Despenalización del aborto cumple dos años: procedimientos en Colombia aumentaron cerca del 19 por ciento, según Profamilia

Hace dos años, la Corte Constitucional dio un paso histórico en términos de la garantía de los derechos de las mujeres al despenalizar el aborto en Colombia hasta la semana 24 de gestación. Lo hizo a través de la Sentencia C-055 de 2022.

Dos años después de ese fallo, entre marzo de 2022 y diciembre de 2023, Profamilia a través de su IPS registró un aumento del 18.7 por ciento en el número de este tipo de procedimientos. 

Para Profamilia, este comportamiento de las cifras, “además de esperado, es positivo en tanto que representa el registro de mujeres y personas gestantes que no tuvieron que recurrir a procedimientos inseguros para acceder a una interrupción voluntaria y consciente del embarazo”, sostiene la entidad.

Agrega Profamilia que el aprovechamiento de esta normativa “pone en evidencia lo pertinente y necesario de la despenalización del aborto en Colombia, pues cuando las mujeres y personas gestantes cuentan con una jurisprudencia enfocada en sus derechos y no en la penalización y la cárcel, pueden acceder al servicio de manera oportuna, evitando edades gestacionales avanzadas y los riesgos asociados a prácticas inseguras del aborto”.

En ese sentido, en el segundo aniversario de la Sentencia, Profamilia hace un llamado para seguir avanzando en la despenalización social del aborto y la eliminación de cualquier tipo de barrera que impida el acceso oportuno, seguro y humanizado de la interrupción voluntaria del embarazo y comparte los principales hallazgos en la prestación del servicio a través de su red de más de 50 clínicas a nivel nacional.

“Cualquier mujer, en cualquier momento o ciclo de vida, puede enfrentar un embarazo no deseado y necesitar un servicio de aborto. Colombia cuenta con uno de los panoramas jurisprudenciales más avanzados de la región y el mundo en materia de reconocimiento de este como un servicio de salud esencial al que las mujeres y personas gestantes tienen derecho. Sin embargo, debemos seguir trabajando para que lo que está escrito sea una realidad; implementar procesos efectivos en Educación Integral para la Sexualidad, y avanzar en la despenalización social del aborto y la eliminación de todo tipo de barreras que impidan su acceso oportuno, seguro y humanizado”, asegura Marta Roy, directora ejecutiva de Profamilia.

En las primeras semanas

Luego de dos años del fallo de la Corte Constitucional, Profamilia resalta que las mujeres, hombres trans y personas no binarias que deciden interrumpir su embarazo lo hacen de manera temprana. De hecho, 9 de cada 10 abortos realizados por la organización se dieron antes de la semana 12 de gestación, es decir, el 92 por ciento de los procedimientos fueron con medicamentos.

Por su parte, los abortos realizados después de la semana 24 de gestación corresponden únicamente al 0.7 por ciento y suelen estar relacionados con la persistencia de barreras que impiden el acceso oportuno al servicio y que van desde el desconocimiento de la normatividad vigente, el estigma social, los diagnósticos tardíos y los contextos de pobreza y violencia que dificultan el acercamiento temprano de las pacientes al sistema de salud.

Atención a poblaciones más vulnerables

Profamilia ha implementado enfoques diferenciales para responder a las necesidades específicas en salud sexual y reproductiva de cada población. Del total de los abortos realizados durante este periodo (2022-2023), el 4.4 por ciento fueron elecciones de mujeres de poblaciones negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras; el 0.4 por ciento corresponde a mujeres indígenas.

Mia: telemedicina y aborto farmacológico

Para facilitar el acceso a servicios oportunos de aborto, Profamilia, desde 2021, puso en marcha Mía, un programa de telemedicina que permite la realización de un aborto con medicamentos hasta la semana 12 de gestación, desde la privacidad de la casa del paciente.

De esta manera, Profamilia acompaña a mujeres y personas gestantes que enfrentan embarazos no deseados a través de la prestación de servicios de aborto farmacológico (con medicamentos) en contextos vulnerables y zonas de difícil acceso del país como Leticia, en el Amazonas; Bahía Solano, en el Chocó; San Vicente del Caguán en Caquetá; y Dibulla, en La Guajira.

La entidad desarrolla además el Programa para la Prevención y Atención del Embarazo No Deseado (PAEND) que, entre muchas acciones, procura que las mujeres que accedan a un aborto reciban información y asesoría que les permita elegir un método anticonceptivo y así evitar embarazos no deseados.

A la fecha, el 100 por ciento de las pacientes han elegido uno: el más popular, con el 27 por ciento de preferencia, es el implante subdérmico; en segundo lugar, la inyección anticonceptiva mensual con un 18,8 por ciento; en tercer lugar, el DIU (Dispositivo Intrauterino) con un 15,8 por ciento.