Miguel Uribe Turbay ya no será contratista del Instituto Humboldt

El escándalo suscitado por la adjudicación de un millonario contrato de prestación de servicios a Miguel Uribe Turbay, exsecretario de Gobierno durante la administración del exalcalde Enrique Peñalosa por parte del Instituto Humboldt, provocó que esa entidad decidiera, de común acuerdo, terminar de forma anticipada dicho acuerdo.

Por la suma de 114.597.000 de pesos, el exfuncionario de la administración distrital había sido contratado de manera directa por parte de Sandra Perdomo, su antigua secretaria privada como secretario de Gobierno, y actual jefe de Oficina de Asuntos Internacionales, Política y Cooperación del Humboldt.

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De acuerdo con el documento suscrito entre las partes, la labor de Uribe Turbay consistiría en identificar oportunidades de impacto de la agenda científica del Instituto Humboldt entre los tomadores de decisión, así como adelantar actividades para fortalecer las competencias de relacionamiento estratégico institucional y formular y desarrollar una propuesta de agenda de diálogo con actores gubernamentales, del nivel nacional y territorial, legislativo, academia en todas las escalas, que aportaran al objetivo del PICIA 2019-2022, de democratización del conocimiento. 

Ante el revuelo causado en el sector medioambiental y las fuertes críticas de académicos como el exministro de Medioambiente, Manuel Rodríguez, quien señaló que Uribe Turbay no tenía la formación para el cargo y que era evidente que se trataba de una nueva cuota política de Peñalosa, conjuntamente con el viceministro Fernando Cruz y el nuevo director de Parques, el Instituto Humboldt emitió un comunicado de prensa en que el que indicó que esa entidad y el contratista Miguel Uribe Turbay acordaron terminar anticipadamente el contrato de prestación de servicios firmado recientemente con el propósito de identificar oportunidades de impacto de la agenda institucional entre los tomadores de decisión y diversos actores de la sociedad del nivel nacional y territorial, en todas las escalas, como una apuesta del objetivo de la entidad relacionado con la democratización y la transformación social basada en el conocimiento.

Según el instituto, los cimientos de la seguridad jurídica con los que se celebró el contrato fueron socavados por la desinformación que generó percepciones negativas en contra del Instituto y del consultor, aún teniendo la oportunidad y la responsabilidad de acceder a información verificable que siempre ha sido pública. "Reconocemos la trayectoria profesional del contratista en cuanto a su perfil académico y su experiencia facilitando diálogos con diferentes sectores de la sociedad", dice el boletín de prensa. 

"Habiendo hecho un análisis riguroso de las implicaciones para el buen nombre del Instituto y del contratista, y con el ánimo de dar por terminada una discusión estéril, tomamos la decisión aquí informada y reiteramos nuestra voluntad de continuar enfocados en conectar el conocimiento que genera el instituto en materia de biodiversidad para que esté disponible y sea apropiado por tomadores de decisión, de manera oportuna", afirmaron en el instituto. 

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Desde esa entidad señalaron, además, que continuarán en la búsqueda de acuerdos sociales que nos permitan construir soluciones efectivas para que el país avance en la democratización y apropiación del conocimiento, "no sin antes lamentar la polarización que pudimos observar en redes sociales. Por eso convocamos a la construcción de una sociedad en la que, entre todos, aportemos a las soluciones frente a los retos ambientales del país", señalaron. 

La noticia fue cebrada por una parte del sector ambientalista que atribuyó la culminación del contrato no a la buena voluntad de las partes, sino a la presión social ejercida tras haberse dado a conocer el ingreso de Uribe Turbay a la entidad.