017, de acuerdo con información del Instituto Humboldt, se pasó de una población de 50 a 121 animales. “El aumento obedeció al programa de liberación puesto en marcha en la última década, alcanzando 11.788 especímenes”, explica el instituto en un comunicado.
 

Basado en los resultados del trabajo de conservación en Cispatá, el Ministerio de Medioambiente y Desarrollo Sostenible levantó recientemente la veda de 1968 bajo unas reglas: sigue prohibida la caza y se permite la recolección de huevos de caimán, que estarán en incubadoras contraladas por la comunidad y las autoridades ambientales. Allí se garantizará que una parte de las especies sirvan para el repoblamiento y otra para el comercio de pieles. Pero ese aprovechamiento sostenible del acutus está autorizado solo en una temporada del año (entre enero y abril) y aplica exclusivamente para esa área de Córdoba.

La decisión del ministerio no cayó bien en el sector animalista: considera que a la hora tomar la medida no se contemplaron opciones de desarrollo económico que no significaran confinar y matar caimanes, actividad que contribuye a industrias que se aprovechan del sacrificio de animales como la fabricación de objetivos de lujo con pieles. Además, este sector rechaza que uno de los argumentos para levantar la restricción sea que aumentó del número de especies en los últimos años.

En SEMANA RURAL debatimos sobre este tema en un Facebook Live con Gonzalo Andrade, director del Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Colombia, y Carlos Crespo, fundador de la organización Resistencia Natural y especialista en Bioética. Ambos discutieron si levantar la veda vuelve a poner en riesgo al caimán agujo o el proyecto de conservación de Cispatá es un ejemplo de desarrollo económico y comunitario que no afecta a la fauna amenazada.
 

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