SALUD
Gustavo Petro pierde duro round ante Sanitas: tendrá que rectificar lo que dijo de su dueño, el español Joseba Grajales
El Consejo de Estado le dio la razón al empresario español. El presidente deberá rectificar en “la inmediata y siguiente alocución presidencial”.


Sanitas ha ganado hasta ahora el pulso judicial contra el gobierno de Gustavo Petro. La Corte Constitucional recientemente dictaminó que la intervención que la Supersalud había hecho en la EPS era arbitraria y luego, tras dos meses en que el gobierno esquivó el fallo, lo obligó a cumplirlo.
Ahora, el dueño de la EPS, el español Joseba Grajales, acaba de ganar una puja igualmente simbólica e importante. El Consejo de Estado acaba de darle la razón y en un fallo obliga al presidente a rectificar los señalamientos que había hecho contra el empresario.
La decisión asegura que el alto tribunal “ampara los derechos fundamentales a la honra, buen nombre, presunción de inocencia y libertad de circulación del señor Joseba Mikel Grajales Jiménez, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de esta providencia”.
Y ordena “al señor presidente de la República, Gustavo Francisco Petro Urrego, que emita la respectiva rectificación, en relación con las manifestaciones contenidas en los minutos 28:40 [y siguientes] y 39:46 [y siguientes] de la alocución presidencial del 15 de julio de 2025″.

El fallo detalla cuáles son esas “acusaciones contra el solicitante referidas a las expresiones «crimen» y «criminal», por la supuesta financiación de campañas políticas. La anterior rectificación deberá realizarse, una vez notificada la presente decisión, en la inmediata y siguiente alocución presidencial".
Y luego asegura que “en las mismas condiciones, el señor presidente de la República deberá retractarse respecto de la expresión «debe irse» en contra del accionante, en la medida en que no se allegó a este expediente una resolución administrativa que, conforme a la ley, haya dispuesto las sanciones de deportación o expulsión del territorio nacional en relación con el actor".
En su fallo, el Consejo de Estado recoge los argumentos de defensa que hizo el presidente de la República, quien sostuvo que esas declaraciones “se dieron en un escenario de «expresión de opiniones» sobre el estado de financiación del sistema de seguridad social en salud y, por ello, corresponden a aseveraciones de carácter político que están revestidas del derecho a la libertad de expresión”.
Agregó también que el español se encontraba en una “situación «simétrica» en la medida en que se trata de una persona con amplio reconocimiento en el orden nacional y, por ello, debe soportar críticas, en un marco de «debate público»”.
Sin embargo, el alto tribunal concluyó que el primer mandatario se había extralimitado en sus declaraciones. Por ejemplo, el Consejo de Estado sostuvo que “en los estrictos términos de la alocución presidencial, el uso del calificativo «criminal» y de la expresión «crimen» no se justifica con un señalamiento concreto de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que supuestamente el accionante habría cometido o cometió el ilícito. Tampoco se menciona la determinación, decisión o providencia de alguna autoridad administrativa o judicial que haya declarado responsable al señor Joseba Mikel Grajales Jiménez del ilícito de financiación de campañas políticas”.
El Consejo de Estado le recordó al primer mandatario que la “expresión de opiniones, máxime cuando provienen de autoridades en cumplimiento de funciones, debe estar soportada con una mínima carga de diligencia, que permita constatar la veracidad de los hechos en que se fundan”.
El alto tribunal deja unas reglas muy claras sobre lo que deben ser los pronunciamientos del primer mandatario. “La alocución presidencial no es una facultad omnímoda; por el contrario, está sujeta al principio de legalidad y al respeto de las garantías y derechos de todos los habitantes del territorio nacional”, sostiene.
Lo que dijo Petro sobre Grajales
En su pelea contra las EPS, el presidente Gustavo Petro se ha lanzado de manera visceral contra Sanitas. La EPS ha peleado de frente con sus voceros y en los tribunales contra las acciones del gobierno, que consideran arbitrarias.
El presidente cruzó una línea que ellos consideraron roja en esa puja en una alocución presidencial el pasado 15 de julio. Ese día dijo lo siguiente:
“Entonces nos quitaron ahí Sanitas, y resulta que nosotros disminuimos la deuda porque el robo es inmenso, pero la disminuimos, o sea la intervención fue favorable y si sumó todo, nosotros hemos disminuido en 707.000 millones de pesos la deuda total que estas EPS tenían”.
“Y se robaron la plata que nosotros mismos dimos. Crimen, crimen porque mata colombianos y niños en masa en Colombia, es un crimen de lesa humanidad. Qué está pasando, que no investigan penalmente, les da miedo porque son ricos o porque ponen el billete debajo, no solo del político”.
“Está prohibido que en una empresa como Keralty le pague a los políticos, el político que reciba ese dinero es un criminal, está atacando la vida de Colombia, y el dueño de Keralty es un criminal en Colombia y debe irse porque aquí está prohibido financiar las campañas con dineros extranjeros”.
“Y me toca hablar con el rey de España, y me toca hablar, menos mal me recibe todavía y con abrazos y besos”.
“Otra vez somos Colombia, colonia ya no de los españoles, aunque ahí está el dueño de Keralty”.