El “contraste marcado” que Johana Bahamón halló entre las cárceles de Bukele en El Salvador y las prisiones colombianas

En un continente donde las cárceles a menudo son sinónimo de olvido y semillero de más violencia, las experiencias de Colombia y El Salvador ofrecen un contraste. Estas son las luces y sombras de estos modelos con dos voces: Johana Bahamón, la activista colombiana que lidera la Fundación Acción Interna, y Andrés Guzmán Caballero, el Comisionado Presidencial para los Derechos Humanos y de Libertad de Expresión, único colombiano que trabaja con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele.

SEMANA: Johana, mientras en Colombia las cárceles parecen extensiones de las calles, controladas por bandas que extorsionan y ordenan crímenes, El Salvador cuenta con el Cecot (Centro de Confinamiento del Terrorismo). ¿Cuál es su opinión?

Johana Bahamón: Si bien no creo que haya una total impotencia institucional, es innegable que el poder de algunas bandas en las cárceles colombianas es una realidad, aunque no una generalidad. Durante mi visita a El Salvador pude ver un contraste marcado en términos de orden y disciplina. Sin embargo, debemos ser cautelosos al idealizar un modelo sobre otro sin considerar los contextos específicos. En Colombia, hemos documentado emergencias humanitarias en las cárceles, lo que subraya la urgencia de recuperar el control, pero no a costa de los derechos fundamentales.

SEMANA: Andrés, la mano dura en El Salvador ha sido celebrada por algunos, pero cuestionada por otros en materia de derechos humanos. ¿Cuál es su análisis?

Andrés Guzmán Caballero: El CECOT aplica medidas extremas porque alberga a personas privadas de libertad extremas, como bien explicaba Johana. No todas las cárceles en El Salvador son como el CECOT. Incluso allí se cumplen condiciones de trato digno, alimentación y un proceso de detención digno. La voluntad política del presidente Bukele fue fundamental para devolver a las cárceles su carácter de sitios seguros y productivos. Se bloquearon las comunicaciones, un método sencillo pero efectivo contra la extorsión. La clave estuvo en que los propios guardias penitenciarios se hicieron conscientes de la necesidad de cambiar.

SEMANA: Johana, usted ha sido pionera en Colombia en programas de dignificación y segundas oportunidades. En El Salvador, el “Plan Cero Ocio” involucra a miles de reclusos en labores productivas. ¿Qué necesita realmente una persona privada de libertad para volver a empezar, más allá de llenar horas en talleres?

J.B.: Se necesitan tres cosas fundamentales: oportunidad, confianza y apoyo. Sin oportunidades laborales, el sistema los condena a la reincidencia. Sin la confianza de la sociedad, se les sigue viendo solo como delincuentes. Y sin apoyo, carecen de una red al salir. En Colombia, hemos demostrado que con trabajo, educación y un cambio de mentalidad, la reinserción es posible. Celebro la productividad que vi en El Salvador, donde los internos fabrican desde uniformes escolares hasta pupitres para entregar a escuelas públicas o construyen carreteras y hospitales, todo bajo la modalidad de generar un beneficio a la sociedad. Esto es algo que también impulsamos en Colombia. Es un un gran valor agregado si la productividad logra ser también restaurativa.

SEMANA:  Andrés, ¿cómo se asegura El Salvador de que esta cantidad de mano de obra carcelaria no sea percibido simplemente como una forma de reducir costos a expensas de una verdadera resocialización?

A.G.: Aquí no convencimos absolutamente a nadie a trabajar. Los privados de libertad se acercan a pedir ingresar a los procesos productivos  porque antes no hacían absolutamente nada. Se sienten útiles al hacer uniformes para niños o arreglar casas que las pandillas habían arrebatado. Nadie está obligado a trabajar, lo hacen personas con más de la mitad de la pena cumplida, lo que acelera su resocialización. Este no es solo un tema de productividad, sino de reconstrucción social. Además, por cada día de trabajo, se les descuentan dos o hasta tres días de su condena, un incentivo significativo.

SEMANA: Johana, en ambos países, las mujeres representan una minoría en prisión. ¿Por qué cuesta tanto que la política criminal vea a las mujeres presas como una prioridad?

J.B.: Es una realidad que el sistema penitenciario ha sido diseñado históricamente para hombres. Las mujeres privadas de la libertad son una minoría a nivel global, alrededor del 8.5% en Colombia, y por eso sus necesidades a veces son ignoradas. Muchas son madres, cuidadoras o víctimas de violencia, y el impacto de su reclusión afecta profundamente a sus hijos y familias. La resocialización de las mujeres requiere un enfoque especial que respete sus realidades.

SEMANA: Andrés, ¿qué avances concretos ha tenido El Salvador en la creación de espacios penitenciarios dignos y diferenciados para mujeres?

A.G.: Tuvimos la oportunidad de visitar cárceles de mujeres, donde también están involucradas en el Plan Cero Ocio. Se les brinda atención integral, incluyendo evaluaciones médicas y psicológicas. Las mujeres embarazadas reciben charlas motivacionales y apoyo para la lactancia. Si bien el sistema penitenciario históricamente se diseñó para hombres, en El Salvador se están implementando programas específicos para atender las necesidades de las mujeres privadas de libertad.

SEMANA: A ambos. El Salvador ha logrado una drástica reducción de homicidios bajo el régimen de excepción, pero ha sido duramente criticado por organizaciones de derechos humanos. ¿Se puede realmente garantizar seguridad sin sacrificar derechos fundamentales?

J.B.: Nunca se deben sacrificar derechos bajo ninguna circunstancia. El respeto por la dignidad humana es innegociable. Hay líneas que no se deben cruzar, como la tortura, el aislamiento extremo o la falta de acceso a salud y educación. La justicia no puede ser solo castigo, debe ser también reinserción. Si olvidamos eso, terminamos creando más problemas que soluciones.

El CECOT es impactante y doloroso, su enfoque es absolutamente de “reclusión” versus “rehabilitación”. Es opuesta al resto de cárceles que conocí en El salvador, de las cuales resalto su plan de “Cero Ocio”, su enfoque restaurativo y la proporción de redención de días de trabajo con los días de condena, en Colombia por cada dos días de trabajo se descuenta uno de condena, en El Salvador por un día de trabajo, se descuentan dos de condena.

A.G.: El equilibrio está totalmente fundado en que los derechos humanos que deben primar son los de la sociedad, de las personas honestas y trabajadoras. Esto no significa que las personas privadas de libertad no tengan derechos. Mi oficina se encarga de velar por el cumplimiento de los derechos humanos, atendiendo denuncias y colaborando con las autoridades competentes. El régimen de excepción tiene una vigencia temporal y se prorroga según la necesidad. Incluso organismos internacionales como la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, la Cruz Roja Internacional documentan que en las cárceles de El Salvador no hay violaciones de Derechos Humanos.

SEMANA: Johana, ante este panorama de contrastes, ¿qué debería cambiar primero en Colombia: la cárcel misma, como infraestructura y sistema, o la mentalidad social sobre quienes han delinquido?

J.B.: Ambas cosas deben cambiar simultáneamente. Es fundamental transformar las cárceles en espacios de transformación, reparación, educación y trabajo, no solo en depósitos de personas. Pero este cambio no será suficiente si la sociedad sigue viendo a las personas privadas de la libertad como irrecuperables. Debemos cambiar el discurso de la exclusión por la inclusión. La reinserción no solo beneficia a quien estuvo preso, sino a toda la sociedad al reducir la reincidencia y la criminalidad.

SEMANA: Andrés, ¿cuál cree que es el legado del modelo Bukele para el futuro de los sistemas penitenciarios en América Latina?

A.G.: Los contextos de El Salvador y Colombia son totalmente distintos. Sin embargo, lo rescatable es la voluntad política y la priorización de la seguridad de los ciudadanos honestos. El Plan Cero Ocio y el enfoque en la productividad y la resocialización son elementos importantes. En Colombia, se podría empezar por hacer cumplir las leyes existentes, como la prohibición de teléfonos celulares en las cárceles. Atacar la corrupción en la guardia penitenciaria y explotar las competencias de los privados de libertad de forma industrial. El objetivo final debe ser que las personas que recuperan su libertad tengan competencias para competir contra la delincuencia.

Este diálogo franco revela las complejidades inherentes a la gestión de los sistemas penitenciarios. Mientras El Salvador apuesta por un control férreo y una productividad forzada por la necesidad, Colombia lucha por recuperar la autoridad en sus cárceles y por ofrecer verdaderas oportunidades de reinserción en medio de una sociedad que a menudo prefiere el castigo al perdón. La pregunta que queda en el aire es si América Latina podrá encontrar un camino intermedio que garantice la seguridad sin sacrificar la dignidad humana, transformando las cárceles de meros depósitos de carne humana en verdaderos centros de rehabilitación y esperanza. La tarea no es fácil, pero es imperativa si aspiramos a sociedades más justas y seguras para todos.