En Colombia se requieren tribunales especializados para delitos ambientales

La deforestación es uno de los mayores retos medioambientales que tiene el país. Por esta razón, el Gobierno oficializó hace un par de meses la decisión de trabajar en el fortalecimiento de herramientas legales que permitan acabar con los ecocidios, para lo cual presentará un proyecto de Ley tendiente a endurecer las sanciones y elevar muchas de esas conductas, para que no sean excarcelables, dijo en su momento el propio Presidente Iván Duque.

Si bien esta es una noticia esperanzadora y que va en línea con el trabajo que vienen haciendo de manera articulada diferentes entidades del Estado para hacerle frente a este flagelo que acaba con millones de hectáreas cada año, expertos consideran que se deben tener en cuenta otros aspectos que resultan clave en este proceso.

Sandra Vilardy, directora de Parques Nacionales Cómo Vamos, manifestó que se trata de un anuncio importante, pues hay una necesidad imperiosa de encontrarle salida a esta problemática, en momentos en que no solo se está hablando de crisis climática, sino también de pérdida de biodiversidad. Adicional a esto está la dependiencia de la economía y la salud del buen funcionamiento de los ecosistemas.

Sin embargo, para ella es importante tener en cuenta que muchos de los delitos en el pasado se han quedado como pasivos ambientales, un tema que debe tener un especial interés, pues es bueno determinar quién va a pagar por esos pasivos, por ejemplo, los que tienen que ver con minería ilegal, con deforestación ilegal. “Es necesario saber quién va a cubrir ese tipo de saldos”, dice.

Se requieren tribunales especializados

Adicional a esto, comenta Vilardy, Colombia no cuenta con tribunales ambientales. “El nivel del deterioro ambiental, la dimensión de los delitos ambientales, la complejidad que hay detrás de esta problemática requiere que el país avance en el establecimiento de tribunales ambientales y de jueces especializados en estos temas”.

Para la experta, no se pueden seguir repitiendo experiencias del pasado que han generado conflictos importantes por desconocimiento de los jueces en el funcionamiento ecológico.

Frente al tema, el abogado ambientalista, Gustavo Guerrero, director del Centro de Estudios en Política y Legislación Ambiental de Colombia, considera que hay muchos frentes que son susceptibles de ser mejorados.

Si bien reconoce que el Gobierno ha hecho apuestas interesantes y la Fiscalía viene realizando un trabajo técnico jurídico serio, es necesario tener cuidado con el lindero del populismo punitivo.

“Por ahí no es el asunto” porque los esfuerzos de los diferentes actores se están concentrando en lo punitivo, en lo penal y hay muchos otros aspectos que pueden ser determinantes y a los cuales se les debería hacer seguimiento como es el caso del ordenamiento territorial, el desarrollo de proyectos productivos y tratatr de determinar quién se encarga de financiar las iniciativas que atentan contra los ecosistemas, que talan bosques y que generan ganadería extensiva”.

En su concepto, por ejemplo, la Superintendencia Financiera debería revisar su estatuto orgánico con el fin de que se puedan establecer normas que permitan que entidades del sector no apoyen con recursos el desarrollo de proyectos que puedan afectaciones al medio ambiente.

“Es necesario instrumentalizar más y no poner todos los esfuerzos en lo punitivo. De igual forma dijo que es importante tener jueces ambientales. Sin embargo, esto no es suficiente porque se requiere darles herramientas que les permitan tomar acciones en esta materia. Es necesario dotar a los jueces de facultades y herramientas que les permitan hacer su trabajo”.

Para Guerrero, el aspecto penal debería ser el último a tener en cuenta, porque se termina dando una solución simplista a un problema complejo. “Alguien está financiando o asegurando esas actividades y eso es lo que se debe investigar y adoptar medidas adecuadas y de control”, asegura.

Por su parte, Camilo Prieto, director del Movimiento Ambientalista Colombiano, indica que no sirve de nada hablar de aumentar las penas cuando las instituciones actúan con laxitud a la hora de hacer respetar el estándar ambiental.

A su juicio, este anuncio del Gobierno busca mover opinión. “La misma estrategia mediática del anuncio de la siembra de 180 millones de árboles o de ratificar el Acuerdo de Escazú. En asuntos ambientales este gobierno tiene una desconexión entre la palabra pronunciada y la realidad factual”, argumenta.

De esta forma, lo que queda claro es que para quienes trabajan en el sector medioambiental y desarrollan proyectos tendientes a cuidar y proteger los recursos naturales en el país, se requiere que Colombia avance no solo en el endurecimiento de las penas, sino en fomentar, promover y fortalecer un aparato judicial especializado en el manejo de este tipo de delitos, con herramientas legales que se ajusten a esta realidad.