Todos los habitantes de la triple frontera saben de Santa Rosa, una isla ubicada a menos de diez minutos de viaje desde Leticia, la capital del departamento del Amazonas de Colombia, que en su parte terrestre colinda con el departamento de Loreto, perteneciente a Perú, y desde la que se aprecia la ciudad de Tabatinga, en Brasil.

Ese territorio, de alrededor de un kilómetro cuadrado, se formó hace menos de seis décadas, cuando el cauce del río fue acumulando sedimentos en esa parte de la zona limítrofe, en medio de un proceso natural por el que las aguas más profundas y caudalosas se han alejado de la zona continental colombiana, llevando a su paso la tierra que forjó esa ínsula.

El territorio no ha sido adjudicado dentro del derecho internacional, pero es administrado por autoridades del Perú. Dominarlo significa ampliar el acceso al río Amazonas.

Los pobladores de los municipios fronterizos, esos que estaban habituados a pasar de un país a otro sin sellar pasaporte, ni planear un extenso viaje, migraron hasta allí para construir sus viviendas o comercializar los víveres. No está claro en qué año se consolidó, mucho menos quién fue su primer habitante. Lo cierto es que la mayoría de quienes allí se instalaron eran peruanos y ese Estado comenzó a hacer presencia en el territorio.

Pero la discusión va más allá de a dónde pertenecen los ciudadanos que allí viven. La relación binacional está marcada por el Tratado Salomón Lozano, firmado en 1922, un acuerdo internacional que se suscribió para delimitar la frontera cuando Santa Rosa aún no existía; además de la guerra colombo-peruana, un conflicto que enfrentó a los países durante ocho meses por las discordias territoriales en la zona.

La vía armada no funcionó y, al final, las partes decidieron aplicar el tratado que se había escrito una década antes.

Casi un siglo después, los gobiernos de Bogotá y Lima están en medio de conversaciones diplomáticas para evitar una escalada de tensiones en la frontera, después de que los presidentes Gustavo Petro y Dina Boluarte se enfrentaran en micrófonos por la soberanía de ese territorio.

En el papel Santa Rosa no pertenece a ningún Estado, pero en la práctica el Perú ejerce dominio sobre ese territorio. Este asunto tiene a las casas presidenciales al borde de una renegociación del viejo tratado, una demanda ante la Corte Internacional de Justicia o, peor aún, frente al riesgo de que se use la fuerza en la zona.

Mientras dos presidentes, ad portas de una campaña electoral, se enfrentan, los ilegales hacen presencia en los territorios fronterizos. Los Comandos de Frontera controlan un eje del narcotráfico en la región, vendiendo ilícitos al Comando Vermelho, la mayor organización delincuencial de Brasil, y también tienen negocios con las bandas brasileñas Primer Comando Capital y Familia del Norte.

Los campamentos de esa guerrilla están ubicados en Putumayo y sus negocios están centrados en la pasta base de coca que se envía a otras zonas, como el Perú, donde ese material es procesado. Ese grupo armado también comercializa oro.

Las disidencias de las Farc de Iván Mordisco hacen presencia en el Amazonas a través del Bloque Manuel Marulanda Vélez que allí tiene dos estructuras: la Carolina Ramírez y la Jhonier Arenas, con influencia en el río Caquetá y también dedicada a transportar ilícitos a Brasil desde donde salen de la región por el océano Atlántico. Ese grupo es señalado de reclutar menores de edad.

Ese entramado de ilegales también está conformado por las disidencias que comanda alias Calarcá, que han intentado entrar a la región, lo que ha llevado a confrontaciones con las disidencias de Iván Mordisco por el control territorial.

El control de la triple frontera depende de los tres Estados. En lo que va de 2025, la Armada colombiana ha inmovilizado cuatro embarcaciones: una que transportaba pasta base de coca y tres más con mercancía de contrabando. En la cuenca del Amazonas se han identificado embarcaciones que atraviesan ese cauce para transportar marihuana y cocaína, con seis casos de incautaciones.