El ataque de los drones

No se sabe quién envió el dron que merodeó la vivienda de Humberto de la Calle, pero fue un acto ilegal. Colombia es conocida por tener las normas más restrictivas del mundo para el uso de drones, al punto que Amazon no podría traer al país su famoso servicio de entrega de mercancías mediante drones sin una modificación de las reglas. Cualquier dispositivo que pese media libra o más necesita permiso para volar, debe estar registrado en las bases de datos de la Aerocivil y no puede circular en las ciudades ni filmar a las personas sin autorización. Sin embargo, pese a las restricciones, hay drones llevando armas y drogas a las cárceles y espiando ciudadanos. Un nuevo dolor de cabeza tecnológico está por comenzar aquí, tal como ya se inició en otros países.

Los drones están de moda en todo el mundo, especialmente en el segmento de la seguridad, la vigilancia y los asuntos militares. El Estado colombiano está adquiriendo significativas cantidades de ellos, con inversiones estimadas entre 15.000 y 20.000 millones de pesos al año, según cifras que proporcionaron proveedores. La Gobernación de Antioquia invirtió 2.000 millones de pesos hace poco y la Policía de Medellín compró el primer rifle antidrones que existe en el país. Los drones de uso oficial de las Fuerzas Militares son equipos poderosos, cuyo costo arranca en 300 millones de pesos, y hay equipos tácticos en la Policía Nacional que cuestan hasta 5.000 millones.

El negocio de drones en el mundo es principalmente militar, con Estados Unidos e Israel como principales fabricantes. 95 países ya poseen drones militares, un crecimiento del 58 por ciento en la última década, según un reporte del Centro de estudios de drones de Nueva York, en cuyo mapa Colombia aparece entre las 30 naciones que adquirieron drones de más de 600 kilos, los de mayor categoría; y el Ministerio de Defensa está desarrollando drones propios, fabricados en Madrid, Cundinamarca, en alianza con compañías internacionales. Hay que aclarar que el uso de estas tecnologías por las Fuerzas Armadas está regulado por normas diferentes a las que aplican para los usos civiles, donde está el verdadero problema.

En algunas plataformas de comercio digital se puede conseguir un dron de mediana categoría desde 7 millones de pesos, en el que se puede transportar una carga explosiva pequeña, o, como ya está ocurriendo, se puede usar para ingresar estupefacientes y armas a las cárceles, o para espiar personas.

También hay un mercado legal de drones para el uso industrial que está creciendo en el país. En minería se compran drones que llevan cámaras térmicas de alta definición, y se adquieren drones para topografía y mapeo. Son aparatos que pesan 15 kilos o más y pueden soportar cargas de 5 kilos y vientos muy fuertes. No obstante, el uso industrial es todavía pequeño en nuestra economía. Chao Wu, gerente de Dahua, el segundo fabricante más grande del mundo de sistemas de videoseguridad, estima que, en el uso civil, en Colombia predomina todavía el mercado de drones de juguete, de esos que se utilizan para filmar bodas y que pesan menos de media libra. En eso coincide Gustavo Morales, ejecutivo de Hikvision, quien considera que el uso recreativo predomina en el mercado colombiano de drones.

Pero eso podría cambiar. De hecho, en el mundo el dolor de cabeza comenzó cuando las personas pasaron de comprar drones de juguete a adquirir aparatos de categoría media, con objetivos de autodefensa, como ocurrió en Estados Unidos. Un dron puede ser un arma peligrosa y es difícil controlar su uso indebido. En este punto queda claro que una regulación estricta no sirve para casi nada.

El planeta está surcado diariamente por aeronaves no tripuladas, que forman parte de las defensas estatales. Algunos son verdaderos aviones dotados con misiles y el conflicto de Estados Unidos con Irán ha permitido ver una guerra de drones escalofriante. Pero más delicado puede ser el uso civil ilegal, como el que ha empezado a registrarse en Colombia. Hace pocos meses se descubrió un dron que ingresaba drogas a la cárcel de Jamundí, y en Tumaco fueron hallados drones con cargas explosivas. El problema es todavía pequeño, pero inminente, y aún hay tiempo de hacer algo.