Ambientalistas confían en que el Consejo de Estado prohíba el fracking en Colombia

En un día decisivo en torno al futuro de los pilotos de fracking en el país, los ambientalistas del Magdalena Medio en donde se adelantarían este tipo de iniciativas, confían en que el Consejo de Estado prohíba la aplicación de esta técnica en el territorio nacional.

Los magistrados debaten este jueves sobre si deben anular o no, dos normas del Ministerio de Minas y Energía que establecen los criterios para la exploración y explotación de hidrocarburos en yacimientos no convencionales.

De acuerdo con la Alianza Colombia Libre de Fracking, la rama judicial se constituye en una de las últimas esperanzas que tienen los colombianos para ser escuchados y participar en los asuntos ambientales que tantas afectaciones tienen.

Señalan que “a pesar del llamado de dos relatores de Naciones Unidas al Congreso de la República en el sentido de prohibir esta técnica en el territorio nacional, la aprobación de una ley que lo materialice seguirá siendo una utopía, mientras el legislativo siga siendo, con notables excepciones, portavoz del Gobierno y las corporaciones”.

Precisamente, hace un mes en la Comisión Quinta de Cámara de Representantes en una audiencia pública preparatoria, previa al debate y votación de los proyectos de ley que buscan la prohibición de esta técnica en el país, el relator de la ONU sobre sustancias tóxicas y derechos humanos, Marcos Orellana, sostuvo que el fracking genera contaminación tóxica, que amenaza la vida, la salud y los ecosistemas. A finales de enero, David Boyd, relator de medioambiente, también recomendó prohibirlo.

Por estas razones, las comunidades ribereñas del Magdalena Medio fijan sus esperanzas en la decisión que tome la alta corporación.

“Confiamos en que no desaprovechen esta oportunidad única que tienen para tomar una decisión que garantice los derechos fundamentales de las actuales y futuras generaciones y atienda de manera efectiva los llamados de los organismos internacionales, de la academia y de las comunidades, sobre la necesidad de ponerle freno, no a una técnica, sino a un modelo que profundiza la crisis climática, los conflictos ambientales, la degradación de los ecosistemas, la desigualdad y la pobreza”, aseveró la mencionada organización.

Decisión histórica

Para los ambientalistas, por la trascendencia ambiental, social y climática, la decisión que está en manos de los magistrados es histórica. Según la organización, si el tribunal administrativo falla teniendo en cuenta dos peritajes de la Universidad Nacional y un alegato de la Procuraduría, las normatividades no tendrían mayores posibilidades de seguir en firme.

Por su parte, Silvia Gómez, directora de Greenpeace Colombia, manifestó que el gobierno no puede permitir que esta actividad extremadamente nociva para los ciudadanos y ecosistemas se establezca en el país y no debe hacer caso omiso de los peligros del fracking, de los cuales hay amplia evidencia.

En vez de promover falsas soluciones para la actual crisis climática y ambiental, los esfuerzos del gobierno deben estar enfocados en la construcción de una matriz energética sostenible y limpia; y en la protección de nuestros ecosistemas y recursos naturales, argumentó.

Para el representante a la Cámara, Ciro Fernández, esta es una práctica que impacta de manera negativa en el cambio climático, que provoca escasez de agua y alimentos y acentúa la posibilidad de destrucción por la ocurrencia de desastres.

Es de recordar, que los magistrados debaten el proyecto con el cual se definirá si deben anularse o no, las dos normas del Ministerio de Minas y Energía. Se trata del Decreto 3004 de 2013 y la Resolución 90341 de 2014, que establecen los criterios para la exploración y explotación de hidrocarburos en yacimientos no convencionales a través de fracturación hidráulica.

El primer piloto de fracking en Colombia se sitúa en un predio conocido como La Belleza, en el municipio de Puerto Wilches, departamento de Santander. Los demás están pendientes de ser adjudicados. De acuerdo con la Agencia Nacional de Hidrocarburos, a mediados de este mes comenzaría a recibir las propuestas, con el objetivo de adjudicar en abril.