Salud
No sirvió la intervención de las EPS por parte del Gobierno Petro: hay récords en las quejas de los pacientes
Las reclamaciones afectan a las EPS intervenidas y a las no intervenidas. Este es el panorama.
Las intervenciones a las EPS no han mejorado la atención a los usuarios, pese a que el Gobierno de Gustavo Petro aseguró que estas medidas garantizarían el acceso a la salud de los afiliados.
Cuando se revisa el balance de peticiones, quejas y reclamos presentadas por los pacientes de las entidades, tanto las que están bajo la administración de agentes interventores del Gobierno nacional como las que siguen operando con normalidad, se evidencia que durante el presente año se han presentado muchas más quejas de las que se reportaban antes del Gobierno Petro.
Los datos de las reclamaciones efectuadas por los pacientes son públicos y reportados por la Superintendencia de Salud. Su análisis, sumado a los reportes mensuales de las EPS, evidencia que en los últimos años las quejas se han incrementado de forma notoria.
Durante el primer semestre de 2022, la Superintendencia recibió 556.835 peticiones, quejas y reclamos (PQR) de los afiliados a las EPS. En contraste, si se mira el mismo periodo de 2025, la misma institución recibió 978.177 PQR. Esa diferencia significa un aumento del 75 % en el mencionado lapso.
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La entidad con más usuarios del país, hoy intervenida, y que además cuenta con participación pública, es la Nueva EPS. Allí se presentaron 113.501 reclamaciones en el transcurso del primer semestre de 2022, sin embargo, cuando esos datos se comparan con 2025, para ese mismo lapso ya se documentaban 244.416 quejas.
Es decir, las estadísticas dejan en evidencia un aumento del 115 % en el comportamiento de ese indicador. Una agravante es que varios casos se están presentando entre pacientes adultos mayores, población que presentó 99.451 reclamaciones en todo 2022, pero que en lo que va de 2025 ha radicado 116.512.
Si bien ya hubo un fallo judicial a favor de la EPS Sanitas en el que se determinó regresar la administración de la compañía a su propietario, el Grupo Keralty, este asunto sigue en suspenso. Mientras se efectúa el trámite, los datos dejan en evidencia que las PQR de sus afiliados pasaron de 58.501 durante el primer semestre de 2022 a 128.532 en el mismo periodo de 2025.
Las reclamaciones relacionadas con enfermedades crónicas cardiovasculares no transmisibles, como la hipertensión, aumentaron en un 75 %; las relacionadas con cáncer, en 42 %; las relacionadas con diabetes, en 166 %.
En cuanto a los motivos de quejas, los más frecuentes entre los afiliados a las EPS se centran en la negación o demora en la asignación de citas médicas con especialistas, reflejando dificultades para acceder a atención oportuna. También reclaman por la falta de oportunidad en la provisión de servicios médicos y tecnología en salud incluidos en el plan de beneficios.
Otros generadores de PQR son las deficiencias en la atención al cliente, la escasez y dificultad para acceder a medicamentos y, en general, la mala calidad en la prestación de servicios, lo que ha generado creciente insatisfacción entre los usuarios del sistema.
Paralelamente, las EPS que concentran más reclamos por cada 10.000 afiliados son Famisanar, SOS, Sanitas, Nueva EPS, Savia Salud, Capresoca y Coosalud. Estas EPS enfrentan problemas estructurales, financieros y administrativos que explican la alta concentración de reclamos, destacando la necesidad de mejorar la gestión, la atención al usuario y la transparencia en el manejo de recursos.
El aumento de las reclamaciones se conoce luego de la polémica desatada por la decisión del Gobierno nacional de implementar su controvertida reforma a la salud vía decreto, saltándose la competencia del Congreso. Tras ese anuncio, el Ministerio de Salud publicó un proyecto de resolución que redefine el marco regulatorio para la autorización, habilitación y permanencia de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) en Colombia.
Esta norma se enmarca en la implementación del ‘Modelo de Salud Preventivo, Predictivo y Resolutivo’, y reorganiza la operación del sistema de aseguramiento en subregiones funcionales con enfoque territorial.
